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Proverbios 14:23

La oposición entre la crítica y la teatralidad
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
Hay episodios en la política tabasqueña que obligan a preguntarse dónde termina el legítimo ejercicio de la oposición y dónde comienza la representación teatral de quienes pretenden convertir cualquier acontecimiento administrativo en una confrontación pública. La solicitud de audiencia que dirigentes opositores intentaron entregar al gobernador Javier May Rodríguez abre precisamente esa discusión

El episodio plantea una contradicción que merece examinarse con rigor: quienes mantienen una confrontación pública agresiva y ofensiva contra el gobernador solicitan ahora sentarse a la mesa con él para discutir los problemas de Tabasco. La crítica política no les quita ese derecho, pero tampoco convierte cualquier reunión en una solución para el estado

De acuerdo con la versión difundida por los propios solicitantes, a Rafael Acosta, dirigente estatal del PRD; Humberto de los Santos, representante del mamotreto UDT y Juan Enoc Alvarado Ribón, dirigente de Somos les faltó el acosador sexual tricolor; en fin, acudieron a Palacio de Gobierno para solicitar formalmente una reunión con el mandatario estatal

Detrás del acto existe una interrogante política bastante más profunda ¿Qué esperan obtener de una reunión con el gobernador quienes, desde la tribuna partidista, han construido buena parte de su discurso alrededor de confrontar y descalificar su administración? Ubiquemos: una audiencia no es, -por sí misma-, una política pública. Una fotografía de la oposición alrededor de una mesa no representa una reducción de la inseguridad. Un apretón de manos no abastece los hospitales. Una conferencia de prensa conjunta no genera empleos

Acosta León declaró que pretendían discutir seguridad, desempleo, servicios de salud y el ejercicio del presupuesto estatal. Los asuntos son legítimos y relevantes. Ninguna administración puede considerarlos ajenos a su responsabilidad. Pero una solicitud de audiencia adquiere verdadero contenido político cuando identifica problemas específicos, incorpora información comprobable y propone mecanismos para atenderlos

Si el tema es seguridad, resulta pertinente conocer qué diagnósticos municipales presentan los dirigentes, cuáles son sus propuestas de prevención, qué cambios presupuestarios consideran necesarios y cuáles serían los indicadores para evaluar su funcionamiento. Si su preocupación es la salud pública, corresponde preguntar qué hospitales han documentado, qué faltantes de medicamentos identificaron, qué autoridades recibieron sus denuncias y qué solución presupuestaria proponen. Lo chusco es que llegaron haciendo chistes y con las manos vacías

Si el problema es el desempleo, sería indispensable conocer qué sectores productivos consideran prioritarios, qué obstáculos administrativos detectaron y qué medidas concretas plantean para promover la inversión y la contratación laboral. Y si el reclamo consiste en saber cómo se utiliza cada peso del presupuesto, existen instrumentos institucionales para conocerlo y fiscalizarlo. La exigencia de transparencia no necesita depender exclusivamente de una conversación privada con el gobernador

Definamos: Javier May representa al Poder Ejecutivo, mientras los dirigentes representan organizaciones con intereses, proyectos y objetivos políticos particulares. Ninguna reunión debería desdibujar esa diferencia ¿Qué podría comprometer legítimamente un dirigente partidista en una negociación sobre servicios hospitalarios? ¿Qué facultades tendría para ordenar inversiones, modificar programas de seguridad o ejecutar recursos públicos? Aportaría información, propuestas, investigaciones y mecanismos de seguimiento ciudadano. Eso quizás tendría utilidad. Pero nunca podría sustituir a las instituciones responsables de tomar las decisiones

De ahí que el valor de una audiencia dependa menos de la importancia pública de quienes se sienten a la mesa y más de la calidad de los planteamientos que presenten. Y existe una pregunta adicional que merecen formularse a los participantes ¿Estarían dispuestos a reconocer públicamente alguna decisión gubernamental sustentada en resultados verificables, del mismo modo que exigen al gobernador reconocer los problemas pendientes? No se trata de pedirles adhesión política ni silencio

