La denuncia

CAYUCO

Por Enrique Muñoz González

“Cuando los programas sociales se convierten en instrumentos de control político, los apoyos dejan de ser derechos y comienzan a utilizarse como armas electorales”.

SERVIDORES DE LA NACIÓN: SOLDADOS ELECTORALES DE MORENA?

                    El gobierno paga los sueldos, los ciudadanos reciben los apoyos y Morena podría quedarse con los votos. Una maquinaria territorial que amenaza la equidad de las elecciones de 2027.

La democracia mexicana enfrenta una de sus contradicciones más peligrosas: mientras el gobierno presume que los programas sociales son derechos constitucionales, crecen los cuestionamientos sobre el posible uso de quienes los distribuyen como operadores políticos del partido en el poder.

No estamos hablando de una estructura pequeña ni improvisada. Se trata de miles de personas que recorren colonias, comunidades y rancherías, conocen los domicilios de los beneficiarios, mantienen contacto directo con las familias y representan la cara visible del gobierno federal.

Son los llamados Servidores de la Nación, una estructura creada para atender necesidades sociales, pero cuyo despliegue territorial también puede convertirse en una poderosa herramienta de promoción electoral.

Y aquí surge la pregunta que las autoridades deberían responder sin rodeos: ¿Trabajan para los ciudadanos que pagan sus salarios o para Morena, que pretende conservar el poder en 2027?

La diferencia no es menor. Es la frontera entre una democracia y un sistema de clientelismo político financiado con recursos públicos.

EL DINERO ES PÚBLICO, LOS
VOTOS NO TIENEN DUEÑO

El artículo 134 de la Constitución establece que los servidores públicos deben aplicar los recursos bajo principios de imparcialidad, sin influir en la equidad de las contiendas electorales.
Por su parte, el artículo 41 constitucional protege la autenticidad de las elecciones.

En términos sencillos: ningún funcionario puede utilizar su cargo, los programas sociales o los recursos gubernamentales para favorecer a un partido o candidato.

Si un Servidor de la Nación aprovecha sus visitas domiciliarias para promover a Morena, presionar beneficiarios, solicitar compromisos electorales o insinuar que los apoyos desaparecerán si gana la oposición.

Estaría  incurriendo en conductas que pueden constituir infracciones electorales e incluso delitos, dependiendo de los hechos acreditados.

El problema no es entregar una pensión. El problema comienza cuando alguien pretende cobrarla políticamente.

Los adultos mayores no le deben su voto a Morena. Las personas con discapacidad tampoco. Mucho menos los jóvenes que reciben becas o las familias beneficiarias de programas gubernamentales.

Esos recursos salen del presupuesto público, no de los bolsillos de los dirigentes partidistas.

EL INE Y LA PELIGROSA PUERTA ABIERTA

Un documento analizado por CAYUCO, el cual llegó a mi correo, señala una decisión particularmente preocupante rumbo a 2027.

Según esa información, en septiembre de 2026 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó, por seis votos contra cinco, eliminar un mecanismo de verificación automática que permitía detectar posibles vínculos de aspirantes a determinadas funciones electorales con estructuras gubernamentales de programas sociales.

El material sostiene que se sustituyó ese filtro por declaraciones bajo protesta de decir verdad.

La identificación precisa del acuerdo, sus alcances y su situación jurídica deben verificarse documentalmente. Pero, de confirmarse en esos términos, la decisión merecería una explicación pública contundente.

Porque una cosa es confiar en la buena fe de los ciudadanos y otra muy distinta es renunciar a mecanismos de vigilancia en un país donde el uso electoral de los programas sociales ha sido motivo recurrente de denuncias.

¿De qué sirve cerrar la puerta al fraude si se deja abierta la ventana a la intervención gubernamental?

La nueva presidenta del INE, y los integrantes del Consejo General tienen la obligación de garantizar que ninguna estructura partidista o gubernamental capture las funciones electorales.

No basta con organizar elecciones. Hay que garantizar que los ciudadanos voten sin presiones, amenazas ni condicionamientos.

TABASCO: LA  MAQUINARIA TERRITORIAL

En Tabasco, el asunto adquiere una dimensión todavía más delicada.

De acuerdo con la información recibida por esta columna, existen más de mil operadores territoriales conocidos como Servidores del Pueblo, pertenecientes a la estructura estatal, que se suman a los Servidores de la Nación del gobierno federal.

El documento señala que los Servidores del Pueblo operan mediante 205 Centros Integradores y 166 Oficinas del Pueblo, distribuidos en los 17 municipios, y que han visitado más de 200 mil viviendas.

