Armagedón
“Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo entrar”
Isaías 59:14
México ante el espejo de la justicia internacional
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
Hay acontecimientos que no necesitan demasiados discursos para exhibir la profundidad de una crisis institucional. Basta una decisión, una votación y una explicación pública para comprender que algo verdaderamente delicado ocurre en las estructuras encargadas de garantizar el Estado de derecho. México acaba de recibir una de esas advertencias
Durante la 68ª reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) en un hecho inédito fue expulsada de esa organización internacional, después de que sus integrantes consideraran incompatible su respaldo a la reforma judicial mexicana con los principios de independencia y apoliticidad que exige la asociación
La votación resultó contundente: 53 delegaciones apoyaron la expulsión, 13 votaron en contra y cuatro se abstuvieron. De los 66 votos efectivos, 53 respaldaron la exclusión. Es decir, aproximadamente el 80.3 por ciento. No fue una decisión improvisada ni adoptada por un puñado de adversarios políticos del Gobierno mexicano. Existió un procedimiento de revisión, se solicitaron explicaciones a la representación nacional y se evaluaron los argumentos de defensa
La conclusión institucional de una amplia mayoría fue que la CONATRIB había dejado de satisfacer las condiciones exigidas para permanecer en la organización. Y aquí comienza el verdadero problema político. Porque una cosa es que el Gobierno mexicano sostenga que su reforma judicial pretende democratizar el acceso a los tribunales, combatir privilegios y terminar con prácticas corporativas
Otra, muy distinta, es que una organización internacional de jueces considere que quienes debían proteger la independencia judicial terminaron respaldando una transformación incompatible con sus principios profesionales. La distancia entre ambas posiciones representa una fractura institucional que ningún discurso gubernamental puede resolver por sí solo
Conviene establecer una precisión indispensable: la UIM no expulsó al Estado mexicano, no anuló la reforma constitucional y tampoco emitió una sentencia contra los jueces nacionales. Expulsó a la CONATRIB, una asociación que reúne a las presidencias de los poderes judiciales estatales. Sin embargo, reducir el acontecimiento a un simple trámite de membresía sería desconocer su significado político y profesional
La pregunta fundamental no consiste únicamente en determinar quién perdió un asiento dentro de una organización internacional. La pregunta es mucho más profunda ¿Qué sucede con la confianza ciudadana cuando una asociación encargada de representar a quienes imparten justicia pierde reconocimiento internacional precisamente por cuestionamientos relacionados con su independencia?
La reforma judicial impulsada durante el gobierno de obradorista y aprobada en septiembre de 2024 nació acompañada de un argumento político que resultaba atractivo para amplios sectores sociales: terminar con una justicia considerada distante, costosa, lenta y frecuentemente inaccesible. El diagnóstico sobre las deficiencias históricas del Poder Judicial no surgió de la imaginación del oficialismo
Durante décadas existieron señalamientos sobre nepotismo, corrupción, opacidad administrativa, privilegios burocráticos, dilaciones procesales y dificultades para que los ciudadanos de menores recursos obtuvieran una resolución judicial oportuna. Ese historial explica por qué la propuesta de transformación encontró respaldo político. Pero reconocer los defectos del sistema anterior no significa aceptar que cualquier mecanismo de sustitución represente necesariamente una solución
La corrupción judicial no se combate cambiando automáticamente el procedimiento de designación de los juzgadores. Se combate construyendo instituciones capaces de sancionar la corrupción sin destruir las garantías de independencia. El voto popular puede otorgar legitimidad democrática de origen. Sin embargo, la legitimidad electoral no sustituye la preparación jurídica, la imparcialidad, la experiencia profesional ni la obligación de resolver conforme a la Constitución
Un magistrado no puede justificar una resolución contraria a derecho alegando que recibió miles de votos. Tampoco puede convertir su popularidad electoral en autorización para favorecer al partido, grupo o personaje que impulsó su candidatura. Aquí se encuentra el conflicto central que advierten los críticos del nuevo modelo. Mientras el Gobierno defiende la participación ciudadana como mecanismo de legitimación, distintas organizaciones judiciales consideran que el procedimiento puede generar nuevas dependencias políticas
Particularmente cuando la selección de candidaturas y la promoción electoral están vinculadas con actores que posteriormente podrían tener intereses en los litigios. No se trata de sostener que toda elección judicial produce subordinación. Existen modalidades de elección de jueces en otros países. Se trata de examinar si el diseño mexicano contiene garantías suficientes para impedir que la competencia electoral comprometa la independencia de quienes deben resolver conflictos frente al poder
Porque el verdadero examen de un juez no ocurre cuando recibe el nombramiento. Ocurre cuando debe resolver un expediente en contra de los intereses de quienes facilitaron su llegada al cargo. Uno de los personajes centrales de esta controversia es Rafael Guerra Álvarez, presidente de la CONATRIB y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Su papel resulta particularmente relevante porque encabezó la defensa de la organización mexicana ante la UIM
