La denuncia

*Armagedón*

*“¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?”*

*Isaías 49:15* *

Compromisos con testigos: la política de la búsqueda

**Alfredo A. Calderón Cámara**

alfredocalderon1960@gmail.com

La desaparición de una persona coloca al Estado frente a una de sus responsabilidades más delicadas. No se trata solamente de perseguir un delito ni de llenar expedientes, emitir fichas o acumular oficios. Para una familia que desconoce dónde está un hijo, una hija, un padre, una madre o un hermano, el tiempo adquiere otra dimensión: cada día sin respuestas prolonga una incertidumbre que ninguna estadística alcanza a describir**Por eso tiene relevancia política y social la declaración pronunciada por el gobernador Javier May en la Kermés “Por el Amor y la Esperanza” que: “no se va a archivar ninguna carpeta”, asegurando que continuará el acompañamiento gubernamental hasta localizar a quienes siguen desaparecidos. La propia Fiscalía confirmó tanto la declaración como la participación de los colectivos “Voces que no callan hasta encontrarlos” y “Jireh, hasta encontrarles”**La frase es relevante y debe analizarse más allá del acto público: Una promesa que eleva la responsabilidad institucional. Decir que ninguna carpeta será archivada significa, políticamente, intentar cerrar una de las brechas históricas entre las familias buscadoras y las instituciones: la sensación de que, después de cierto tiempo, algunos expedientes dejan de moverse y la búsqueda termina dependiendo principalmente de las propias familias**El compromiso de Javier May coloca públicamente una obligación sobre las autoridades: que el transcurso del tiempo no convierta la desaparición en burocracia. Y aquí aparece la primera diferencia fundamental. Una carpeta abierta no necesariamente significa una investigación activa. Un expediente puede existir jurídicamente y, sin embargo, registrar escasos actos de investigación durante largos periodos**Puede tener número, fiscal responsable y documentos acumulados, pero carecer de nuevas entrevistas, cruces telefónicos, análisis financieros, búsquedas territoriales, confrontas genéticas o líneas criminales actualizadas. Por ello, el verdadero significado de la declaración gubernamental dependerá de que “no archivar” se traduzca en algo más profundo: no abandonar. No abandonar significa revisar periódicamente cada investigación. Actualizar hipótesis. Cruzar bases de datos**El alcance jurídico de la frase: es mantener comunicación permanente con las familias. Porque el problema de las desapariciones no se resuelve conservando físicamente una carpeta en un archivero. Se resuelve manteniendo viva la investigación. Existe además una precisión jurídica importante, la figura del archivo temporal para determinadas investigaciones en las que no existan elementos suficientes para desarrollar nuevas líneas de investigación. Ese archivo puede mantenerse hasta que aparezcan datos que permitan continuar**Cuando Javier May declara públicamente que ninguna carpeta será archivada, la expresión debe entenderse principalmente como un compromiso político de continuidad institucional y no como una modificación de las facultades legales del Ministerio Público. Esto es especialmente importante porque la FGE de Tabasco no forma parte jerárquicamente del Poder Ejecutivo. La Fiscalía es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios**Buscar e investigar no son exactamente lo mismo: Existe otra distinción que muchas veces se pierde en el discurso público. Una cosa es buscar a una persona. Otra es investigar qué ocurrió con ella. Ambas responsabilidades están relacionadas, pero institucionalmente no son idénticas. La legislación de Tabasco reformada en septiembre de 2025 ordena que, ante una noticia, reporte o denuncia de desaparición, las autoridades generen sin dilación una ficha**La Fiscalía, por su parte, tiene que investigar. La Comisión busca. La Fiscalía investiga. Y ambas deben comunicarse. Parece elemental, pero en la práctica constituye uno de los mayores desafíos institucionales. Porque encontrar a una persona no necesariamente esclarece el delito, y obtener una sentencia tampoco necesariamente conduce a encontrar a la víctima. Cuando existen indicios criminales, la búsqueda y la investigación deben avanzar paralelamente**El propio informe 2025 de la Fiscalía permite dimensionar el fenómeno. La institución reportó 532 personas desaparecidas durante el periodo informado y señaló haber localizado a 321. En particular, informó 208 reportes relacionados con niñas, niños y adolescentes, de los cuales fueron localizados 146; 95 correspondientes a mujeres adultas, con 69 localizaciones; y 229 hombres adultos, de los cuales fueron encontrados 106. Los datos tienen una doble lectura**La primera es positiva desde el punto de vista institucional: muchas personas reportadas como desaparecidas terminan siendo localizadas. Pero existe otra lectura inevitable: detrás de la diferencia permanecen