CAYUCO
Enrique Muñoz González
“Donde termina la ley,
comienza la tiranía.”
John Locke
SOMBRAS DE IMPUNIDAD
Y CORRUPCIÓN EN: TFJA
En México hay instituciones que parecen tener dos formas de aplicar la justicia: una para quienes se encuentran bajo su autoridad y otra para quienes ejercen el poder desde sus oficinas.
Y cuando alguien se atreve a cuestionar lo que sucede en su interior, comienza una batalla que puede resultar más peligrosa que cualquier expediente judicial.
Eso es precisamente lo que obliga a examinar el caso del magistrado tabasqueño Ricardo León Caraveo.
En nuestra primera entrega, sobre este tema, abordamos la denuncia penal que presentó ante la Fiscalía Federal en Tabasco, en la que señaló presuntas irregularidades cometidas por los magistrados José Alfredo Celorio Méndez y Rosendo Gómez Silván.
Pero el asunto tiene antecedentes que llevan hasta las estructuras superiores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Y allí aparecen nombres que no pueden pasar inadvertidos.
Guillermo Valls Esponda, expresidente del TFJA, y José Ramón Amieva Gálvez, actual presidente del organismo.
La pregunta no es menor:
¿Qué hicieron las autoridades superiores cuando recibieron las denuncias de un magistrado que aseguraba haber descubierto irregularidades dentro de la institución?
EL CONFLICTO QUE COMENZÓ EN JALISCO
Para entender lo que hoy sucede en Tabasco hay que regresar a 2025.
Ricardo León Caraveo se encontraba adscrito a la Tercera Sala Regional de Occidente, en Jalisco, cuando comenzó a denunciar presuntas alteraciones en procedimientos jurisdiccionales.
Según sus señalamientos, se habrían registrado modificaciones indebidas en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, conocido como SICSEJ.
La acusación resulta particularmente delicada porque ese sistema constituye una herramienta fundamental para el seguimiento de los expedientes judiciales.
Leon Caraveo sostiene que determinadas sentencias fueron reclasificadas y que incluso se habrían registrado votos aprobatorios sin su consentimiento.
En su cronología pública habla de más de 120 resoluciones presuntamente afectadas.
La cifra es una afirmación del denunciante, no un hallazgo confirmado por una investigación independiente.
Pero precisamente por su gravedad exige una respuesta técnica, documental y verificable.
Porque si un sistema judicial puede registrar decisiones que un magistrado asegura no haber aprobado, surge una pregunta inquietante:
¿Quién garantiza la autenticidad de las sentencias que reciben los ciudadanos?
EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN: ¿MEDIDA ADMINISTRATIVA O REPRESALIA?
El 25 de junio de 2025, la Junta de Gobierno y Administración del TFJA emitió el Acuerdo G/JGA/24/2025, mediante el cual se dispusieron movimientos de magistrados.
El documento oficial expone observaciones sobre el funcionamiento de la ponencia de León Caraveo, entre ellas ausencias y rezago en la tramitación de asuntos.
Esa es la justificación institucional.
Sin embargo, el magistrado sostiene una interpretación completamente distinta.
Afirma que su traslado a Tabasco constituyó una represalia por denunciar presuntas irregularidades.
La diferencia entre ambas versiones es fundamental. Si el cambio obedeció a razones legítimas de funcionamiento institucional, corresponde acreditarlo.
Pero si fue utilizado para castigar a quien denunciaba posibles actos ilícitos, estaríamos ante una desviación del poder administrativo.
No basta con que una autoridad tenga facultades para trasladar a un servidor público. También importa para qué utiliza esas facultades.
La legalidad no consiste únicamente en firmar acuerdos. Consiste en que esos acuerdos respondan a fines legítimos y puedan ser sometidos a escrutinio.
EL PAPEL DE GUILLERMO VALLS
Aquí aparece un personaje central.
Guillermo Valls Esponda presidió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa entre 2023 y 2025.
Durante su administración ocurrieron los conflictos que León Caraveo ha denunciado públicamente.
El magistrado sostiene que las autoridades superiores tuvieron conocimiento de sus señalamientos y cuestiona que no se adoptaran las medidas de investigación que consideraba necesarias.
