CAYUCO
Por Enrique Muñoz González
“Cuando los intereses políticos se cruzan con los asuntos judiciales, la transparencia deja de ser una promesa y se convierte en una obligación”.
LAUDO PARA FAVORES POLÍTICOS
EN LA ATENAS DE LA CHONTALPA.
Cunduacán: un laudo de casi 7 millones y la sombra de los favores políticos.
Una denuncia enviada al correo electrónico de CAYUCO ha puesto sobre la mesa un asunto que podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza político para el Ayuntamiento de Cunduacán.
Se trata de un laudo laboral millonario, presuntas gestiones políticas y una pregunta que comienza a cobrar relevancia: ¿existe algún compromiso entre la alcaldesa María de la Cruz López, conocida como “María Chonita”, y su actual contralor municipal, Héctor Ramos Olán?
La información recibida apunta hacia el expediente laboral 168/2010, correspondiente a un procedimiento contra el Congreso del Estado de Tabasco, cuya historia se remonta a más de quince años.
De acuerdo con la documentación proporcionada a esta columna, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco emitió un laudo condenatorio el 19 de febrero de 2019.
Los cálculos de prestaciones, salarios caídos e incrementos alcanzaban entonces los 4 millones 796 mil 290 pesos con 14 centavos.
Pero aquí aparece un dato que cambia la dimensión económica del asunto.
En el informe oficial de pasivos contingentes del Congreso del Estado, con corte al 30 de junio de 2025, el expediente 168/2010 figura con una cantidad estimada a pagar de 6 millones 889 mil 668 pesos con 58 centavos.
Es decir, más de dos millones de pesos adicionales respecto de la cifra señalada en la documentación inicial.
Y aunque se trata de una estimación contable que no necesariamente representa una liquidación definitiva, el incremento obliga a preguntar: ¿cuánto se debe realmente, en qué etapa se encuentra el procedimiento y quién terminará pagando?
Porque cuando se trata de recursos públicos, ninguna cifra millonaria debería permanecer lejos del escrutinio ciudadano.
Sin embargo, el verdadero ingrediente político de esta historia no está únicamente en el dinero.
Está en los personajes.
María de la Cruz López gobierna Cunduacán para el periodo 2024-2027 y, según versiones que circulan en el ámbito político municipal, podría tener aspiraciones de buscar una diputación federal.
Por su parte, Héctor Ramos Olán aparece oficialmente como titular de la Contraloría Municipal, precisamente el órgano encargado de vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos y el cumplimiento de las disposiciones administrativas.
Y aquí surge la contradicción que merece una explicación.
¿Qué relación existe entre el litigio millonario del actual contralor y las presuntas gestiones políticas atribuidas a la alcaldesa?
La denuncia recibida sostiene que podría existir un intercambio de respaldos y compromisos políticos. Sin embargo, hasta ahora no se cuenta con pruebas suficientes para afirmar que ese supuesto acuerdo realmente ocurrió.
Lo que sí existe es un expediente laboral identificado, una cantidad millonaria reconocida en información oficial del Congreso y dos funcionarios públicos cuyas actuaciones merecen ser examinadas.
Porque una cosa es que un trabajador ejerza legítimamente sus derechos laborales y otra, muy distinta, que un procedimiento judicial pudiera convertirse en moneda de negociación política.
La primera situación está protegida por la ley. La segunda, de comprobarse, sería un asunto de enorme gravedad.
La pregunta central no consiste en cuestionar el derecho de Héctor Ramos Olán a reclamar prestaciones laborales, sino en determinar si alguien utilizó su posición política para favorecerlo indebidamente.
Y si no existió ninguna intervención, lo más sencillo sería aclararlo públicamente.
También resulta necesario conocer cuándo fue nombrado contralor municipal, cuáles fueron los criterios para su designación y si existe alguna relación entre ese nombramiento y el procedimiento laboral.
No debe perderse de vista que el litigio corresponde al Congreso del Estado, no al Ayuntamiento de Cunduacán. Por ello, cualquier supuesto vínculo con la alcaldesa tendría que acreditarse mediante documentos, comunicaciones o actuaciones concretas.
La transparencia exige algo más que declaraciones de honestidad.
Exige documentos, fechas, resoluciones y explicaciones.
En Cunduacán, donde Morena gobierna y la competencia política rumbo a 2027 comienza a tomar forma, cualquier señalamiento relacionado con posibles favores entre funcionarios puede convertirse en un problema de credibilidad.
Sobre todo cuando uno de los involucrados tiene precisamente la responsabilidad institucional de vigilar la legalidad administrativa.
Desde CAYUCO quedan abiertas las preguntas para la presidenta municipal María de la Cruz López, el contralor Héctor Ramos Olán y las autoridades jurídicas del Congreso del Estado.
¿Cuál es el estado procesal actual del expediente 168/2010? ¿Existe una cantidad definitiva por pagar? ¿Se ha realizado algún pago parcial o total? ¿Hubo gestiones de funcionarios ajenos al litigio? ¿Y qué fundamento tiene la versión de un supuesto intercambio de favores políticos?
Las respuestas permitirían distinguir entre una legítima reclamación laboral y una posible utilización política del expediente.
Porque acusar sin pruebas sería irresponsable, pero guardar silencio ante información de interés público también lo sería.
LA PIRAGUA
Hay una diferencia enorme entre ganar un juicio laboral y utilizar una resolución judicial para construir compromisos políticos.
Lo primero es un derecho. Lo segundo, si llegara a demostrarse, sería una grave desviación del ejercicio público.
El expediente 168/2010 ya no representa solamente una cifra que aparece en los registros financieros del Congreso. Es también una oportunidad para que las autoridades demuestren que la transparencia no termina donde comienzan los intereses políticos.
María Chonita y su contralor tienen la oportunidad de aclarar los señalamientos. El Congreso, por su parte, debe explicar el estado real de una obligación que, según sus propios registros, se aproxima a los siete millones de pesos.
Porque en política, cuando el dinero público y los favores privados aparecen en una misma denuncia, la peor respuesta no es una explicación incómoda: es un silencio que alimenta las sospechas.
Y en Cunduacán, por ahora, las preguntas siguen esperando respuesta.
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cayuco1957@gmail.com
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