La denuncia

Armagedón

“El que camina en integridad anda confiado; más el que pervierte sus caminos será quebrantado”
Proverbios 10:9

Empina Casasús a Zavala, quedan grietas y heridas
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
El problema de Jorge Alberto Zavala Frías ya no cabía dentro de su teléfono celular. Lo que comenzó con la publicación y complicidad de un video promoviendo la candidatura de Daniel Casasús Ruz, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Centro, terminó convirtiéndose en una bola de nieve en caída libre dentro del órgano encargado de arbitrar la próxima elección de Tabasco

Su renuncia es consecuencia natural. Zavala Frías ya no tendrá que sentarse frente a siete consejeros electorales para escuchar si conserva o pierde la Secretaría Ejecutiva del IEPCT. Renunció y avergonzado -con la cola entre las patas- salió por la puerta trasera. Y esa decisión cambia el procedimiento. Pero no elimina el problema. Al contrario: la salida del secretario Ejecutivo cierra la disputa sobre su permanencia

Abre, sí, una discusión mucho más incómoda sobre la fragilidad institucional que quedó expuesta dentro del organismo encargado de organizar las elecciones de Tabasco en 2027. Porque lo ocurrido durante los últimos días no fue únicamente la historia de un funcionario que colocó en su estado de WhatsApp un video dando alocadamente promoción a Daniel Casasús, aspirante de Morena a la alcaldía de Centro

Terminó siendo la historia de una Presidencia que inicialmente dio prácticamente por terminada la controversia, cuatro consejeros que públicamente se deslindaron de esa posición, partidos que exigieron responsabilidades, una denuncia formal, una solicitud de remoción y, finalmente, la renuncia del segundo funcionario más importante de la estructura electoral tabasqueña. Todo esto a escasas dos semanas del arranque formal del proceso electoral local

La legislación de Tabasco establece que el proceso electoral ordinario 2026-2027 debe comenzar durante la primera semana de octubre. Es decir: el árbitro electoral llega a la elección cambiando de secretario Ejecutivo después de una crisis precisamente relacionada con la percepción de parcialidad del árbitro. Difícil imaginar peor momento. Cual párvulo Jorge Zavala compartió y promovió desde su estado personal de WhatsApp un video relacionado con recorridos realizados por Daniel Casasús

Lo primero debe decirse con absoluta claridad. Con su renuncia Jorge Alberto Zavala Frías reconoce y acredita que actuó deliberadamente y en una forma tonta; desde su coto de poder, para favorecer las aspiraciones de Daniel Casasús Ruz -casi, casi, quiso hacer su mañanera del IEPCT-. Cuando se dio cuenta que su pañal hedía súper feo, retiró el video, cambió de pañal, puso una triste carita diarreica y se dijo arrepentido

Negar que desde su posición de poder, automáticamente la publicación de ese video se convierte en propaganda electoral ilegal, es una bobada. Con su acción indujo a pensar y demostró la injerencia o existencia de algún acuerdo, vínculo político inconfesable o coordinación con Daniel Casasús Ruz. Cierto, no existe, hasta ahora, evidencia pública que permita afirmar semejantes cosas. Pero el daño al IEPCT está echo irremediablemente

La renuncia de Zavala Frías comunica que, -en materia electoral-, la discusión institucional no se agota preguntando qué quiso hacer el funcionario. En un estado tan politizado importa y mucho lo que indebidamente produjo su conducta. Porque un funcionario electoral cuando comete un error -aunque diga que fue sin intención partidista-, la realidad dicta que provocó una severa crisis de confianza. La intención y el efecto institucional son problemas diferentes. Ese fue precisamente el terreno sobre el cual terminaron moviéndose cuatro consejeros

Monserrat Martínez Beaurregard, Ruth Lizette Toledo Peral, Ángela Guadalupe Araujo Segura y Hernán González Sala no se limitaron a publicar un comunicado de desaprobación. Su argumento fue institucional. Consideraron que el episodio afectaba la percepción sobre principios fundamentales como imparcialidad, independencia, objetividad y certeza y sostuvieron que la explicación ofrecida por Zavala no sustituía la facultad del Consejo Estatal para evaluar su permanencia. Eso fue políticamente demoledor

Porque hasta entonces podía sostenerse que la exigencia de salida provenía de adversarios partidistas. PAN, PRI, PRD, organizaciones opositoras y posteriormente Movimiento Ciudadano tenían intereses políticos evidentes para cuestionar al Instituto. Pero cuando cuatro de los siete integrantes con voto del propio Consejo Estatal concluyen que el asunto merece llevarse al pleno para discutir la continuidad del secretario Ejecutivo, la controversia deja de ser únicamente oposición contra autoridad

La renuncia -era un mal necesario-, evitó una votación cuyo resultado podía haber sido políticamente devastadora. Aquí aparece una consecuencia particularmente importante. Si Zavala hubiera comparecido institucionalmente y cinco consejeros hubieran votado su remoción, su salida habría quedado inscrita como una decisión formal del máximo órgano electoral. Con fundamentos. Motivación. Votos. Intervenciones. Posiblemente votos particulares. Y eventualmente una impugnación ante los tribunales electorales

