La denuncia

Armagedón

“¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad, y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder!”
Miqueas 2:1

De la asignación al atropello: cadena de errores en Educación
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
Lo que está ocurriendo en el sistema de Telesecundaria de Tabasco, no puede reducirse a un simple conflicto administrativo por cambios de adscripción. El problema es mucho más serio. Porque detrás de los movimientos de plazas, oficios enviados de última hora y supuestas renuncias que algunos maestros estarían siendo presionados para firmar

Ahí aparece una pregunta que toca directamente la responsabilidad de doña Patricia Iparrea, la Secretaría de Educación de Tabasco: ¿Puede una autoridad corregir sus propios errores obligando a los trabajadores a renunciar a derechos o adscripciones que previamente la misma autoridad les reconoció? ¿Es válido abusar y atropellar los derechos de los que están abajo? La respuesta institucional debería ser elemental ¡No!

Pero en la administración pública lo elemental suele convertirse, con sorprendente facilidad, en materia de interpretación. Maestros de Telesecundaria que pidieron mantener sus nombres bajo reserva por temor a represalias denuncian que Juan Gabriel Gamas, jefe del Departamento de Telesecundaria, estaría ejerciendo presión para que docentes de base renuncien a las adscripciones que previamente les fueron asignadas ¡Así de fácil!

Debe establecerse desde el principio una frontera indispensable: se trata de señalamientos formulados por trabajadores que requieren respuestas claras y el funcionario mencionado tiene obligación de responder. No existe, con los elementos disponibles, razón para convertir una denuncia laboral en una sentencia pública anticipada ¿Necesita el gobernador Javier May otro escándalo más de maestros agredidos por la ineficiencia y el abuso de autoridad en la secretaría de Educación?

Exactamente por la misma razón tampoco puede pretenderse que, mientras no exista una resolución administrativa, los testimonios de los maestros carezcan de importancia. Porque lo denunciado describe un mecanismo particularmente preocupante. Los docentes aseguran que los espacios les fueron asignados. Acudieron a sus escuelas. Participaron en la fase intensiva, cumplieron con todo el protocolo

Todos y cada uno de los que tratan de mover abusivamente cumplieron actividades del inicio del ciclo escolar. Comenzaron materialmente a desempeñar sus funciones. Y después, cuando jurídicamente y administrativamente el proceso parecía consumado, apareció una nueva instrucción: presentarse nuevamente ante el Departamento de Telesecundaria para renunciar a sus adscripciones. No solicitar un cambio. No participar voluntariamente en otro proceso

No revisar administrativamente una inconsistencia. Simplemente ¡Renunciar! La palabra importa. Porque una renuncia supone que le quiten su trabajo y al menos formalmente, una expresión de voluntad. Y precisamente eso es lo que estaría en discusión. Si existe presión, amenaza, condicionamiento o advertencia para conseguir la firma de un trabajador, entonces habría que preguntarse cuánto queda realmente de aquella supuesta voluntad

Una renuncia obtenida bajo intimidación dejaría de parecer una decisión libre para comenzar a parecer el instrumento mediante el cual la administración pretende fabricar documentalmente el consentimiento que necesita Y eso ya sería mucho más grave ¿Atropellar la adscripción de los maestros es el mejor trabajo que Juan Gabriel Gamas Vidal hace para Patricia Iparrea? ¡Problema que se soslaya, estalla! La señora Iparrea lo solucionará a tiempo o dejará que explote una manifestación de inconformes en la cara al gobernador May Rodríguez?

El origen del problema no comenzó con los maestros. Los testimonios y documentos permiten reconstruir una posible cadena de decisiones administrativas. Primero se identificaron determinadas plazas o espacios. Después fueron incorporados al procedimiento correspondiente. Posteriormente se asignaron docentes. Los maestros acudieron a los centros educativos. Y después aparecieron privilegiados trabajadores de nuevo ingreso que, -según lo denunciado-, rechazaron algunos lugares porque estaban demasiado alejados de sus domicilios

Uf, aquí aparece la primera pregunta incómoda: ¿Por qué el rechazo de un trabajador recién incorporado tendría que provocar el desplazamiento de otro que ya recibió una adscripción? ¿Tráfico de influencias? ¡Eso no debería de permitirlo la secretaria de Educación! Una cosa es que un docente decline el espacio que legalmente le fue ofertado. Otra completamente diferente es reorganizar después el tablero entero para acomodarlo

Las plazas docentes no deberían administrarse como si fueran habitaciones de hotel: ésta no te gustó, prueba aquella; aquélla quedó lejos, entonces movemos al que ya estaba instalado. Existe una estructura educativa. Existen procedimientos, derechos laborales, necesidades de servicio y sobre todo, existen escuelas, comunidades, maestros, alumnos y familias que dependen de cierta estabilidad

