Armagedón
“Sabed que vuestro pecado os alcanzará”
Números 32:23
Montaño y las puertas giratorias del poder electoral
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral no solamente ha provocado una crisis de conducción dentro del organismo encargado de garantizar la legalidad de las elecciones mexicanas. También ha abierto una discusión mucho más profunda sobre la independencia de sus funcionarios, las relaciones políticas que acompañaron determinados nombramientos y la concentración de facultades administrativas en una institución cuya principal obligación constitucional consiste precisamente en mantenerse al margen de los intereses partidistas
En medio de este escenario aparece un personaje conocido en la vida política de Tabasco: Jorge Montaño Ventura, actual consejero del INE, expresidente del Tribunal Electoral de Tabasco y exfiscal especializado en delitos electorales de la entidad. Su trayectoria adquiere relevancia porque diversas investigaciones periodísticas lo identifican como una figura cercana al grupo político construido por Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y senador de Morena
No se trata exclusivamente de una relación política que pueda establecerse a partir de coincidencias personales. El asunto exige revisar decisiones institucionales, antecedentes administrativos y nombramientos realizados en áreas donde se fiscalizan los recursos de los partidos políticos. La gravedad potencial radica en algo fundamental: cuando las relaciones personales o políticas adquieren una influencia determinante sobre los nombramientos de las autoridades encargadas de vigilar las elecciones, surge un problema de independencia institucional que no puede resolverse solamente invocando la autonomía constitucional
La autonomía debe demostrarse en el ejercicio cotidiano del cargo. Y esa es precisamente la discusión que hoy alcanza al Instituto Nacional Electoral. Guadalupe Taddei formalizó su renuncia después de una serie de graves señalamientos sobre irregularidades en contrataciones y conflictos de interés. Un día después, el Consejo General designó por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional
Ayer la nueva titular informó que se revisarían los nombramientos y la estructura administrativa, además de confirmar las renuncias de 12 personas de confianza adscritas a la anterior presidencia, adicionales a tres dimisiones previas. La revisión anunciada no constituye una declaración anticipada de culpabilidad contra quienes fueron nombrados durante la administración anterior. Sin embargo, evidencia que los cuestionamientos alcanzaron una dimensión suficiente para provocar cambios administrativos y compromisos de fiscalización institucional
Para comprender la controversia que rodea al consejero tabasqueño resulta indispensable regresar a 2010 y 2011, cuando Montaño formaba parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En aquellos años, el organismo electoral decidió adquirir un inmueble que funcionaría como sede institucional. El propósito parecía legítimo: disponer de instalaciones propias y evitar la dependencia permanente de edificios arrendados
El problema surgió con la selección, las condiciones físicas y el precio del inmueble. Según la investigación periodística proporcionada, en abril de 2011 el instituto adquirió un edificio ubicado en el periférico Carlos Pellicer, por 32 millones 600 mil pesos, la Contraloría del organismo señaló un presunto sobreprecio de cuando menos 8 millones 308 mil pesos. A esa observación financiera se agregó una circunstancia particularmente preocupante: las condiciones estructurales del inmueble
Los dictámenes referidos en la investigación describieron deficiencias constructivas, problemas de cimentación y riesgos para utilizarlo como edificio público. Uno de los informes técnicos advertía que aproximadamente el 80 por ciento de la cimentación resultaba inadecuada para las características del terreno. La consecuencia fue que el instituto había destinado una cantidad considerable de recursos públicos a un inmueble que no reunía las condiciones necesarias para el propósito que motivó su adquisición
Existe además un elemento que otorga al expediente una dimensión política particular. La compraventa fue formalizada mediante la Notaría Pública número 27, cuyo titular era Adán Augusto López Hernández. La participación de esa notaría aparece documentada en la investigación. La relevancia política de ese antecedente consiste en la conexión institucional que permite examinar, no en una culpabilidad que pueda atribuirse automáticamente al notario. La misma investigación identifica a Carlos Enrique Íñiguez Rosique, conocido como Caliche, quien entonces ocupaba la dirección administrativa del organismo electoral
