La denuncia

Armagedón

“Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”
Eclesiastés 12:4

Cuando Ecopark se volvió botín
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
Hay escándalos políticos que nacen de fotografías o videos. Otros, de una grabación y algunos, mucho más peligrosos para el poder, nacen de algo menos espectacular, pero bastante más difícil de desaparecer: de escrituras, catastros, fusiones de predios, sociedades mercantiles, notarías y fechas. El caso que desde 2020 persigue la trayectoria política de Mara Lezama, hoy gobernadora de Quintana Roo, pertenece a esta última categoría

No existe, hasta donde permiten establecer las fuentes públicas revisadas, una sentencia que determine que la gobernadora haya cometido enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad o cualquier otro delito relacionado con estas operaciones. Hay que establecerlo claramente. Pero tampoco estamos frente a un simple meme fabricado ayer en una cuenta anónima. Las denuncias existen. Las operaciones inmobiliarias son reales. Las empresas concurren y las escrituras citadas son inocultables

En la última versión de la “noche de los cuchillos largos”, la guerra entre Morena y el PVEM se deja sentir descarnada y feroz, purga política que hace rememorar la también llamada: “Operación Colibrí” en 1934. Son “polvos de viejos lodos” generados por el bloqueo del PVEM a las reformas estructurales de Claudia Sheinbaum en el 2026, son tiempos de cobro de facturas y una batalla de filtraciones en las cuales la rebatinga hace retumbar los tambores de guerra en la batalla de Quintana Roo

¿Casualidades? Seis años después, una nueva investigación de Proceso reconstruye modificaciones catastrales relacionadas con el mismo terreno y reporta que Fonatur llegó a advertir formalmente sobre una posible afectación al Ecopark Cancún. Por eso el problema político ha regresado. Y regresó con una pregunta que el tiempo no contestó: ¿Qué ocurrió realmente con esos terrenos mientras Mara Lezama gobernaba Benito Juárez?

La investigación difundida desde 2020 describió una permuta protocolizada ante la Notaría Pública Número 30. Según aquella reconstrucción, Tarjetel del Sureste transfirió a Buró Inmobiliario América el inmueble donde se encontraba el antiguo Club Casa Blanca, después de una serie de modificaciones territoriales y una fusión que elevaron sustancialmente su superficie. La operación quedó valuada en 171 millones 395 mil 678 pesos. A cambio participaron distintos inmuebles, entre ellos dos residencias en Puerto Cancún

Una de ellas fue valuada en la operación en 25 millones de pesos y la otra en 44 millones. La investigación periodística sostuvo que la familia Lezama-Terrazas utilizaba la primera de esas propiedades. Por tanto, decir: “Mara Lezama tiene una casa de 171 millones”, no es lo documentalmente sólido. La formulación periodísticamente defendible es otra: una operación inmobiliaria valuada en 171.39 millones de pesos incluyó una residencia de Puerto Cancún que distintas investigaciones vincularon posteriormente con el uso de la familia de Mara Lezama

Parece una diferencia semántica. No lo es. Es la diferencia entre hacer propaganda y hacer periodismo. Y, paradójicamente, cuando se elimina la exageración aparece una historia mucho más complicada. Porque el escándalo no es la alberca, el problema no consiste en que una funcionaria pueda tener amigos ricos. Tampoco en que alguien pueda prestar una residencia. Ni siquiera en que una familia de un servidor público realice negocios inmobiliarios

Todo eso puede ser perfectamente legal. El problema surge cuando varias circunstancias se encuentran en la misma mesa: familiares de una autoridad realizando operaciones inmobiliarias; empresarios relacionados con una permuta multimillonaria; decisiones catastrales tomadas por el gobierno encabezado por esa autoridad; terrenos con antecedentes de conservación ecológica; notarías recurrentes; y finalmente una propiedad derivada de aquella operación vinculada al entorno familiar de la funcionaria

Entonces ya no basta decir: “es una casa prestada”. Porque la pregunta no es únicamente quién tenía las llaves. La pregunta es: ¿Cómo llegó esa casa hasta esas manos? Y antes todavía: ¿Cómo llegó el terreno público o ecológicamente protegido hasta aquella operación inmobiliaria? Ahí empieza la parte verdaderamente delicada, porque el terreno es más importante que la mansión