Si cada rechazo provoca una cadena de movimientos discrecionales, entonces el problema deja de ser administrativo. Se convierte en un sistema donde nadie sabe realmente cuándo una adscripción está firme. Y ahí surge el cuestionamiento que doña Paty como máxima autoridad educativa debería responder ¿Quién se equivocó? Los propios docentes señalan algo todavía más importante. Según versiones atribuidas a representantes sindicales, algunos lugares ofertados ya estaban ocupados

Si eso se confirma, entonces existe un problema de planeación que la Secretaría de Educación tendría que explicar. Porque antes de ofertar una plaza o un espacio docente deberían conocerse, cuando menos, cuatro cosas básicas: la necesidad real del plantel; la situación administrativa del lugar; la existencia o no de un trabajador previamente asignado y la disponibilidad efectiva de la adscripción. No parece ingeniería aeroespacial. Eso es administración de personal

Por respeto a sí misma la secretaria de Educación debería dar el ejemplo y meter orden: que si una autoridad ofrece espacios que en realidad no estaban disponibles, el problema fue generado por la propia autoridad. Y cuando la administración comete un error, existe un principio elemental de responsabilidad pública: el trabajador no puede convertirse automáticamente en la factura humana de la equivocación burocrática. Mucho menos si ese trabajador ya actuó de buena fe

Los maestros acudieron, según sus testimonios, al lugar que la propia autoridad les indicó. No invadieron planteles. No falsificaron documentos. No se auto adscribieron. No aparecieron una mañana en una telesecundaria diciendo: “desde hoy trabajo aquí”. Fueron enviados. Entonces, si posteriormente alguien descubre que aquella asignación era inconveniente, incompatible o administrativamente incorrecta, la autoridad tiene obligación de resolverlo respetando derechos. No simplemente trasladando personas hasta conseguir que las piezas vuelvan a caber ¡Maestros desplazados! Es el costo político de la maestra Patricia Iparrea: de la asignación al atropello: la cadena de errores en Educación.

SEPTIMO SELLO
Las infames amenazas de las faltas cambia la naturaleza del conflicto ¿De nuevo tropiezan con la misma piedra? La parte más delicada de los testimonios es la presunta advertencia atribuida al jefe del Departamento de Telesecundaria. Los maestros aseguran que se les habría dicho que, si no aceptaban el cambio y no firmaban la renuncia, podrían quedarse sin lugar e incluso comenzarían a contabilizarles faltas a partir del hoy. Si eso ocurrió, la secretaria de Educación debería investigarlo inmediatamente

Doña Paty debería dimensionar que ya no está hablando solamente de un desacuerdo administrativo. Se habla de la utilización de la estructura jerárquica para doblegar la voluntad del trabajador ¿Qué significa decirle a un maestro de base que podría quedarse sin lugar? ¿Bajo qué fundamento? ¿Quién determinó eso maestra Iparrea? ¿Qué documento establece que su adscripción dejó de ser válida? ¿Quién revocó la asignación anterior? ¿Existe oficio? ¿Existe procedimiento? ¿Existe notificación formal? ¿Existe derecho de audiencia?

SEPTIMA TROMPETA
La responsabilidad política es de la secretaría y aquí aparece una dimensión que trasciende al jefe del Departamento de Telesecundaria. Sería muy cómodo reducir todo a Juan Gabriel Gamas. Pero el Departamento no existe en el vacío. Forma parte de una estructura administrativa. Tiene superiores. Tiene procedimientos. Tiene áreas jurídicas. Tiene recursos humanos. Tiene como máxima autoridad responsable a doña Paty Iparrea

Por eso es que es tan elemental que antes que este problema explote en una gira del gobernador y se haga viral, la secretaria de Educación de Tabasco aclare si las instrucciones denunciadas fueron decisiones personales de un funcionario o si forman parte de una estrategia institucional para reorganizar las adscripciones. La diferencia es fundamental. Si fue una decisión individual, corresponde investigar responsabilidades. Si fue una determinación institucional, entonces la propia Secretaría deberá explicar el fundamento

SEPTIMA COPA
Todavía existe espacio para que este conflicto no escale. La Secretaría de Educación puede revisar el procedimiento. Escuchar a los afectados. Publicar los criterios utilizados. Suspender cualquier presión mientras se aclaran las adscripciones. Garantizar que nadie será sancionado por negarse a firmar un documento cuya naturaleza o consecuencias dispute. Y determinar administrativamente dónde estuvo el error. Si los espacios fueron ofertados equivocadamente, habrá que reconocerlo

Las instituciones no pierden autoridad cuando reconocen errores. La pierden cuando intentan ocultarlos. Mucho más cuando buscan que otro cargue con sus consecuencias. Todo este episodio puede resumirse en una pregunta. Si los maestros de base recibieron formalmente sus adscripciones, acudieron a los centros educativos y comenzaron a desempeñar sus funciones: ¿Por qué tendrían ahora que firmar una renuncia para resolver un problema que ellos no provocaron? Esa es la pregunta que obligadamente debe contestar -como máxima autoridad-, la señora Iparrea.