La ciudadanía tiene derecho a saber si tratan de establecer un intercambio abierto o únicamente un escenario para reiterar posiciones previamente fijadas. Una oposición puede ser severa sin renunciar a la objetividad. Puede denunciar irregularidades sin convertir cada diferencia en una acusación absoluta. Y puede dialogar con un gobierno sin convertirse en su aliada. La capacidad de distinguir entre crítica, denuncia y propuesta resulta fundamental para que el debate no se reduzca a una competencia de declaraciones de quinto patio

Es del dominio público que Javier May ha presentado la atención ciudadana en territorio como una característica de su administración. Su agenda incluye audiencias públicas comunitarias y encuentros con sectores sociales y empresariales. Esa modalidad permite distinguir dos formas de interlocución. Una consiste en escuchar directamente a personas que presentan necesidades particulares o comunitarias. La otra implica dialogar con representantes de organizaciones políticas que, además de formular demandas, desarrollan una estrategia pública de oposición

Ambas pueden tener legitimidad, pero no poseen necesariamente los mismos objetivos ni requieren idénticos mecanismos. Una persona que solicita atención médica, regularización de su propiedad, rehabilitación de una escuela o reparación de un camino presenta una necesidad concreta cuya resolución puede examinarse en territorio dentro de las atribuciones gubernamentales. Un dirigente partidista que pide discutir de manera general la inseguridad, el desempleo y el presupuesto requiere una agenda de trabajo diferente

Por eso importa conocer si los solicitantes llevaban propuestas específicas o simplemente pidieron la oportunidad de debatir. El Ejecutivo podría responder institucionalmente mediante mesas técnicas, reuniones con dependencias competentes, sin que necesariamente se produzca una audiencia personal con el gobernador. Quien también podría aceptar un encuentro político de carácter general. Son alternativas distintas

Lo relevante sería explicar los criterios utilizados para elegir una u otra, sin discriminación por afiliación partidista ni concesiones derivadas exclusivamente del protagonismo público de los solicitantes. Porque gobernar exige administrar recursos, atender responsabilidades y tomar decisiones que puedan justificarse ante la sociedad. Y ser oposición exige algo más que denunciar: requiere documentar y ofrecer alternativas; pero, hasta ahora lo único que la sociedad observa es una oposición entre la crítica y la teatralidad

SEPTIMO SELLO
Revisemos: el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho de petición formulado por escrito, de manera pacífica y respetuosa. También establece la obligación de que la autoridad emita una respuesta escrita y la Suprema Corte ha precisado que ese derecho exige una respuesta congruente con lo solicitado, pero no obliga a resolver favorablemente la petición. La diferencia es fundamental

SEPTIMA TROMPETA
Es importante dimensionar que el gobernador no está jurídicamente obligado, por el simple hecho de recibir una solicitud, a conceder una reunión personal con los dirigentes opositores. Debe respetar el derecho de petición y tramitar los escritos que correspondan conforme a la ley. Una cosa es recibir un oficio. Otra, muy distinta, aceptar lo que se solicita en él. La administración estatal puede evaluar una petición de audiencia, determinar su pertinencia, explicar los mecanismos institucionales disponibles y emitir la respuesta correspondiente

SEPTIMA COPA
Ahora bien ¿Qué ganaría Tabasco de una reunión sin acuerdos? Ahí aparece el núcleo del problema. Conjeturemos que el gobernador acepta recibir a los dirigentes. Rafael Acosta expone sus críticas a la seguridad, la salud y el empleo. Humberto de los Santos presenta su diagnóstico sobre la situación económica y administrativa. Juan Enoc Alvarado Ribón plantea las inquietudes de su organización. El mandatario responde con información sobre sus programas, inversiones y resultados

Termina la reunión. Los dirigentes ofrecen una conferencia de prensa. El Gobierno del Estado emite un comunicado. Cada parte difunde su interpretación del encuentro ¿Y después? ¿Qué cambia para el comerciante que necesita seguridad? ¿Qué obtiene el paciente que espera medicamentos? ¿Qué beneficio recibe el trabajador desempleado? ¿Cuál es la consecuencia concreta para las familias que necesitan mejores servicios públicos?