personas cuyo paradero no había sido esclarecido dentro del periodo reportado. Y esas son precisamente las historias donde el tiempo se vuelve políticamente incómodo. Porque localizar rápidamente una persona requiere capacidad operativa**Pero encontrar a alguien desaparecido desde hace meses o años exige otra clase de instituciones: policías de investigación especializados, peritos, genética, antropología forense, análisis criminal, inteligencia tecnológica y fiscales capaces de reconstruir hechos antiguos. Ahí es donde deberá probarse la profundidad del compromiso anunciado. El riesgo de convertir la búsqueda en un procedimiento administrativo. Existe un problema silencioso en prácticamente cualquier política pública: los indicadores pueden comenzar a medir actividad en lugar de resultados**La importancia política de sentarse frente a las familias es un elemento del evento que no debería minimizarse. La presencia institucional de May Rodríguez frente a los colectivos tiene valor político. Durante muchos años, una de las principales demandas de las familias buscadoras en México ha sido simplemente ser escuchadas. No solamente recibir un oficio, sino tener interlocución con quienes poseen capacidad de decisión**Cuando un gobernador y un fiscal se colocan frente a madres y familiares y asumen públicamente compromisos, ocurre algo importante: esos compromisos adquieren testigos. La declaración deja de ser una instrucción interna y se convierte en una palabra pública. Y las palabras públicas pueden ser posteriormente contrastadas con resultados. A partir de ahora, por tanto, la pregunta para el Gobierno del Pueblo y para la Fiscalía será relativamente sencilla**¿Qué ocurrió con esas carpetas? No dentro de una semana. Dentro de seis meses. Dentro de un año. ¿Cuántas investigaciones antiguas fueron reactivadas? ¿Cuántas nuevas diligencias se realizaron? ¿Cuántas personas fueron localizadas? ¿Cuántos responsables fueron identificados cuando hubo delito? ¿Cuántos cuerpos pudieron recuperar un nombre? Ahí estará la dimensión medible del compromiso**Pero frente a desapariciones relacionadas con estructuras criminales, trata, secuestro, homicidio u otras conductas delictivas, colocar fotografías en pantallas será apenas una herramienta periférica. El Estado posee recursos que una familia no posee. Ese es precisamente el sentido del Estado: que una madre no tenga que convertirse en investigadora, perito, antropóloga y policía para encontrar a su hijo. Tabasco mira de frente una nueva etapa: compromisos con testigos: la política de la búsqueda**SEPTIMO SELLO**Las denuncias en torno al Banco de Sangre del Hospital Juan Graham Casasús, particularmente en el turno mixto, en contra del técnico Fabián López Julián no puede reducirse a un conflicto entre trabajadores ni a simples diferencias de carácter. Si existen negativas injustificadas para proporcionar componentes sanguíneos a pacientes graves, maltrato al personal médico y trato preferencial condicionado por dádivas, estaríamos frente a hechos que ameritan una investigación administrativa y sanitaria inmediata**En medicina transfusional no hay espacio para caprichos personales. Una unidad de sangre, plasma o concentrado plaquetario puede significar la diferencia entre estabilizar a un paciente o agravar una emergencia. Por eso, cualquier decisión sobre su suministro debe obedecer exclusivamente a criterios médicos, disponibilidad, compatibilidad y protocolos institucionales. Utilizar esa capacidad como instrumento de presión, represalia o favoritismo sería éticamente inadmisible y potencialmente peligroso**SEPTIMA TROMPETA**También resulta especialmente delicada la denuncia sobre presuntas entregas de dinero, alimentos u otros beneficios a cambio de atención preferencial. Ese señalamiento está siendo documentado. La relación entre beneficios personales y acceso diferenciado a servicios hospitalarios, ya no es una indisciplina laboral, sino de una distorsión profunda del servicio público de salud. La responsabilidad, además, no termina necesariamente en quien ejecuta la conducta. Por ello, aparece una pregunta incómoda: ¿Falla un trabajador o falla toda la cadena de supervisión?**Por eso el director del hospital y las autoridades competentes deberían revisar bitácoras de entrega de hemo componentes, solicitudes rechazadas, horarios, expedientes clínicos, testimonios del personal y cualquier posible intercambio irregular. No para condenar anticipadamente a nadie, sino para establecer responsabilidades con evidencia**SEPTIMA COPA**Porque en un banco de sangre el problema no es quién tiene amigos, quién protege a quién o quién domina determinado turno. El problema verdadero comienza cuando una disputa laboral, una negligencia o un posible favoritismo alcanza al paciente. Y cuando la sangre se administra en medio de arbitrariedades, lo que está en riesgo no es la reputación de un funcionario: es una vida humana ¿Entenderá esto el Dr. Hugo Zurita Martínez?*