La denuncia

Armagedón

“No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido; porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará la vida de los que los despojan”
Proverbios 22:22-23

La salud pública como botín de cuello blanco
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
Impresionante la velocidad con la que creció el escándalo alrededor del depuesto director del CESSA Dr. Maximiliano Dorantes. Los cuestionamientos corren por los pasillos de IMSS Bienestar, mientras el químico -aseguran que sólo es técnico laboratorista- Álvaro tiembla ante la avalancha que cuesta abajo siente que viene

Lo que inicialmente parecía una inconformidad administrativa comenzó a convertirse en algo mucho más delicado: versiones sobre presuntas alianzas con directivos de otros hospitales para canalizar estudios hacia una empresa determinada, posibles intereses compartidos por Doris, una esposa aviadora protegida por Lucatero; todo un traqueteo del diablo y un entramado que, de confirmarse, obligaría a revisar contratos, convenios, facturación y beneficiarios

Se pensó que el punto más sensible sería la supuesta imposibilidad de comprobar alrededor de dos millones de pesos, televisores y muebles desaparecidos del Maximiliano Dorantes -todo con cargo a la remodelación. Los escenarios sutilmente se agravan. Esos datos, habrían sido sólo la gota que derramó el vaso y explicaría parte del nerviosismo de Álvaro generado en las últimas horas

También comienzan a rodar nombres de siete socios relacionados con la empresa señalada y de amigos profesionistas y funcionarios que hoy muestran cierto alivio por haberse negado, en su momento, a participar en el supuesto esquema de esa empresa triunfadora que tiene en la bolsa indebidas e ilegales ganancias millonarias. A saber

La revisión de la documentación del direccionamiento de estudios, el evidente e ilegal conflicto de interés o recursos sin comprobar, tienen huellas y rastros de su existir: órdenes de servicio, facturas, transferencias, contratos, nombres de empresas y autorizaciones. La pregunta política ya está sobre la mesa: Álvaro ¿Estamos ante simples irregularidades administrativas o frente a una red que utilizó instituciones públicas de salud para construir negocios privados?

La diferencia entre una cosa y otra no la determinan los rumores. La determinan los documentos en poder del equipo de investigación de Armagedón y créame que esa bomba no tarda y explota, aunque esa sería apenas la primera de muchas comprobaciones. Después los involucrados tendrían que demostrar: que existía necesidad médica real, que los precios correspondían al mercado y que los servicios efectivamente fueron proporcionados

Para ello deben existir los expedientes que acreditan cada procedimiento en revisión, que no hubo duplicidad de cobros; que no se fraccionaron contrataciones; que la selección del proveedor cumplió la normatividad, aunque, es seguro que existieron competidores artificiales; lo peor, imposible evitar seguir el rastro sobre la persona con poder institucional que intervino en beneficio propio

Los “cabos sueltos” indican que es evidente es que hay una sociedad oculta o relación económica entre funcionarios y proveedores; urge, además, verificar caso por caso si finalmente los pacientes recibieron aquello que el Estado pagó. Porque -dicho sea de paso- una factura no demuestra por sí misma que el dinero haya sido bien gastado. Sólo demuestra que alguien lo cobró

Ubiquemos, hay además un concepto que suele desaparecer en los discursos políticos: el costo de oportunidad. Cada peso público solamente puede gastarse una vez. Si esos 24 millones 975 mil 211 pesos fueron destinados correctamente a un servicio indispensable, existe una justificación sanitaria. Pero si -si como todo apunta- que una parte de ese recurso fuera resultado de sobreprecio, favoritismo, simulación, conflicto de interés o contratación innecesaria, entonces el daño no consistiría únicamente en dinero perdido

Consistiría en todo aquello que ese dinero dejó de financiar. En salud pública, por eso, la corrupción tiene una característica particularmente cruel: no roba únicamente pesos. Roba capacidad para atender enfermos. Y -lo que es peor- el químico Álvaro Alejandro y sus socios no entendieron que esos negocios algunas veces roban tiempo de vida, para determinados pacientes y ese tiempo no vuelve. Los ciudadanos terminan soportando la peor parte: primero pagan impuestos. Después llegan al hospital público y enfrentan carencias

Por ello, cuando aparecen operaciones millonarias potencialmente incompatibles con la función pública, la responsabilidad política consiste en investigar sin proteger apellidos, amistades, grupos ni estructuras internas. El peor error que podría cometer IMSS-Bienestar sería minimizar ¡Ya tienen a la rata acorralada!