Montaño enfrentó un proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Hasta este punto, los antecedentes resultan relevantes para examinar el funcionamiento de los controles institucionales. Pero la historia judicial no concluyó con una condena. El procedimiento penal terminó mediante un sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria. Este punto es determinante. En noviembre de 2017, la STEPJF resolvió que Montaño tenía derecho a reincorporarse como magistrado electoral de Tabasco y a recibir las remuneraciones correspondientes al periodo de separación
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación publicada por Proceso es la presencia de personas con antecedentes laborales en Tabasco dentro de distintas áreas del Instituto Nacional Electoral. El reportaje señala que durante la administración de Guadalupe Taddei se incorporaron o promovieron funcionarios que anteriormente habían ocupado cargos en instituciones electorales, legislativas y gubernamentales de aquella entidad
Entre los casos mencionados aparece Anahí Silva Tosca, quien trabajó en el área jurídica del gobierno encabezado por Adán Augusto López Hernández. También se identifica a otros servidores públicos que desarrollaron parte de sus carreras en el Tribunal Electoral, el instituto electoral o la administración pública tabasqueña. La investigación sostiene que Jorge Montaño tuvo influencia en algunas de esas incorporaciones. Desde la perspectiva política, el fenómeno merece un análisis particularmente cuidadoso
Que numerosos funcionarios procedan de una misma entidad no demuestra automáticamente la existencia de una estructura de control partidista. El origen geográfico no constituye una irregularidad. Tampoco lo es haber trabajado previamente para una administración encabezada por determinado partido. Lo que sí requiere examen es el procedimiento mediante el cual fueron seleccionados, sus capacidades profesionales, la existencia de eventuales conflictos de interés y las decisiones que posteriormente adoptaron
SEPTIMO SELLO
En abril de 2026, Guadalupe Taddei designó a Mario Alberto Alejo García como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Alejo había trabajado previamente en el Congreso de Tabasco y formaba parte del entorno profesional de Jorge Montaño. Su nombramiento fue impugnado por tres integrantes del Consejo General del INE: Martín Faz Mora, Carla Humphrey Jordan y Arturo Castillo Loza. El cuestionamiento principal se relacionaba con el cumplimiento del requisito de experiencia directiva en materia de fiscalización
SEPTIMA TROMPETA
La concentración de facultades para realizar nombramientos estratégicos plantea un problema de controles internos cuando reduce la participación del órgano colegiado. El voto particular del magistrado Reyes Rodríguez expresó justamente esa preocupación constitucional. La resolución mayoritaria validó el nombramiento de Alejo, por lo que no corresponde presentarlo como ilegal. Pero el desacuerdo judicial demuestra que existieron interpretaciones divergentes sobre la suficiencia de los requisitos profesionales y las facultades de la presidencia. Ese debate resulta especialmente significativo ahora que la institución anunció una revisión de su estructura administrativa
¿Quién revisa las decisiones de la unidad? ¿Cómo se documentan las instrucciones institucionales? ¿Qué facultades corresponden a la presidencia de la comisión y cuáles a la titularidad de la unidad? ¿Qué mecanismos garantizan que los expedientes relacionados con todos los partidos reciban el mismo tratamiento? ¿Cómo se previenen posibles conflictos cuando existen relaciones profesionales anteriores entre los responsables de esas instancias? Responder estas preguntas resulta indispensable para evaluar la fortaleza de los controles institucionales
SEPTIMA COPA
La investigación también presenta información sobre las remuneraciones de determinados asesores vinculados con la oficina de Jorge Montaño Ventura. Según los datos de remuneraciones citados en el documento, Nadia Angélica Brindis Sánchez percibe 116 mil 418 pesos netos mensuales; Daniel Alberto Guzmán Montiel, 116 mil 189 pesos, y Jorge Arturo Palacio Hernández, 108 mil 989 pesos. El reportaje de Proceso los identifica entre los asesores de consejerías electorales mejor remunerados
Estas cifras, provenientes de la investigación proporcionada, merecen contrastarse con los registros oficiales actualizados y las responsabilidades específicas de cada plaza. El monto de una remuneración autorizada no constituye por sí mismo una irregularidad. Pero la administración pública tiene la obligación de demostrar que las funciones asignadas, los perfiles profesionales y las responsabilidades ejercidas justifican el gasto
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