La investigación original sostuvo que el antiguo Club Casa Blanca tenía alrededor de 18 mil metros cuadrados y que posteriormente se le incorporó otro polígono de más de 15 mil metros cuadrados mediante diversos movimientos registrales y catastrales. Los reportes de 2020 señalaron que una cédula catastral municipal reconoció aproximadamente 15 mil 871 metros cuadrados adicionales como propiedad privada y que ese terreno terminó incorporándose a Tarjetel del Sureste y fusionándose con el predio original

Una reciente investigación de Proceso reconstruyó documentalmente cómo el predio donde hoy se proyecta el desarrollo Zenit Cancún pasó de 15 mil 239.25 a 33 mil 968.25 metros cuadrados mediante certificaciones catastrales, rectificaciones y fusiones. La misma investigación sostiene que esa modificación coincidió con una reducción de 13 mil 934.26 metros cuadrados de la superficie registrada del Ecopark Cancún

Y reporta algo todavía más comprometedor: el 25 de marzo de 2021, el entonces director jurídico de Fonatur solicitó a Mara Lezama, entonces presidenta municipal, realizar urgentemente un apeo y deslinde ante la posibilidad de que existiera una afectación al inmueble destinado a conservación. Eso cambia la naturaleza del debate. Porque ya no se habla solamente de: “un medio dijo que la alcaldesa vivía en una residencia elegante”

Se debate una modificación territorial respecto de la cual un organismo federal habría advertido formalmente al propio Ayuntamiento que debía verificarse si estaba siendo afectado patrimonio destinado a conservación ecológica. Y eso merece respuestas documentales. Muchas. La pregunta que Mara debe contestar no es “¿De quién es la casa?”. Esa pregunta es demasiado pequeña. Las preguntas relevantes que Mara Lezama debe responder son: ¿Quién promovió las rectificaciones catastrales?

¿Qué funcionarios las autorizaron? ¿Con qué títulos y antecedentes registrales? ¿Por qué aumentó la superficie del inmueble privado? ¿Por qué disminuyó simultáneamente la superficie atribuida al Ecopark? ¿Qué respondió el Ayuntamiento al oficio de Fonatur de marzo de 2021? ¿Se realizó finalmente el apeo y deslinde? ¿Cuál fue su resultado? ¿Existe un dictamen que descarte definitivamente afectación al patrimonio público? Y, después de todo eso

¿Qué relación existía entre los beneficiarios privados de aquella cadena inmobiliaria y Mara Lezama, entonces presidenta municipal? Ahí es dónde la ahora gobernadora tiene atrapados los dedos en la bisagra de la puerta, dicho sea de paso: eso es rendición de cuentas. Lo demás es ruido con nombre y apellido. Estas filtraciones son apenas el inició de la guerra de Morena contra el PVEM, un recordatorio de cuando el Ecopark se volvió botín

SEPTIMO SELLO
La gobernadora Mara Lezana no se puede ser juez y parte de la moral pública, la Cuarta Transformación hizo del combate a la corrupción uno de sus principales argumentos de legitimidad. Eso tiene consecuencias. Quien gobierna bajo esa bandera acepta voluntariamente un estándar más alto. No puede exigir documentación para investigar a adversarios y pedir confianza cuando las preguntas alcanzan a los propios

SEPTIMA TROMPETA
No puede sostener que el patrimonio público es sagrado y considerar una impertinencia preguntar por 13 mil metros cuadrados de una reserva. No puede invocar transparencia desde Palacio de Gobierno mientras un expediente inmobiliario permanece cubierto por seis años de dudas. Porque la corrupción no cambia de naturaleza dependiendo del color partidista de quien sea señalado. Lo que era escandaloso con el PRI sigue siendo escandaloso con Morena. Lo que merecía explicación bajo el PAN sigue mereciéndola bajo la 4T

SEPTIMA COPA
Y lo que sería considerado conflicto de interés en un adversario no puede transformarse mágicamente en coincidencia inmobiliaria cuando sucede entre aliados. Las escrituras, afortunadamente, todavía no han aprendido disciplina partidista y en PVEM los negocios tienden a ser cínicos, herencia del Niño Verde. Ya que andamos en la Riviera Maya es inocultable que vienen tiempos de guerra por la gubernatura de Quintana Roo parece que a la viajera de Mara ya le tienen de cabeza algún “santito”. Mañana regresamos con el tema de la Mari Luz y sus violaciones al marco jurídico.