La denuncia

CAYUCO
Enrique Muñoz González

No hay hombre que tenga
potestad sobre el espíritu
para retener el espíritu, ni potestad
sobre el día de la muerte”.

Eclesiastés 8:8.

PONGALE NOMBRE Y APELLIDO.

Sobre todo a quienes llegan al poder creyendo que el cargo es eterno, que el presupuesto público les pertenece y que gobernar significa enriquecerse, proteger amigos, premiar cómplices y construir fortunas que jamás podrían explicar con sus salarios.

La historia está llena de hombres que confundieron el poder con la inmortalidad.
Gobernadores que se sintieron dueños de sus estados. Presidentes que se creyeron indispensables.

Funcionarios que hicieron negocios desde el escritorio público.
Políticos que acumularon casas, ranchos, empresas, cuentas bancarias y prestanombres mientras millones de ciudadanos apenas podían llevar comida a sus hogares.

Todos tuvieron algo en común: creyeron que nunca llegaría la hora de rendir cuentas. Y quizá algunos consigan evitar durante años la justicia de los hombres.

Pueden controlar fiscalías. Pueden comprar silencios. Pueden conseguir jueces complacientes.
Pueden utilizar el poder para perseguir adversarios y proteger aliados.

Pueden esconder propiedades detrás de familiares, socios y prestanombres.
Pueden incluso construir una narrativa para presentarse como honestos mientras alrededor de ellos florecen fortunas inexplicables.

Pero existe una autoridad frente a la cual no funcionan influencias, recomendaciones ni llamadas telefónicas.
La muerte. Ahí termina el fuero. Ahí se acaba la escolta. Ahí desaparece el cargo.
Ahí deja de importar el partido político.

Ahí no existe presidente, gobernador, senador, diputado, secretario ni poderoso empresario.
Ahí solamente queda el ser humano frente a lo que hizo con su vida.

El Salmo 49:17 lo advierte:

“ Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria.”

Por eso resulta grotesca la obsesión de algunos políticos por enriquecerse.
Roban como si fueran eternos.

Acumulan como si pudieran llevarse las propiedades.
Se corrompen como si fueran a gobernar para siempre.
Traicionan amistades, principios y hasta familias por conservar unos cuantos años de poder.

¿Para qué?
¿Para dejar millones que otros gastarán?
¿Para acumular casas donde finalmente vivirán otros?
¿Para construir fortunas que terminarán disputándose herederos, abogados y socios?

¿Para aparecer durante algunos años en fotografías oficiales que después terminarán arrumbadas en algún archivo?
La muerte es brutalmente democrática.

No distingue entre Palacio Nacional y la vivienda más humilde.
No pregunta por encuestas.
No reconoce mayorías legislativas.
No acepta decretos. No respeta fueros.
No negocia contratos. No recibe sobornos. Y tampoco conoce la impunidad.

Cuando llega, el automóvil blindado se queda estacionado. La residencia cambia de dueño.
El despacho lo ocupa otro.
Los escoltas reciben nuevas instrucciones.
Los aduladores buscan inmediatamente otro jefe.

Y aquellos que durante años gritaban “¡señor gobernador!”, “¡señor presidente!” o “¡señor secretario!” descubren repentinamente que el poder tenía fecha de caducidad.

Entonces queda solamente una pregunta:

¿Valió la pena?

¿Valió la pena robar?

¿Valió la pena traicionar?

¿Valió la pena humillar?

¿Valió la pena destruir reputaciones?

¿Valió la pena enriquecerse con dinero que pertenecía a hospitales, escuelas, carreteras, seguridad y programas destinados a quienes menos tienen?

Porque robar dinero público no significa únicamente llevarse billetes.

Detrás de cada peso desviado puede existir una medicina que no llegó, una operación que tuvo que esperar, una escuela que no se reparó, una carretera que permaneció destruida o una familia que nunca recibió la ayuda prometida.

Esa es la verdadera dimensión moral de la corrupción.
El corrupto no solamente roba dinero.
También roba oportunidades, esperanza y, en ocasiones, hasta vidas.

Y llegará inevitablemente el día en que ningún abogado podrá presentar un amparo contra la muerte.
No habrá juez que conceda una suspensión definitiva.

No habrá fiscal que archive el expediente.
No habrá presidente que otorgue protección.
No habrá gobernador que mande una patrulla.
No habrá partido político capaz de conseguir impunidad.

Porque la última cita no aparece en ninguna agenda oficial.
Y a esa cita nadie llega acompañado por sus propiedades. El poder se queda.
Las residencias se quedan.

Los ranchos se quedan. Las empresas se quedan. Los automóviles se quedan.
Las cuentas bancarias se quedan.
Los cargos se quedan.
Hasta el dinero se queda en las puertas de la muerte. Nosotros nos vamos.

Por eso quienes hoy gobiernan deberían preguntarse, mientras todavía están a tiempo, qué quieren dejar detrás de ellos: una fortuna sospechosa o un nombre respetable; propiedades para sus descendientes o dignidad para su apellido; cuentas bancarias repletas o una conciencia tranquila.

Porque hay algo todavía más triste que morir pobre: morir inmensamente rico después de haber desperdiciado la vida acumulando aquello que jamás pudimos llevarnos.

Y para quienes hicieron del poder un negocio, todavía queda una sentencia más incómoda:

podrán escapar de una auditoría, de una fiscalía, de un tribunal y hasta de la justicia de todo un país.
Pero nadie ha encontrado todavía el soborno suficiente para comprarle un minuto a la muerte.

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