La salida es muy sencilla: transparencia, revisión a conciencia del contrato, el procedimiento de adjudicación, las cotizaciones, las empresas participantes, las actas, los servicios prestados, los montos, las facturas, los responsables administrativos y sobre todo: la declaración de intereses de los funcionarios involucrados. Sin dejar de lado: la estructura accionaria del proveedor dentro de los límites legales correspondientes. Si todo fue correcto, allí estará la defensa de Álvaro

Si no lo fue, -que apriete fuerte y cierre los ojos porque allí aparecerá el problema-. Los documentos hablan bastante bien cuando los funcionarios dejan de interrumpirlos. Desvalijar en cualquier área pública es grave, pero hacerlo en salud posee una dimensión moral diferente porque al otro extremo del presupuesto existe alguien enfermo

Una madre esperando un estudio, un niño necesitando medicamentos, un anciano esperando consulta o una familia buscando sangre -como las que una fuente de alta confiabilidad asegura que vendían cuando el TL Álvaro Alejandro fue director del Centro Estatal de Hemoterapia (Banco de Sangre) para que no muriera un paciente por ser O (-) y el IMSS y Juan Graham no tenían el tipo de sangre

Familiares del paciente -pagaron a la mano y en efectivo 3,500 pesos por cada paquete globular, les vendían plasma, plaquetas y en una ocasión pagaron 18,500 pesos por hemoderivados-. Si no, al paciente le posponían la cirugía. Dimensionemos: cuando se trafica dinero en salud, puede quedar una persona sin tratamiento. Por eso la corrupción hospitalaria no debe medirse solamente en los millones que dice el estado de la cuenta bancaria. Debe medirse también en sufrimiento

Por eso los 24 millones 975 mil 211 pesos -de sólo dos meses revisados- que se señalan no deben verse simplemente como una cifra. La documentación que los acredita, demuestra además un vínculo incompatible entre la función pública y la empresa beneficiada, son pues, la ventana que hace comprender un problema mucho mayor para estos pillines de cuello blanco: cómo puede haber mucho dinero destinado a la salud y, al mismo tiempo, tan poca salud llegando al ciudadano

Entonces se entiende que algunas carencias quizá no comienzan en la farmacia. Comienzan en la contratación. No comienzan en Urgencias. Comienzan en la oficina. No empiezan cuando falta el medicamento. Empiezan cuando alguien descubre que administrar la escasez puede resultar más rentable que resolverla. Y ésa sería la verdadera enfermedad del sistema. Una que no aparece en ningún expediente clínico. Pero que puede consumir presupuestos enteros. Mientras el paciente espera o a veces muere

Mientras la familia paga. Mientras el funcionario calla. Y mientras los malvados socios ríen y facturan. Porque la salud pública se convierte en negocio privado para quien debería cuidarla, ya no estamos solamente ante una crisis médica. Estamos ante una enfermedad del Estado. Y para ésa no existe subrogación que alcance. Uf, esta zaga amaga con varios capítulos donde Doris, terminará por apretarle el pescuezo a Álvaro -cuando salga su ficha salarial de aviadora en el Hospital del Niño-, aprieta y reclama el karma: la salud pública como botín de cuello blanco

SEPTIMO SELLO
Paraíso ya no tiene solamente un problema judicial. Tiene un problema político. Tiene un problema institucional. Y comienza a tener algo quizá todavía más peligroso: un problema de confianza pública en la FGR. Lo que comenzó el 19 de agosto como un espectacular Operativo Enjambre de la Fiscalía General de la República contra integrantes del gobierno municipal terminó abriendo una grieta mucho más profunda de lo que probablemente imaginaron quienes participaron en aquella madrugada de cateos, detenciones y aseguramientos

SEPTIMA TROMPETA
Primero fue la persecución judicial contra el alcalde Alfonso Baca Sevilla. Después, la detención de funcionarios municipales. Luego, la licencia del presidente municipal. Después, la llegada de María Eliza Hernández Flores a la Presidencia bajo la etiqueta de traidora. Más tarde, las liberaciones de varios detenidos. Posteriormente, la renuncia de Edison García Wilson a la Dirección de Obras Públicas. Y ahora, finalmente, el propio Edison pide al Tribunal Electoral que quite del camino a María Eliza y ordene al Cabildo tomarle protesta como presidente municipal

SEPTIMA COPA
Paraíso pasó así, en menos de tres semanas, de tener un gobierno electo a tener una Presidencia disputada, un alcalde con licencia enfrentando una orden judicial, un exdirector liberado reclamando el cargo y una alcaldesa en funciones cuya propia vivienda fue atacada a balazos después de asumir el poder. Eso no puede describirse simplemente como una transición administrativa. Es una fractura política en desarrollo. Y quienes pueden terminar pagando el costo no son los políticos. Son los ciudadanos. Reclaman espacio los renglones torcidos de la FGR.