El origen del conflicto se encuentra en el pronunciamiento emitido por la CONATRIB el 28 de junio de 2024, cuando manifestó su respaldo a la reforma judicial y propuso que su aplicación fuera gradual. Posteriormente, durante el procedimiento internacional, la asociación sostuvo que la reforma derivaba del ejercicio de la soberanía popular y que debía respetarse el marco constitucional vigente. También argumentó que había privilegiado el diálogo institucional sobre la confrontación. Esos razonamientos no convencieron a la mayoría de las delegaciones
Según los representantes internacionales que explicaron la decisión, el problema consistió en que la CONATRIB no acreditó una defensa suficientemente firme de la independencia judicial frente a las consecuencias de la reforma, particularmente la sustitución de juzgadores que habían accedido al cargo mediante procedimientos anteriores. El señalamiento merece un análisis detenido. Dialogar con el Ejecutivo y el Legislativo forma parte de las relaciones normales entre instituciones democráticas
Ningún tribunal debe comportarse como enemigo permanente del Gobierno. Pero tampoco puede confundirse la cooperación institucional con la aceptación incondicional de decisiones que podrían debilitar su propia autonomía. Una asociación judicial puede acompañar reformas administrativas, presupuestales y procesales sin abandonar sus principios
Lo que debe explicar es cuáles garantías defendió, qué riesgos identificó y qué medidas concretas promovió para impedir eventuales interferencias políticas. Por eso resulta pertinente preguntar ¿Qué acciones verificables desarrolló la CONATRIB para garantizar la permanencia de juzgadores frente a sustituciones no relacionadas con faltas disciplinarias? ¿Qué medidas impulsó para proteger la carrera judicial? ¿Cómo buscó evitar que las candidaturas quedaran condicionadas por intereses partidistas?
¿Qué mecanismos propuso para impedir presiones políticas sobre quienes fueran electos? Y, fundamentalmente ¿Qué resultados obtuvo? Sin respuestas documentadas, el argumento del diálogo puede resultar insuficiente. La independencia judicial no se acredita mediante declaraciones ceremoniales. Se demuestra mediante procedimientos, decisiones, garantías y conductas institucionales. Se quiera reconocer o hacerse el occiso, es innegable que México está ante el espejo de la justicia internacional
SEPTIMO SELLO
Resulta inevitable observar la ironía política del acontecimiento. Una reforma promovida con la promesa de acercar la justicia al pueblo termina colocada bajo cuestionamiento por una organización internacional dedicada precisamente a defender la independencia de quienes deben impartirla. El oficialismo puede sostener que se trata de una controversia entre distintas concepciones de la judicatura. La CONATRIB puede reiterar que ha privilegiado el diálogo institucional
Sus críticos pueden considerar que el procedimiento internacional confirma advertencias formuladas desde 2024. Pero ninguna de esas posiciones reemplaza el análisis de los resultados. La transformación del Poder Judicial no debería juzgarse únicamente por el número de funcionarios sustituidos, la cantidad de elecciones organizadas o la magnitud de su respaldo legislativo. Debe evaluarse por su capacidad para producir decisiones imparciales, accesibles, oportunas y protegidas contra presiones indebidas. Ése es el desafío que permanece después de la votación internacional del 17 de octubre
SEPTIMA TROMPETA
No se trata de regresar automáticamente al sistema anterior ni de rechazar toda posibilidad de reforma. Se trata de exigir que cualquier transformación preserve aquello que hace posible la justicia: la existencia de autoridades capaces de aplicar la ley incluso contra quienes tienen el poder de modificarla. Porque una justicia verdaderamente independiente no necesita convertirse en enemiga del Gobierno. Pero tampoco puede funcionar como su subordinada. El problema no es que un juez tenga convicciones personales o que haya llegado al cargo mediante una elección
El problema aparece cuando esas convicciones, o las relaciones políticas que hicieron posible su candidatura, se imponen sobre el expediente, las pruebas y la Constitución. La independencia de los tribunales no es un privilegio corporativo de abogados y magistrados. Es una garantía para la sociedad. Y su ausencia no afecta exclusivamente a quienes visten una toga. Afecta al campesino que defiende su parcela, al trabajador que reclama su salario, a la madre que exige justicia para sus hijos y al ciudadano que enfrenta el abuso de una autoridad
SEPTIMA COPA
La ciudadanía no necesita jueces que rindan pleitesía al gobernante en turno. Necesita jueces que puedan dictar una sentencia justa, incluso cuando hacerlo implique contrariarlo. Por eso la expulsión de la CONATRIB merece mucho más que una explicación administrativa. Exige revisar la calidad de las garantías institucionales, el funcionamiento de los mecanismos de selección, la protección de la carrera judicial y la manera en que se enfrentan las presiones políticas. La votación internacional no constituye una sentencia definitiva sobre el futuro de la justicia mexicana. Constituye una advertencia que debe ser examinada con rigor
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