Armagedón
“Y a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará”
Lucas 12:48
La transparencia no se proclama, se demuestra
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
Daniel Casasús Ruz -de los Ruz cubanos, familia directa de Fidel Castro Ruz-, tiene derecho a defender su actuación. Tiene derecho a cuestionar las investigaciones periodísticas, presentar documentos, demostrar que los procedimientos cumplieron las disposiciones legales y explicar por qué las empresas mencionadas obtuvieron los contratos. Ese derecho debe respetarse plenamente. Se entiende también que haya bloqueado en wasap al columnista, es lógico que este enojado, fueron datos reales, indefendibles, que incomodan
De hecho, en febrero de 2026, ante señalamientos sobre contratos relacionados con obras ejecutadas al cierre de 2024, Casasús rechazó que existiera un mal uso de recursos y sostuvo que los trabajos se realizaron conforme a la ley, según informó Tabasco Hoy. Esa posición constituye un antecedente de defensa frente a los cuestionamientos sobre su gestión, aunque no equivale necesariamente a una respuesta directa y específica a todos los contratos identificados con documentos posteriormente por Latinus
La respuesta más sólida frente al reportaje de septiembre sería una explicación individual y documentada de cada contratación. No tendría que ser un ejercicio complicado para el ejercicio administrativo de Casasús Ruz que debe conservar copia de sus expedientes completos. Bastaría para el aspirante a gobernar Centro transparentar las convocatorias, las invitaciones, los dictámenes técnicos, las propuestas económicas, las razones de adjudicación a sus amigos de los contratos, sus modificaciones, las estimaciones pagadas y las actas de entrega de las obras
Un Daniel Casasús que se precia de ser tan pulcro debería presentar también las constancias que acrediten que las empresas contaban con la capacidad necesaria. Razonemos: una defensa sustentada en documentos permitiría que especialistas independientes y la sociedad misma que quiere gobernar que revisaran sus decisiones. En cambio, reducir toda la investigación a una confrontación entre medios de comunicación y actores políticos deja sin resolver el asunto fundamental
Ubiquemos: aquí no se está examinando una diferencia de simpatías partidistas, se está examinando cómo se utilizaron recursos públicos. Y las respuestas deberían corresponder a la naturaleza de las preguntas. Una fotografía puede servir para documentar una amistad. Un contrato permite examinar una adjudicación. Una auditoría determina si la operación cumplió las normas. Son pruebas distintas y no deben confundirse. Por eso resulta indispensable ir más allá de las declaraciones. La controversia debería resolverlas Casasús Ruz, el aspirante a Centro con información verificable
Existe otro elemento que explica la relevancia del reportaje. Daniel Casasús dejó la SOTOP y manifestó públicamente su intención de participar en las definiciones internas de Morena rumbo a 2027, con interés en la presidencia municipal de Centro. El 31 de mayo de 2026 confirmó que había presentado su renuncia y que esperaría los lineamientos de su partido para participar en el proceso correspondiente. Ese antecedente convierte la revisión de sus contratos en un asunto relacionado también con la rendición de cuentas de él que busca una nueva responsabilidad pública
Cómo político tiene derecho a desarrollar una carrera política dentro del marco legal. Asimismo, como aspirante a ocupar la alcaldía de Centro debe estar sujeto al escrutinio de su trayectoria administrativa. Una renuncia no borra las decisiones adoptadas durante el ejercicio del poder. Tampoco demuestra, por sí misma, que esas decisiones hayan sido irregulares. El debate debería centrarse en hechos comprobables. Si Casasús administró correctamente los contratos, debe documentarlo y despejar dudas
Si existieron omisiones, irregularidades o conflictos de interés, corresponde investigarlos. Y si se formularon acusaciones incorrectas, también deben rectificarse. En la vida pública, la responsabilidad de informar es un imperativo: los funcionarios deben rendir cuentas. Las autoridades fiscalizadoras deben investigar sin preferencias partidistas. Y los ciudadanos necesitan acceso a elementos suficientes para formarse un criterio propio. El expediente no debería cerrarse mediante propaganda favorable ni mediante descalificaciones personales
Morena construyó una parte fundamental de su identidad política mediante la promesa de combatir los privilegios, el influyentismo y las prácticas de contratación asociadas con los gobiernos anteriores. Ese compromiso debió generar una responsabilidad especial para el señor Casasús Ruz que llegó al poder bajo esas siglas. No porque deba ser juzgado con reglas jurídicas distintas, sino porque sus propias promesas públicas establecieron expectativas de comportamiento y tal parece que -en los hechos- no ha cumplido
Durante años se criticó que las relaciones familiares, las amistades políticas y los vínculos empresariales abrieran puertas dentro de la administración pública, pero el reportaje de Latinus fue horrible y escandaloso. Precisamente por eso, los señalamientos contra Daniel Casasús al tener interés en “administrar” el jugoso presupuesto de Centro, adquieren una dimensión política que va más allá de las cantidades involucradas. La pregunta es sencilla: ¿Puede una administración presentarse como distinta de las anteriores si no somete sus propias contrataciones al mismo escrutinio que exige para sus adversarios?