Son cifras que requieren corroboración oficial, pero permiten dimensionar la capacidad de penetración territorial de estas estructuras.

Una red que conoce dónde viven los beneficiarios, qué necesidades tienen, cuáles son sus demandas y qué apoyos reciben.

En manos de una administración verdaderamente institucional, semejante despliegue puede contribuir a combatir la pobreza.

Pero utilizado con propósitos electorales, podría transformarse en una maquinaria de influencia política difícil de igualar para cualquier partido opositor.

Y aquí aparece una responsabilidad directa para el gobernador Javier May Rodríguez.

¿Qué controles existen para impedir que los Servidores del Pueblo terminen realizando tareas partidistas durante sus recorridos?

¿Quién supervisa sus actividades? ¿Existen registros verificables de las visitas? ¿Se utilizan vehículos, oficinas, horarios laborales o recursos públicos para promover aspirantes de Morena?

No se trata de acusar indiscriminadamente a todos los trabajadores. Muchos cumplen honestamente sus responsabilidades.

Se trata de exigir que el gobierno demuestre que sus estructuras sociales no están siendo utilizadas para fabricar ventajas electorales.

Porque el presupuesto estatal no puede convertirse en la caja chica de una campaña política.

LA ELECCIÓN DE 2027
YA ESTÁ EN JUEGO

Morena llegará a 2027 con una ventaja política que ninguna oposición puede ignorar: su enorme presencia territorial y la identificación ciudadana de sus gobiernos con los programas sociales.

Eso, por sí mismo, no constituye una ilegalidad.

Lo ilegal sería utilizar a los funcionarios encargados de esos programas para inducir el voto, condicionar beneficios o promover candidaturas durante el ejercicio de sus funciones.

Y precisamente por eso el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, encabezado por Elizabeth Nava Gutiérrez, no puede esperar hasta que aparezcan denuncias después de la jornada electoral.

Debe establecer mecanismos de vigilancia, atender quejas, investigar evidencias y sancionar las conductas que efectivamente vulneren la ley.

Lo mismo corresponde al INE, a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales y a las autoridades de control administrativo.

No basta con discursos sobre elecciones limpias mientras las estructuras gubernamentales recorren diariamente las comunidades sin mecanismos suficientes de fiscalización.

La competencia electoral no puede reducirse a una lucha entre partidos opositores sin recursos y un partido gobernante que eventualmente pudiera aprovechar la nómina pública y los programas sociales.

Eso no sería una contienda en igualdad de condiciones. Sería una elección con la cancha inclinada desde antes de comenzar.

EL VERDADERO RIESGO PARA MORENA

Morena debería entender algo elemental: los programas sociales pueden darle reconocimiento político, pero no le otorgan propiedad sobre la conciencia de los mexicanos.

Los ciudadanos pueden agradecer una política pública y, al mismo tiempo, votar contra el gobierno que la administra.

Esa es precisamente la esencia de la democracia.

Por eso resulta tan grave cualquier intento de convertir a los beneficiarios en una clientela electoral obligada a corresponder con su voto.

En Tabasco, donde el desempleo, la inseguridad, las deficiencias hospitalarias y la falta de oportunidades continúan golpeando a miles de familias, el gobierno de Tabasco debería preocuparse más por ofrecer resultados que por la eventual rentabilidad electoral de su estructura territorial.

La verdadera transformación no consiste en tener un funcionario tocando cada puerta. Consiste en que detrás de esa puerta exista una familia con empleo, seguridad, servicios médicos y oportunidades para vivir dignamente.

LA PIRAGUA

Que nadie se confunda.

Los programas sociales son derechos de los mexicanos, no concesiones personales de Morena, de Claudia Sheinbaum ni de Javier May.



Ningún Servidor de la Nación ni Servidor del Pueblo tiene autoridad para exigir lealtad política a cambio de un apoyo público. Y, si alguno lo hace, debe ser denunciado, investigado y sancionado conforme a la ley.

Porque cuando un funcionario cobra del erario para servir al pueblo, pero utiliza su puesto para promover a un partido, deja de comportarse como servidor público y comienza a actuar como operador electoral.

Y entonces la pregunta ya no es solamente quién ganará las elecciones de 2027.
La pregunta es si México permitirá que el dinero de todos se utilice para conservar el poder de unos cuantos.

Porque comprar conciencias con recursos públicos no es bienestar.
Es clientelismo electoral disfrazado de transformación.

Denuncias y sugerencias
cayuco1957@gmail.com