Armagedón
“Así ha dicho Jehová: Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor”
Jeremías 22:3
El TFJA bajo sospecha: 200 resoluciones en entredicho
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
Hay declaraciones que sacuden la conciencia pública. Otras revelan las profundas contradicciones de las instituciones encargadas de proteger la legalidad. Pero existen algunas que, por su gravedad, deberían obligar al Estado mexicano a examinar sus propias entrañas. El Magistrado Ricardo León Caraveo denuncia presuntas sentencias falsificadas, irregularidades dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y un conflicto institucional que alcanza a la Presidencia de la República
El problema ya no es solamente jurídico: es político, económico, social y de seguridad nacional. La entrevista concedida por este magistrado dimensiona que no estamos frente a la inconformidad ordinaria de un funcionario con sus superiores, ni exclusivamente ante una disputa administrativa por una adscripción o un procedimiento disciplinario
Estamos ante un integrante del (TFJA) que públicamente denuncia presuntas irregularidades en la elaboración de sentencias (más de 200 falsificadas), cuestiona la legalidad de instrumentos utilizados para vigilar a los juzgadores, señala posibles mecanismos de encubrimiento institucional y expresa temor por su integridad física. Y lo verdaderamente inquietante es que su miedo tiene una referencia histórica concreta
El magistrado relata que, después de entregar un ejemplar de su libro a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, le manifestó que no quería terminar como el marino asesinado tras denunciar una presunta red de corrupción. La expresión resulta estremecedora: “No quiero acabar asesinado”. No es una frase que deba emplearse irresponsablemente para construir una acusación contra personas determinadas. Tampoco puede desestimarse como una simple exageración
Cuando quien expresa semejante preocupación es un magistrado federal que afirma haber denunciado posibles delitos relacionados con la administración de justicia, la obligación institucional consiste en evaluar el riesgo, proteger su integridad e investigar los hechos señalados. Porque una democracia que permite que sus servidores públicos teman denunciar irregularidades dentro de los tribunales tiene un problema que trasciende cualquier confrontación personal. Tiene un problema de Estado
Para comprender la dimensión política y humana de las declaraciones de León Caraveo, debemos identificar el antecedente al que aparentemente hace referencia. Se trata del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima. El oficial había denunciado presuntas prácticas de corrupción relacionadas con el contrabando de combustibles y el funcionamiento de las aduanas marítimas
Posteriormente, investigaciones periodísticas dieron a conocer elementos de la denuncia, incluida una grabación de una reunión sostenida en junio de 2024 con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. En febrero de 2026, Aristegui Noticias publicó un trabajo sustentado en dicha grabación, que permitió conocer con mayor profundidad las advertencias que el contralmirante había realizado antes de su asesinato
Una de las afirmaciones más graves del magistrado se refiere a la falsificación de aproximadamente 200 sentencias en Jalisco. Dimensionemos la acusación. Una sentencia no es un documento administrativo cualquiera. Es la expresión formal de una decisión jurisdiccional que puede afectar el patrimonio de una empresa, la situación fiscal de un contribuyente, los derechos de una persona pensionada o las obligaciones económicas del Estado
Su legitimidad depende de que haya sido emitida por autoridades competentes, mediante los procedimientos establecidos y con una expresión auténtica de la voluntad de quienes deben resolver. Cuestionar la autenticidad de una resolución es grave; pero, cuando quién lo hace es uno de los propios magistrados no solamente aumenta la gravedad del señalamiento, se pone bajo sospecha su firma y niega haber firmado dichas sentencias: cuestiona severamente la legitimidad de la decisión
En la entrevista difundida el 5 de octubre de 2026 por XEVT, León Caraveo sostuvo que inicialmente había identificado 120 resoluciones falsificadas y afirmó categórico que, según su interpretación de información institucional, el número podría alcanzar las 200. Explicó que algunas resoluciones habrían sido elaboradas o registradas sin su firma y que se habría asentado que se negó a firmarlas, incluso en fechas en las que asegura haberse encontrado fuera de Jalisco
También señaló que presentó denuncias y solicitó investigaciones administrativas. En su publicación del 7 de octubre, titulada Crónica de una infamia, desarrolló una cronología de los hechos que atribuye a funcionarios del tribunal. En ese documento sostiene que se habrían modificado registros del sistema informático SICSEJ, reclasificando resoluciones colegiadas y registrando indebidamente votos aprobatorios
El magistrado identifica oficios, expedientes y fechas que, según su exposición, permitirían reconstruir las irregularidades. El señalamiento es demasiado grave para ignorarlo. Lo procedente sería una auditoría jurisdiccional e informática que determinara, expediente por expediente, quién elaboró las resoluciones, cómo fueron votadas, quién las firmó, qué modificaciones se realizaron y verificar a fondo las alteraciones indebidas de los registros
