El Gobierno Común de los 12 Caracoles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunció ataques, hostigamiento y el encarcelamiento de sus bases de apoyo en el ejido La Culebra, municipio de Ocosingo, a quienes autoridades ejidales impusieron una multa global de 48 mil 450 pesos y privaron de la libertad por negarse a inscribir a sus hijos en el sistema de educación pública.
“El objetivo principal del mal gobierno es acabar con las bases de apoyo del EZLN para que no existan en ningún pueblo, ejido, comunidad, barrio o colonia de Chiapas. Es un plan de los actuales malos gobiernos para destruir la autonomía zapatista; en este caso buscan liquidar la educación y el gobierno autónomos, así como a las distintas organizaciones honestas”, señaló la representación.
En un comunicado difundido la noche de este jueves, precisó que el pasado 21 de septiembre autoridades ejidales vinculadas a Morena en La Culebra “encarcelaron a cuatro de nuestros compañeros por el único delito de no inscribir a sus hijos en la escuela oficial, dado que cuentan con su propia escuela autónoma”. Agregó que los afectados sufrieron humillaciones, amenazas y presiones para pagar una multa inicial de 2 mil 500 pesos por persona y firmar documentos bajo coacción.
Posteriormente, al acudir ante autoridades autónomas de la zona para informar sobre los hechos, los simpatizantes fueron citados nuevamente al regresar al ejido. “Les dijeron que cometieron otro delito al reportar lo sucedido y acusaron que eran mentiras, por lo que duplicaron la sanción a 5 mil pesos para cada uno”.
El texto detalló que el 3 de octubre fue encarcelado el poblador Sebastián Pérez Gutiérrez por la misma causa. Al cumplir 24 horas de arresto, el 4 de octubre fue llevado ante el comisariado ejidal, donde se le exigió inscribir a sus hijos en el sistema oficial. Ante su negativa, fue amenazado y obligado a aceptar una multa de 10 mil pesos, tras lo cual reingresó a la cárcel. Ese mismo día fue privado de la libertad Daniel López Aguilar por trasladar a las pobladoras citadas por las autoridades autónomas para exponer el caso.
Asimismo, el 4 de octubre, 16 mujeres bases de apoyo fueron llamadas de manera individual por el comisario ejidal, quien las acusó de incurrir en una falta al declarar ante las autoridades autónomas y les exigió el pago de 500 pesos a cada una. Al negarse a pagar, sufrieron presiones y amedrentamientos con llevarlas ante la asamblea ejidal, por lo que solicitaron un plazo de 20 días para reunir el dinero.
En la lista de sancionados figura también Miguel Ángel Cruz Díaz, multado con 2 mil pesos y sancionado con 24 horas de cárcel por argumentar que informar y buscar defensa legal es un derecho. Los policías comunitarios Mariano Pérez López, Marcos López Mendoza y Antonio Pérez López sufrieron 12 horas de cárcel y multas de 150 pesos cada uno por cuestionar las medidas. En tanto, Fausto Díaz Pérez, Felipe Pérez Gutiérrez y Juan Díaz Pérez recibieron sanciones de mil pesos por abstenerse de intervenir en las agresiones.
El EZLN sostuvo que estas acciones responden a presiones ligadas a la ejecución del programa federal «La Escuela es Nuestra», encabezado en la zona por el docente Eusebio Cruz Ruiz, el comisario ejidal Marcelo Cruz Pérez y el suplente Manuel Cruz Hernández. Según la denuncia, el programa condiciona el incremento de los recursos monetarios a la matrícula de alumnos, lo que motiva la coacción contra las familias zapatistas.
El comunicado refirió que las bases de apoyo son obligadas a pagar contribuciones de tenencia de la tierra, energía eléctrica y cuotas escolares bajo la figura de usos y costumbres, sin recibir beneficios ni respetar sus derechos individuales y colectivos. “Nosotros no pagamos esos impuestos, pero tampoco recibimos nada de los malos gobiernos”, enfatizó el escrito.
Finalmente, el Gobierno Común criticó el uso de listas de asistencia para hacer firmar hojas en blanco a los pobladores y reiteró que el hostigamiento contra la autonomía se expresa en distintos rubros según la comunidad. Respecto a la «Gira por la Vida – Capítulo México» prevista para diciembre, concluyó que para evitar desplazamientos bastaría con que las autoridades atiendan las demandas de verdad y justicia de los colectivos de familias buscadoras y organizaciones sociales.
Con información de La Jornada
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