La denuncia

Los restos humanos –en proceso de estudio– hallados en más de una veintena de bolsas, conocidas como “petrosas” debido a su dureza y a que fueron sometidas a altas temperaturas, encontradas en el basurero de Cocula y en el río San Joaquín, son parte de un conjunto de “muchísimos” fragmentos corporales rescatados dentro y fuera de la funeraria El Ángel, en Iguala, Guerrero. Éstos no fueron tomados en cuenta por las investigaciones y, según las pesquisas más recientes de la Fiscalía General de la República, se consideran un factor que podría impulsar un vuelco profundo en toda la narrativa sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

La omisión de esos elementos, posiblemente probatorios de lo que sucedió en la noche de Iguala, podría haber pervertido toda la investigación y es por ello que hoy se encuentran bajo estudios rigurosos. Un grupo de investigadores forenses se ha dado a la tarea de averiguar cuáles son las pruebas que no se quisieron analizar en los estudios anteriores.

Algunas de esas “petrosas”, que fueron halladas durante todo el tiempo de la investigación en varios lugares, estuvieron a la vista de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de los organismos civiles involucrados en el caso, pero a ninguno le pareció relevante el hecho y fueron desestimadas, porque, según se dice, podrían apoyar a la llamada “verdad histórica”, que se niegan a aceptar los organismos representantes de los padres de las víctimas de la “noche de Iguala”.

Muchos de los restos humanos fueron hallados en la misma funeraria y, otros tantos, en varios lugares de Iguala. Muchas de esas osamentas se encuentran en más de 20 “petrosas” que han sido desenterradas y, puede decirse, apenas se encuentran en estudio, sin que hasta el momento se tengan resultados que confirmen si pertenecen a los 43 desaparecidos.

Cabe recordar que la funeraria tenía el control –como concesión del gobierno– del Servicio Médico Forense desde 2011, primer año de gobierno de Ángel Aguirre Rivero, y contaba también con tres hornos crematorios; uno de ellos operaba de forma clandestina y no tenía registro oficial. Hoy, la funeraria es, quizá, el punto más importante de las nuevas líneas de investigación.

La primera bolsa hallada en el basurero de Cocula estuvo en manos de los investigadores y también del aparato de gobierno que supuestamente buscaba esclarecer la desaparición de los 43. No hay, en el trabajo de los expertos de aquel entonces ni en el de los gobiernos, tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como de Morena, a quienes correspondía realizar las indagatorias, mayor profundidad en cuanto a los restos hallados en las bolsas.

Los relatos de algunos de los padres aseguran que los representantes, en general, decidieron no pedir mayores datos sobre lo que contenían las “petrosas”, determinación que fue apoyada por ellos. La primera bolsa con restos apareció en el mismo 2014 y, aunque se exigió que fueran analizados por peritos extranjeros, hasta ahora no se tiene ningún resultado de las pesquisas.

Al escuchar los relatos de gente involucrada en las investigaciones, llama la atención cómo advierten que la primera bolsa, etiquetada con restos al parecer humanos, pasó años “guardada” en el crematorio clandestino anexo a la funeraria, sin que se le diera la importancia que hoy tiene para las autoridades encargadas de seguir el caso.

Las más de 20 bolsas con restos, hasta donde logramos saber, han sido sometidas ahora a un conjunto de análisis de laboratorio para tratar de probar científicamente a quién pertenecían.

Lo que cada vez es más difícil de aclarar en la investigación es por qué se pasó por alto, o por qué no se quiso indagar más sobre las bolsas y su contenido. La versión de que no se quiere dar ninguna credibilidad a la llamada “verdad histórica” es la que más suena, pero para los investigadores actuales es necesario intensificar la búsqueda en cada metro de la funeraria, porque existe la sospecha de que aún hay “petrosas” enterradas.

Así las cosas, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, comprometido con las investigaciones, ha tenido que enfrentar la estructura de una red de complicidades, aún no denunciadas, que invisibilizó una serie de pruebas y datos que podrían haber dado luz al caso y que quedaron al descubierto con el repaso que la Fiscalía General de la República hizo sobre declaraciones y elementos que fueron ignorados o desechados y que hoy parecen gritar nombres, como el de Aguirre Rivero, que han permanecido en la impunidad.

Relaciones políticas ignoradas

Las revelaciones dadas a conocer en los días recientes advierten del caso omiso, o de un posible acuerdo entre personajes con influencia política, que hicieron inmune a gente involucrada, como el caso del entonces gobernador Ángel Aguirre, y en el que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se convierte en el vértice de todas las complicidades, advierten los datos obtenidos por este diario y que, según las fuentes, se hallan en las declaraciones, principalmente de los padres de los desaparecidos, recabadas por las autoridades involucradas en el caso.

Pero en la cadena no está solo el PRD; ahí se unen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el grupo de expertos conocido como GIEI y algunos entes de la estructura de los poderosos organismos civiles, que no hallaron, ni en las pruebas ni en las declaraciones, nada que pudiera conducir las pesquisas hacia algunos personajes del poder civil.

Para establecer estos vínculos es necesario recordar que la corriente perredista Nueva Izquierda –cuyos principales dirigentes, Jesús Ortega y Jesús Zambrano– participó directamente, dicen las crónicas del momento, en la construcción de la candidatura de Ángel Aguirre, un priísta cuyo mandato se dio en sustitución de Rubén Figueroa, quien salió del gobierno en 1996 en medio de una crisis social provocada por la matanza de Aguas Blancas, un poblado de la Costa Grande, en el municipio de Coyuca de Benítez, en la que murieron 17 campesinos a manos de la policía estatal.

Años después, desechado por el PRI, que prefirió dar la candidatura del estado a Manuel Añorve, Aguirre busca un segundo mandato y, arropado por el grupo perredista de Nueva Izquierda, se convierte en el candidato ganador de las elecciones para gobernador, triunfo que llegaba acompañado del de José Luis Abarca para la alcaldía de Iguala. Ángel Aguirre dejó el puesto después de los hechos en los que desaparecen los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

No es posible omitir el hecho de que, tanto en Aguas Blancas como en Ayotzinapa, la policía local fue señalada como la pieza principal, o la única, en la represión sucedida.

Lo anterior es uno de los tres ejes en los que se desarrolló la investigación, en la que, según se establece, Aguirre Rivero y José Luis Abarca están vinculados en la estructura política que movía los hilos del poder en Guerrero desde antes de los hechos de la noche de Iguala.

Las investigaciones no paran. Según quienes intentan saber qué sucedió aquella noche del 26 al 27 de septiembre de hace casi 12 años, aún hay elementos que no han sido analizados y que podrían establecer nuevas hipótesis.

Lo que sí está claro entre todos es que es muy difícil, después de tanto tiempo y tantas intervenciones “perversas”, que pueda saberse con exactitud el paradero de los 43 estudiantes, pero están seguros de que los culpables pagarán.

Con información de La Jornada