La denuncia

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“El que camina en integridad anda confiado; más el que pervierte sus caminos será quebrantado”
Proverbios 10:9

Jonuta: el costo político de la opacidad
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
Jonuta se acerca a un cierre presupuestario que merece especial atención. Las versiones sobre un posible recorte de aguinaldos, la incertidumbre respecto de las quincenas de diciembre, los señalamientos sobre recursos de estabilización y las acusaciones de utilización política del presupuesto configuran un conjunto de asuntos que requieren respuestas

La presidenta municipal y los responsables de Programación, Finanzas y Administración deben garantizar que las obligaciones laborales estén contempladas en el presupuesto y que los recursos públicos se utilicen conforme a sus finalidades autorizadas. Al mismo tiempo, las autoridades de fiscalización tienen atribuciones para revisar las denuncias que se presenten con los elementos necesarios. Porque existe una diferencia decisiva entre enfrentar dificultades financieras y administrar sin rendición de cuentas

La primera situación exige medidas correctivas. La segunda obliga a revisar quién tomó las decisiones, bajo qué criterios y con qué consecuencias para el patrimonio público. En Jonuta, la discusión no debería reducirse a si una familia mantiene o pierde influencia política después de 2027. El asunto verdaderamente importante consiste en determinar si el Ayuntamiento cumple las obligaciones que tiene con sus trabajadores y con la ciudadanía

El presupuesto municipal no pertenece a una presidenta, a su esposo, a sus familiares ni a los funcionarios que administran sus partidas. Pertenece a la hacienda pública y debe ejercerse conforme a la ley. Si en diciembre los trabajadores reciben íntegramente sus salarios y prestaciones, una parte fundamental de la incertidumbre quedará despejada. Pero si se materializan reducciones injustificadas, retenciones salariales o decisiones contrarias a las disposiciones aplicables, corresponderá acudir a los procedimientos laborales y administrativos pertinentes

Y entonces la controversia dejará de ser una discusión sobre rumores para convertirse en un asunto susceptible de revisión y determinación de responsabilidades. Porque el aguinaldo de un trabajador no debe convertirse en la variable de ajuste de una administración municipal, mucho menos en el costo de intereses políticos ajenos al servicio público. Ese es el examen que enfrenta Jonuta. Y para resolverlo no hacen falta discursos ni confrontaciones partidistas. Hacen falta cuentas claras, documentos públicos y cumplimiento de la ley

El escenario se vuelve políticamente significativo ante la proximidad del proceso electoral de 2027. Las aspiraciones de Armando Narciso Correa y Luis Enrique Villamayor deben entenderse dentro de una competencia política que corresponde resolver a Morena y, posteriormente, mediante los procedimientos electorales aplicables. No existe fundamento suficiente para asegurar que conseguirán o perderán las candidaturas. Lo que sí puede analizarse es el efecto que los cuestionamientos administrativos podrían tener en el debate público. La sociedad jonuteca está harta de este tipo de políticos insaciables

Cuando un funcionario o un familiar de la autoridad municipal busca acceder a otro cargo, las decisiones presupuestarias del gobierno adquieren una relevancia política inevitable. La ciudadanía tiene derecho a conocer si existe una separación efectiva entre el ejercicio de las responsabilidades públicas y las actividades de quienes participan en procesos internos partidistas. También tiene derecho a exigir que los programas sociales funcionen de acuerdo con criterios legales, sin discriminación y sin condicionamientos políticos

La continuidad de un grupo familiar en posiciones públicas no debe confundirse con la propiedad de las instituciones. La presidencia municipal no es un bien hereditario. El presupuesto tampoco forma parte de un patrimonio particular. Y los trabajadores no constituyen una estructura de subordinación electoral disponible para quien controle los nombramientos. El desafío institucional consiste en garantizar que la administración siga funcionando conforme a la ley, independientemente de quién aspire a suceder a la actual presidenta municipal

La alcaldesa jonuteca tiene todavía la oportunidad de aclarar los señalamientos antes del cierre del ejercicio. Es necesario presentar información concreta sobre la programación de los pagos de fin de año, las prestaciones correspondientes a cada categoría laboral y las fuentes de financiamiento contempladas para cumplirlas. Igualmente, importante sería instruir una revisión interna de cualquier denuncia relacionada con amenazas de no recontratación, trato diferenciado entre trabajadores o utilización indebida de recursos municipales