El tribunal tiene la obligación de demostrar que sus procedimientos disciplinarios respetan la Constitución, las leyes y el debido proceso. Porque ninguna autoridad puede reclamar obediencia jurídica mientras mantiene sin resolver cuestionamientos fundados sobre el alcance de sus propias atribuciones. La autoridad administrativa no está por encima de la ley. En un Estado democrático, la legalidad no se impone por jerarquía: se acredita mediante normas vigentes, procedimientos correctos y decisiones debidamente fundamentadas
Uno de los señalamientos recurrentes de Ricardo León Caraveo es que existirían resoluciones elaboradas sin una deliberación colegiada auténtica. La denuncia apunta hacia un problema que rebasa el conflicto personal. El artículo 31 de la Ley Orgánica del TFJA establece reglas para la integración y funcionamiento de las Salas Regionales, así como obligaciones de publicidad de sus sesiones
El cuestionamiento verdaderamente delicado aparece cuando se afirma que una sesión nunca ocurrió, que se asentó falsamente la participación de un magistrado o que se incorporaron votos que no fueron emitidos. Por eso resulta indispensable revisar las actas originales, la integración de las salas, los registros electrónicos y las evidencias de las deliberaciones
Una administración que presume centenares de sentencias, pero no puede demostrar adecuadamente cómo fueron producidas, enfrenta un serio problema de legitimidad. La justicia no es una fábrica. Los jueces no son trabajadores de una línea de ensamblaje y los expedientes no son piezas que deban salir diariamente para alimentar estadísticas. Cada resolución involucra derechos. Cada voto implica responsabilidad. Cada firma representa la aceptación de una decisión jurídica
Convertir la administración de justicia en una competencia por producir más sentencias puede favorecer la eficiencia aparente, pero también generar riesgos si se sacrifica el estudio de los asuntos. Una resolución rápida no necesariamente es una resolución justa. Y una sentencia jurídicamente correcta no pierde calidad por haber requerido una deliberación cuidadosa. La eficiencia importa. Pero jamás puede sustituir a la legalidad
México está frente al miedo de un magistrado y la fragilidad del Estado; prácticamente es la crónica de una infamia y la justicia que se desmorona, porque cuando la firma de un magistrado se falsifica, la legalidad se extingue la máscara comienza caer y permite entrever un tribunal que fabrica sentencias y destruye confianza; en suma: al TFJA bajo sospecha: 200 resoluciones en entredicho
SEPTIMO SELLO
En la entrevista, el magistrado introduce un contexto particularmente delicado. Menciona las operaciones de empresas factureras, la existencia de organizaciones criminales y las investigaciones financieras desarrolladas por autoridades estadounidenses. Su argumentación plantea la necesidad de examinar las decisiones administrativas y fiscales dentro de un entorno económico vulnerable a operaciones ilícitas. La preocupación resulta pertinente
SEPTIMA TROMPETA
Dicho lo anterior, el contexto sí justifica una pregunta de profundo interés nacional: ¿Están suficientemente protegidos los sistemas de justicia fiscal y administrativa contra intentos de corrupción provenientes de intereses económicos ilegales? La pregunta resulta particularmente relevante en un país donde el crimen organizado busca obtener ganancias no solamente mediante la violencia, sino también a través de operaciones comerciales, financieras y fiscales
El desafío del Estado no consiste únicamente en detener delincuentes. También consiste en impedir que las instituciones encargadas de resolver controversias económicas puedan ser manipuladas. Y esa obligación incluye mantener sistemas informáticos seguros, controles sobre las firmas electrónicas, trazabilidad de las actuaciones y mecanismos de auditoría independientes. El poder económico tiene capacidad para presionar. El poder criminal tiene capacidad para intimidar. Pero ninguno debería tener capacidad para fabricar justicia
SEPTIMA COPA
Demasiados temas de análisis y en medio de estos escenarios reclama espacio vasto y suficiente el grave señalamiento de una militante del PRI contra su dirigente estatal, a quien acusa de solicitar favores sexuales. La denuncia está siendo investigada por la Fiscalía; corresponde esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Pero el costo político ya está sobre la mesa. Un partido que pretende recuperar la confianza ciudadana debe responder con transparencia ante una acusación de esta gravedad
Si las dirigencias utilizan su posición para obtener beneficios sexuales, convierten la militancia en un espacio de sometimiento y traicionan a quienes deberían representar. La oposición parece empeñada en derrumbarse sola. Mientras reclama autoridad moral para cuestionar al gobierno, enfrenta señalamientos que comprometen horriblemente su propia credibilidad. La postura del dirigente tricolor y el llamado a su derecho de presunción de inocencia, sólo responde al encubrimiento o represalias realizadas contra la denunciante
Ubiquemos, todo ello, profundizará su descrédito. No necesita que nadie lo empuje: cada abuso acreditado y cada protección indebida serían otro golpe contra el futuro del tricolor. Sería mejor que ese con pinta de “yegua preñada” renunciará al PRI para evitar que el partido siga siendo bañado de lodo, Es evidente que el harakiri político comienza cuando una dirigencia considera que el poder le concede derechos sobre la dignidad ajena. Habrá más, mucho más
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