San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exigió «la cancelación inmediata de cualquier amenaza de desalojo contra las familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que habitan y trabajan tierras recuperadas», en el municipio oficial de Salto de Agua, situado en el norte del estado.
También demandó «el retiro inmediato de las personas ajenas al territorio que pretenden despojar a las comunidades zapatistas, con la presunta complicidad y omisión de autoridades municipales, estatales y federales; el cese de los actos de hostigamiento y vigilancia permanente, así como el retiro de la empresa constructora y de toda maquinaria vinculada con los trabajos que amenazan con afectar y destruir las tierras recuperadas».
En con comunicado expresó su «profunda preocupación y su más enérgico rechazo ante los graves hechos que se están desarrollando en tierras recuperadas por las bases zapatistas, ubicadas en la región Vicente Guerrero, en el ex predio Linda Vista, municipio oficial de Salto de Agua, lo cual contradice al discurso gubernamental, ya que constituye una serie de acciones contrainsurgentes, lo que puede ocasionar un hecho grave como la masacre de Acteal».
Explicó que «de acuerdo con información proporcionada por la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, el jueves, aproximadamente a las 7:40 horas, alrededor de 60 personas provenientes del ejido Ebenezer ingresaron a un predio de 14 hectáreas de tierras recuperadas con la intención de fumigarlo».
Añadió que «este territorio está integrado por nueve hectáreas de potrero y cinco de milpa, en las que las bases de apoyo del EZLN realizan trabajos colectivos fundamentales para su sustento, organización comunitaria y ejercicio de la autonomía».
El organismo señaló que también «se reportó una agresión directa hacia media hectárea de milpa de carácter familiar, así como amenazas de desalojo dirigidas a las familias zapatistas que habitan y trabajan estas tierras. La información más reciente indica que, tras la incursión, siete de las personas invasoras permanecieron en el lugar e instalaron una estructura provisional con techo de lona, con la intención de asentarse de manera permanente».
De acuerdo con el Frayba, «esta acción constituye un acto evidente de ocupación y despojo territorial, que incrementa significativamente el riesgo para las comunidades zapatistas y profundiza el clima de tensión en la región».
Sostuvo que según la documentamos en el lugar de los hechos, la situación se ha agravado de manera alarmante desde el ingreso de maquinaria y el inicio de los trabajos relacionados con la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, el pasado 26 de septiembre de 2026. Desde entonces, se han registrado reiteradas incursiones en las tierras recuperadas para la realización de mediciones y trabajos técnicos, con la participación de ingenieros, topógrafos y otro personal especializado que ha ingresado sin autorización de las comunidades».
Afirmó que «durante estas acciones se han colocado estacas de medición, marcado árboles e instalado infraestructura para el abastecimiento de combustible de la maquinaria, ignorando deliberadamente los señalamientos que identifican el área como territorio recuperado y perteneciente» a las del EZLN, que «constituyen actos de hostigamiento, invasión y desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos, atentando directamente contra su autonomía, el control de su territorio y su derecho a la libre determinación».
A ello se suma, abundó, «la denuncia realizada el día de hoy (jueves) sobre el constante hostigamiento ejercido mediante rondines permanentes de vehículos por parte de quienes impulsan estos trabajos. Las comunidades reportan una presencia intimidatoria y sistemática en las inmediaciones del territorio zapatista, lo que genera preocupación por la posibilidad de nuevas agresiones y por la continuidad de acciones encaminadas a la ocupación, fragmentación y destrucción del territorio recuperado».
Afirmó que «de igual forma, los trabajos vinculados con la construcción de la carretera han generado un progresivo cercamiento de las tierras recuperadas, dejándolas acorraladas por ambos lados en una configuración que opera como una verdadera pinza territorial. La zona cercada corresponde precisamente al trazo proyectado para la vialidad. Es importante destacar que, antes del inicio de las mediciones y de la ejecución de la obra, la situación en la región se mantenía en relativa calma, sin los niveles de tensión y riesgo que actualmente enfrentan las familias zapatistas».
Ante los hechos mencionados, el Frayba exigió «de manera urgente a los gobiernos federal, estatal y municipal el cese inmediato de toda agresión, intimidación y acto de hostigamiento contra las bases de apoyo del EZLN», así como «el respeto irrestricto a su derecho a la autonomía y a la libre determinación».
Reiteró que «el Estado mexicano tiene la obligación de manera urgente de parar las acciones que favorecen el despojo territorial, la violencia y la vulneración de la autonomía de las comunidades zapatistas».
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