Sin embargo, el hecho de que Valls haya presidido el Tribunal durante ese periodo
Lo hace totalmente responsable, pues forzosamente se enteró de las irregularidades denunciadas.
Esa responsabilidad, si existiera, tendría que explicar muchas cosas.
Lo que sí puede exigirse es una información institucional.
¿Qué denuncias recibió la Presidencia del Tribunal?
¿Qué investigaciones se ordenaron?
¿Se practicaron auditorías informáticas?
¿Se preservaron los registros originales de las sentencias cuestionadas?
¿Y cuáles fueron los resultados?
Son preguntas que no deberían resultar incómodas para una institución comprometida con la transparencia.
JOSÉ RAMÓN AMIEVA Y LA RESPONSABILIDAD ACTUAL
El conflicto tampoco terminó con el cambio de presidencia.
José Ramón Amieva Gálvez encabeza actualmente el TFJA.
En la cronología publicada por León Caraveo se describen reuniones institucionales sostenidas en enero y marzo de 2026, durante las cuales, según su versión, habría recibido presiones relacionadas con su permanencia en funciones jurisdiccionales y sus denuncias públicas.
Son señalamientos que requieren corroboración y conocer la postura de los funcionarios involucrados.
Pero existe una responsabilidad institucional que no depende de demostrar anticipadamente una conducta delictiva.
La Presidencia del Tribunal debe garantizar que los conflictos internos se investiguen mediante procedimientos legales, imparciales y transparentes.
No puede existir confianza pública si las denuncias de posibles irregularidades quedan atrapadas en disputas administrativas interminables.
Mucho menos si quien denuncia afirma estar enfrentando amenazas de muerte y solicita protección.
UNA JUSTICIA QUE NO PUEDE ESCONDER SUS DELIBERACIONES
En sus publicaciones recientes, Ricardo León Caraveo ha insistido en otro asunto fundamental: la necesidad de garantizar la publicidad y transparencia de las sesiones jurisdiccionales.
Su cuestionamiento merece atención.
Los tribunales no solamente deben dictar resoluciones. También deben demostrar que esas resoluciones fueron emitidas conforme a procedimientos legítimos.
Cuando la deliberación colegiada es legalmente exigible, su simulación o sustitución por decisiones individuales sería una irregularidad grave.
Y cuando se denuncia una posible manipulación informática de las actuaciones judiciales, la respuesta no puede reducirse a una discusión entre magistrados.
Debe existir una revisión independiente de los registros, las firmas electrónicas y los mecanismos de control.
La tecnología no puede convertirse en un instrumento para fabricar apariencias de legalidad.
EL SILENCIO TAMBIÉN EXIGE EXPLICACIONES
México atraviesa una etapa de transformación de sus instituciones de justicia. Se habla de combatir privilegios, terminar con la corrupción y devolver la confianza a los ciudadanos.
Pero ninguna reforma tendrá credibilidad si las denuncias sobre el funcionamiento de los propios tribunales no se investigan con el mismo rigor que se exige a cualquier ciudadano.
Ricardo León Caraveo ha formulado acusaciones que deben probarse.
Los magistrados y funcionarios señalados tienen derecho a responder y defender su actuación.
Y las autoridades tienen la obligación de distinguir entre una denuncia fundada, un conflicto administrativo y cualquier posible responsabilidad penal.
Lo que no puede aceptarse es que la discusión termine en el enfrentamiento personal mientras las preguntas sobre la integridad de los expedientes permanecen sin respuesta pública suficiente.
LA PIRAGUA
Porque el problema de fondo no es solamente Ricardo León Caraveo.
Tampoco es exclusivamente Guillermo Valls Esponda o José Ramón Amieva.
El problema es determinar si los mecanismos de control del Tribunal funcionan para investigar posibles irregularidades o si pueden terminar utilizados para proteger intereses institucionales.
Y esa pregunta debe responderse con documentos, auditorías y resoluciones, no con discursos.
En una institución encargada de impartir justicia, la transparencia no debería ser una amenaza.
Debería ser su principal fortaleza.
Porque cuando los tribunales no logran despejar las dudas sobre su propia legalidad, lo que comienza a perderse no es solamente la confianza en un magistrado o en una sentencia.
Es la confianza en la justicia misma.
Denuncias y sugerencias
cayuco1957@gmail.com
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