La renuncia altera todo ese escenario. Ya no habrá necesidad de que cinco consejeros determinen si perdió las condiciones institucionales para permanecer. Tampoco tendrán que construir un acuerdo de remoción susceptible de revisión jurisdiccional. Políticamente, Zavala abandona el cargo antes de que el órgano colegiado escriba formalmente la conclusión. Eso protege parcialmente su posición jurídica. Porque una renuncia no equivale a una resolución declarando que violó principios electorales

Y aquí comienza quizá la parte institucionalmente más delicada. La presidenta del IEPCT, Elizabeth Nava Gutiérrez, había sostenido días antes que la permanencia de Zavala no estaba a discusión. El 11 de septiembre dijo públicamente que la posición de que Zavala era prácticamente “inamovible”. Cuatro días después, cuatro consejeros tuvieron que dejar asentado expresamente que aquellas manifestaciones correspondían a una postura personal de la Presidencia, porque el Consejo Estatal no había sido convocado para analizar, deliberar ni resolver institucionalmente el caso

“Ahí torció el rabo la tunca” y eso mereció mayor atención. Porque el problema ya no consistió en determinar solamente si Elizabeth Nava respaldó demasiado rápido a Zavala. La cuestión institucional es más profunda. Una presidencia de un órgano colegiado no puede sustituir la deliberación del órgano colegiado. El IEPCT no es su rancho u oficina unipersonal. Su máxima autoridad es el Consejo Estatal. La propia legislación establece que éste es el órgano superior de dirección

La Presidencia tiene atribuciones relevantes: convoca y conduce sesiones, vigila el cumplimiento de acuerdos y propone determinados nombramientos. Pero no posee los siete votos. No puede convertir anticipadamente una valoración individual en resolución del Consejo. Cuando cuatro consejeros tuvieron que recordar públicamente esa diferencia, revelaron que detrás del caso Zavala existía también una fractura en la conducción interna del Instituto

Y ésa probablemente sea una de las consecuencias más importantes del episodio. Zavala se fue; pero es inocultable que la división de los siete consejeros permanece. Lo peor, todavía no cae el telón; quien “paga los platos rotos” es Zavala; pero, el “chivo expiatorio” va con cargo a Pie Grande. En pocas palabras: empinó Casasús a Zavala, quedando grietas y heridas

SEPTIMO SELLO
Dimensionemos: la renuncia no borra automáticamente las quejas, esta será la siguiente prueba para el IEPCT. Movimiento Ciudadano presentó el 15 de septiembre una queja formal contra Zavala relacionada con la publicación del video y solicitó que se investigara y se determinaran las consecuencias correspondientes. Zavala ya no ocupa el cargo, pero eso no significa que cualquier procedimiento automáticamente desaparezca. La autoridad tendrá que determinar: si existen consecuencias distintas a la separación del cargo

Existe otra consecuencia paradójica. Daniel Casasús no necesitaba este bochornoso episodio. Ahora, políticamente su nombre quedó asociado a la primera gran crisis del árbitro electoral rumbo a la elección municipal de Centro. Y eso genera un problema inevitable. A partir de ahora, cualquier expediente electoral futuro relacionado con Casasús será observado bajo una lupa más gruesa: una denuncia, medidas cautelares, resoluciones sobre actos anticipados, asuntos de propaganda o quejas partidistas

SEPTIMA TROMPETA
El siguiente capítulo será el nombramiento de quien sustituya a Zavala. Y ahí el IEPCT no puede improvisar. La Constitución de Tabasco establece que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva es nombrada mediante el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo Estatal, a propuesta de la Presidencia. En un Consejo de siete integrantes eso significa, en términos prácticos, cinco votos

Con la renuncia de Zavala desaparece el conflicto inmediato sobre su permanencia. Pero quedan tres problemas. El primero es jurídico. El Instituto deberá determinar qué ocurre con las quejas ya presentadas y separar cuidadosamente la discusión sobre remoción de cualquier eventual procedimiento sancionador o administrativo. El segundo es institucional. Elizabeth Nava deberá reconstruir una mayoría suficiente para nombrar secretario Ejecutivo

SEPTIMA COPA
Será interesante observar si los cuatro consejeros que impulsaron la salida actúan ahora como un bloque en la negociación del sucesor. Revisemos: cuatro votos alcanzan para demostrar una mayoría política interna, pero no alcanzan para producir por sí solos una designación que requiere cinco. Ahí comienza otra partida. el tercer problema es electoral. El proceso local comienza en dos semanas, durante la primera semana de octubre

El Instituto necesita llegar a esa fecha no solamente con un nuevo secretario o encargado de despacho. Necesita llegar con algo bastante más difícil de nombrar: credibilidad. El verdadero desafío consiste en demostrar que, cuando llegue octubre y comience formalmente la elección de 2027, ningún partido, aspirante o grupo político tendrá el botón del Instituto en sus manos. Y esa garantía no se obtiene mediante comunicados