La denuncia

Cayuco
Enrique Muñoz González

“Cuando la justicia busca
a unos con lupa y a otros
no los encuentra ni con
telescopio,el problema
ya no es de ubicación: es
de credibilidad.”

¿DÓNDE ESTÁ EL ALMIRANTE OJEDA?

Hay noticias que provocan indignación; otras, franca risa. Y algunas, como esta, producen ambas cosas porque parecen redactadas para una comedia de enredos políticos.

La Fiscalía General de la República asegura que no pudo localizar a José Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, para notificarle un citatorio judicial vinculado al escandaloso expediente del huachicol fiscal.

¿De verdad? ¿La FGR no sabe dónde encontrar a quien durante seis años encabezó una de las fuerzas armadas y estratégicas más importantes del país?

No estamos hablando de un ciudadano común que cambió de domicilio y borró su rastro. Hablamos de un almirante en retiro. De un exsecretario de Estado que manejó información de seguridad nacional y se sentaba cada mañana en el Gabinete de Seguridad.

Resulta grotesco que hoy el Estado mexicano pretenda vender la idea de que nadie sabe dónde vive.
La explicación rozaría lo ridículo si detrás no estuviera una de las tramas de corrupción e infiltración criminal en las aduanas más graves del siglo XXI.

PREGÚNTENLE A LA MARINA

La pregunta elemental interpela a la inteligencia del público: ¿tan difícil era solicitar formalmente a la Secretaría de Marina el expediente de ubicación de su excomandante supremo?

Versiones periodísticas señalan que la FGR envió un oficio a la Marina y que la dependencia simplemente no respondió. Si esto se confirma, no estamos ante la simple torpeza de un actuario: estamos ante una simulación institucional.

Las instituciones del Estado mexicano deben explicar por qué un exsecretario requerido como testigo por una jueza federal no ha sido notificado.

¿Quién protege a quién? ¿La Marina a Ojeda? ¿La FGR a la Marina? ¿O ambas al modelo político que los encumbró? Resulta inaceptable que el aparato de inteligencia civil y militar pierda la pista de uno de sus hombres clave.

El almirante Ojeda no es prófugo ni existe orden de aprehensión en su contra. Precisamente por eso su inlocalización huele más a pacto de silencio que a extravío administrativo.

EL APELLIDO INCÓMODO

Aquí yace el fondo del asunto. El almirante no es requerido por un tema menor. Su sombra planea sobre la red de huachicol fiscal que salpicó a la Marina y donde sus sobrinos políticos, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, operaron presuntamente una trama de corrupción, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Cuando la delincuencia organizada y la corrupción tocan los salones del poder militar, la transparencia no puede ser optativa.

La exigencia no se agota en saber qué hicieron los sobrinos. El juicio político y penal exige determinar: ¿quién sabía?, ¿desde cuándo?, ¿quién promovió los nombramientos?, ¿quién ignoró las alertas del sector energético? Y, sobre todo, ¿hasta dónde llegaron las redes de protección oficial que permitieron el saqueo?

Ojeda Durán goza del derecho a la presunción de inocencia. Precisamente por eso debiera ser el más interesado en dar la cara. Que responda qué información cruzó por su escritorio y qué medidas tomó.
La dignidad del uniforme no se defiende con el escondite, sino con la rendición de cuentas.

LA JUSTICIA NO LLEVA CREDENCIAL DE MORENA

El dilema para el gobierno de Claudia Sheinbaum excede un citatorio no entregado: mina el discurso central de su proyecto. Se consolida la percepción de una justicia de dos velocidades: implacable y expedita contra opositores; ciega, sorda y torpe cuando roza a los intocables del régimen anterior.

Ahí reaparece el libreto del encubrimiento: el «no sabemos», el «que responda la fiscalía», el «no tenemos datos». Y ahora, el colmo del cinismo: «no sabemos dónde vive».

El discurso anticorrupción se desmorona cuando se topa con la realpolitik. Repetir que «ya no hay impunidad» no limpia expedientes. Los abrazos políticos no sustituyen peritajes y la lealtad partidista jamás debe mutar en fuero fáctico.

Si hay elementos contra funcionarios del PRI, PAN o MC, que se aplique la ley. Pero la vara no puede doblarse cuando se trata de Morena. De lo contrario, el lema «no somos iguales» quedará sepultado como una trágica ironía.

QUE HABLE OJEDA

El almirante Rafael Ojeda debe comparecer. No por un linchamiento anticipado, sino porque México exige saber qué ocurrió en las aduanas y en los puertos durante el sexenio pasado.

El huachicol fiscal creció a escalas industriales; pretender que ocurrió a espaldas de los altos mandos es un insulto a la lógica.
La investigación debe deslindar responsabilidades sin importar los galones ni la militancia.

Aunque toque almirantes, exsecretarios o gobernadores.
La presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de demostrar que su gobierno no administra impunidades heredadas.

Debe ordenar la colaboración irrestricta de la Marina y exigir que la FGR demuestre que para aplicar la ley no se consulta primero el padrón del partido en el poder.

Hay algo peor que no encontrar a un almirante: que la ciudadanía confirme que nadie tiene el valor político de buscarlo.
Cuando un gobierno obliga a la sociedad a pensar que la justicia perdió el domicilio de los poderosos, lo que en verdad ha perdido es la vergüenza.

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