La respuesta institucional no puede descansar en una declaración de buenas intenciones. Tiene que encontrarse en los documentos. Resulta significativo que, en febrero de 2026, el propio gobierno estatal difundiera declaraciones de Casasús en las que destacaba la transparencia, la participación ciudadana y la incorporación de empresas locales a proyectos de infraestructura como Villahermosa 2030. En esa comunicación oficial, el entonces secretario explicó que se buscaba favorecer la participación de empresas con registro estatal mediante procedimientos sujetos a la normativa correspondiente
La política de promover empresas locales puede tener objetivos económicos legítimos. Pero favorecer la participación de empresas establecidas en Tabasco no debe confundirse con favorecer a empresarios amigos o esposas de amigos que mantengan relaciones personales con quienes toman las decisiones. Son cuestiones profundamente diferentes. Y aquí aparece una de las tensiones más importantes del caso. Un discurso de transparencia puede formularse con extraordinaria facilidad
Aunque se enoje y haga berrinches don Daniel, lo difícil es demostrarlo cuando una investigación periodística identifica contratos concretos y pregunta quiénes resultaron beneficiados. La transformación administrativa no se acredita mediante discursos sobre honestidad. Se acredita mostrando cómo se administró cada peso y por qué se eligió a cada contratista. Esa exigencia debe aplicarse por igual a cualquier político que gobierne; porque, la transparencia no se proclama, se demuestra
SEPTIMO SELLO
Ubiquemos: la investigación de Latinus no apareció en un vacío informativo. Meses antes, el 9 de febrero de 2026, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó un trabajo de investigación firmado por Valeria Durán que documentó otro conjunto de contratos relacionados con la gestión de Daniel Casasús. Aquella investigación identificó 11 millones 914 mil pesos en contratos adjudicados a tres empresas relacionadas entre sí, dos de las cuales fueron incluidas posteriormente en los listados definitivos del Servicio de Administración Tributaria por presunta simulación de operaciones
Las empresas señaladas fueron Construagregados Hopelchén, Comercio y Construcción de Tabasco y Coincisur. Según MCCI, los contratos se firmaron los días 5 y 6 de diciembre de 2024, mediante procedimientos de invitación a cuando menos tres personas. Los recursos procedían del Ramo 33, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades, y estaban destinados a construir aulas en escuelas primarias de Centro y Comalcalco
SEPTIMA TROMPETA
Dimensione solamente Usted el dato: la investigación encontró que las tres empresas reportaron el mismo domicilio en Villahermosa y que algunas mantenían relaciones empresariales o patrimoniales con personas vinculadas a la familia de Hernán Bermúdez Requena. Además, documentó que Pablo Jiménez Pons, yerno del exsecretario de Seguridad, ocupó la Dirección de Planeación Sectorial de la SOTOP durante parte del periodo investigado. MCCI también precisó que la inclusión definitiva de las dos empresas en los listados del SAT ocurrió en 2025, después de la firma de los contratos
Esta diferencia temporal resulta indispensable para analizar qué información conocía o debía conocer la autoridad al momento de contratar. Conviene establecer otra precisión: esos 11.9 millones corresponden a una investigación diferente de la publicada por Latinus. Sin una conciliación contrato por contrato, no sería correcto sumarlos automáticamente a los 92 millones y presentarlos como un monto total de irregularidades. Sin embargo, ambos reportajes comparten un elemento que merece atención
SEPTIMA COPA
Se refieren a decisiones de contratación pública adoptadas durante la misma gestión administrativa. El primero identifica relaciones de amistad entre el funcionario y distintos contratistas. El segundo documenta vínculos empresariales entre compañías contratadas y una red relacionada con la familia Bermúdez Requena. Son situaciones distintas. Pero, examinadas conjuntamente, justifican una revisión amplia de los procedimientos de selección, supervisión y comprobación de obras desarrollados durante ese periodo
La presencia de personas relacionadas con Bermúdez Requena tampoco permite atribuir automáticamente conductas criminales a Casasús ni a todos los integrantes de las empresas mencionadas -para nada-. Las relaciones personales, familiares y empresariales deben distinguirse de la participación acreditada en delitos. Precisamente por la gravedad de los antecedentes, corresponde investigar sin exageraciones y sin omisiones
Entendamos y ubiquemos tiempos y circunstancias: la seriedad de una denuncia no aumenta cuando se multiplican las acusaciones. Aumenta cuando cada afirmación puede sostenerse con documentos y pruebas; lo mejor, los documentos ahí están, cuestión de tiempo para que el equipo de investigación de Armagedón realice un quisquilloso reportaje
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