En cuanto a los cuestionamientos sobre proveedores, adquisiciones y actividades políticas familiares, corresponde a las autoridades fiscalizadoras determinar si existen elementos suficientes para iniciar investigaciones. La responsabilidad institucional exige tanto transparencia como respeto al debido proceso. La administración de María Soledad Villamayor Notario debe tener presente que la confianza ciudadana no depende exclusivamente de los resultados que anuncie, sino también de la capacidad para explicar sus decisiones y cumplir sus obligaciones

Y es que con tantas aguas movedizas la propia sociedad se cuestiona ¿En que ayuda a la imagen del gobierno la 4T que doña Chole y el Tuco de su esposo generen este ambiente de incertidumbre? Basta transparentar ¿Cuánto tiene presupuestado Jonuta para cubrir salarios y aguinaldos de 2026? ¿Cuál es el número de empleados de base, confianza y contratación temporal? ¿Cuánto corresponde pagar a cada categoría conforme al marco jurídico aplicable?

Tan fácil que es que la alcaldesa Villamayor aclare si ¿Recibió el municipio recursos del FEIEF y, de ser así, por qué cantidades y en qué fechas? ¿Qué compromisos fueron atendidos con esos ingresos? ¿Existen adeudos vencidos con proveedores o contratistas? ¿Se encuentran documentadas las adquisiciones y entregas de apoyos sociales mencionadas en los señalamientos? Y, especialmente, ¿existe alguna instrucción formal para pagar solamente quince días de aguinaldo o retener las quincenas de diciembre?

Esas respuestas permitirían distinguir entre una alerta fundada, una insuficiencia temporal de liquidez, una deficiencia de planeación y la eventual comisión de irregularidades administrativas. No es una diferencia menor. Se entiende que una administración puede enfrentar dificultades financieras reales sin que necesariamente exista corrupción, pero parece que en Jonuta los alcaldes se bañan en cacerolas de impunidad y corrupción. Los escenarios marcados por la incertidumbre y el enojo de la clase trabajadora en Jonuta, es el costo político de la opacidad

SEPTIMO SELLO
La designación de Edgar Iván Oropeza Díaz como titular del Órgano Interno de Control del (TET), el 27 de este mes, adquiere relevancia política y administrativa ante los cuestionamientos sobre el ejercicio presupuestal de 2025. Ubiquemos: el Congreso no creó una nueva estructura para vigilar al magistrado presidente, Oswald Lara Borges. El órgano de control ya existía legalmente; lo que ocurrió fue la designación de quien ejercerá sus atribuciones de fiscalización y vigilancia administrativa

La diferencia es sustancial. La Contraloría Interna no constituye una dependencia meramente administrativa, sino una instancia con facultades para inspeccionar el ejercicio del gasto, revisar operaciones financieras, practicar auditorías, evaluar procedimientos y verificar el cumplimiento de las disposiciones presupuestarias. Su llegada coincide con las observaciones formuladas por el OSFE a la Cuenta Pública 2025 del TET

SEPTIMA TROMPETA
Aunque Lara Borges sostiene que las observaciones obedecen principalmente a cuestiones técnicas y ha presentado documentación para solventarlas, corresponde a las instancias fiscalizadoras determinar si las aclaraciones resultan suficientes, sin confundir observaciones administrativas con daños patrimoniales comprobados. Políticamente, el nombramiento representa una oportunidad para fortalecer los controles institucionales y evitar que las diferencias entre el Tribunal y el OSFE se conviertan en una confrontación personal

SEPTIMA COPA
La autonomía judicial no significa ausencia de fiscalización, así como la vigilancia del presupuesto tampoco debe interpretarse automáticamente como una intromisión política. El verdadero alcance del nombramiento dependerá de la independencia técnica con que actúe el nuevo contralor y de su capacidad para revisar las cuentas sin subordinaciones, preferencias ni consideraciones personales. Porque una institución encargada de garantizar la legalidad electoral también está obligada a demostrar legalidad, transparencia y responsabilidad en el manejo de sus propios recursos públicos