La denuncia

Armagedón

“Defiende al débil y al huérfano; haz justicia al afligido y al menesteroso. Libra al afligido y al necesitado; líbralos de mano de los impíos”
Salmos 82:3-4

134 niñas convertidas en madres y los agresores desaparecidos
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
La declaración del secretario de Salud de Tabasco, Alejandro Calderón Alipi, no revela solamente un cambio en la edad de las gestantes. Expone una herida profunda en la sociedad tabasqueña: niñas de entre diez y catorce años están llegando embarazadas a los servicios de salud, mientras detrás de cada caso puede encontrarse una historia de abuso sexual, manipulación, violencia, encubrimiento familiar y omisión institucional

No estamos frente a una modalidad más temprana del llamado “embarazo adolescente”. Tampoco ante un fenómeno que pueda explicarse únicamente por falta de anticonceptivos, desconocimiento de métodos de planificación familiar o supuesta “precocidad” de las nuevas generaciones. Cuando una niña de diez, once o doce años está embarazada, la pregunta principal no debe ser por qué no se protegió

La pregunta impostergable es quién tuvo acceso sexual a la niña, qué edad tiene esa persona, qué relación mantenía con la víctima, quiénes conocían la situación y qué autoridades fallaron antes de que la violencia terminara manifestándose en un embarazo. La gravedad de la advertencia oficial radica precisamente en que, aunque no se reporte un crecimiento global de los embarazos adolescentes, la incidencia se está desplazando hacia edades menores

El secretario de Salud afirmó un dato relevante: “que antes la concentración se observaba entre los dieciocho y veinte años, mientras ahora se detectan casos de diez a catorce”. También sostuvo: “que siete de cada diez agresiones sexuales contra menores provienen de familiares o personas cercanas al entorno cotidiano de las víctimas”. Ese desplazamiento destruye cualquier lectura complaciente de las cifras

No puede hablarse de éxito porque el número total no haya aumentado si, dentro de ese universo, las embarazadas son cada vez más pequeñas. La estadística puede permanecer estable y, sin embargo, la tragedia puede volverse mucho más grave. Ubiquemos: una joven de diecinueve años y una niña de diez no representan el mismo fenómeno médico, jurídico ni social

Es indispensable dimensionar que no se trata de madres precoces: son niñas posiblemente violentadas. El primer problema es el lenguaje. Llamar “madre adolescente” a una niña de diez o doce años puede parecer una descripción neutral, pero en realidad transforma a la víctima. La palabra madre desplaza la atención hacia la gestación, el parto y el recién nacido, mientras borra de la escena al hombre o adolescente que produjo el embarazo

La niña termina convertida en protagonista, mujer y responsable de una historia cuya autoría puede corresponder a un agresor. La sociedad le pregunta a ella: ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué no habló? ¿Por qué tenía novio? ¿Por qué salió de su casa? ¿Por qué no se resistió? Pocas veces se interroga con la misma dureza al posible responsable: ¿Por qué un adulto sexualizó a una niña? ¿Por qué tuvo acceso permanente a ella? ¿Quién le permitió acercarse? ¿Quién conocía la relación? ¿Quién decidió guardar silencio?

La violencia sexual infantil no siempre ocurre mediante golpes, amenazas explícitas o secuestros. Puede construirse lentamente a través de regalos, favores, secretos, manipulación afectiva, chantaje, dependencia económica, autoridad familiar o miedo. Una niña puede decir que quiere al agresor. Puede protegerlo, defenderlo o resistirse a denunciarlo. Incluso puede creer que sostiene una relación amorosa. Nada de eso demuestra que exista una relación entre iguales

El agresor puede haberla convencido de que guardar silencio es una prueba de amor, que denunciar destruirá a la familia o que ella será culpable de mandarlo a prisión. El sometimiento psicológico funciona precisamente cuando la víctima termina creyendo que debe proteger a quien la dañó. El embarazo no convierte esa relación en una familia. Puede convertirla en la prolongación de una estructura de abuso

Un dato importante es que la cifra oficial muestra que no se trata de casos aislados, los datos disponibles impiden tratar el fenómeno como una rareza. La Estadística de Nacimientos Registrados de 2024 contabilizó en Tabasco 1,907 nacimientos de madres de entre diez y diecisiete años. De ellos, 134 correspondieron a niñas de diez a catorce años. Son 134 nacimientos, no necesariamente la totalidad de los embarazos ocurridos

La cifra no incorpora por sí sola todos los abortos espontáneos, interrupciones, embarazos no registrados o casos atendidos fuera del periodo correspondiente. Cada uno de esos 134 nacimientos debió provocar, como mínimo, una revisión del contexto de la gestación. Son preguntas obligadas ¿En cuántos casos se identificó al padre biológico? ¿Cuántos responsables eran adultos? ¿Cuántos tenían parentesco con la niña? ¿Cuántas denuncias fueron presentadas? ¿Cuántas carpetas fueron judicializadas? ¿Cuántas órdenes de protección se concedieron? ¿Cuántas víctimas siguieron viviendo con el probable agresor? ¿Cuántas sentencias se obtuvieron?

La ausencia pública de respuestas a estas preguntas constituye parte del problema. El Estado sabe contar nacimientos, pero no siempre informa qué ocurrió con quienes embarazaron a las niñas. Esa asimetría es políticamente escandalosa. El sistema registra el parto, expide el acta, vacuna al recién nacido y llena formularios. Sin embargo, el rastro penal del probable responsable puede perderse entre oficios, incompetencias, silencios familiares y carpetas que no avanzan

Una política pública seria no debe limitarse a saber cuántas niñas dieron a luz. Debe demostrar cuántos agresores fueron identificados y cuántas víctimas recibieron protección integral. La responsabilidad política: no basta con reconocer la alarma. Debe reconocerse que Calderón Alipi colocó correctamente el problema en el terreno de la violencia sexual y no sólo en el de la reproducción. Esa definición es importante porque debería obligar a modificar la respuesta gubernamental y prende las alarmas hacia hospitales y la FGE

No basta con que Salud atienda el embarazo si la Fiscalía no investiga. No sirve abrir una carpeta si la niña regresa a dormir bajo el mismo techo que el probable agresor. No tiene sentido dictar una medida de protección si nadie vigila su cumplimiento. Tampoco puede hablarse de restitución de derechos si la víctima abandona la escuela, queda económicamente dependiente y es obligada a asumir una maternidad sin apoyo. El derecho obliga a denunciar y proteger

Por tanto, un embarazo infantil no puede ser tratado como un secreto social. El médico que atiende a una niña embarazada no se encuentra solamente frente a una paciente obstétrica. Está frente a una posible víctima de violencia sexual. En materia de infancia, la omisión institucional también causa daño. Cada autoridad que calla puede dejar a la víctima expuesta a nuevas agresiones. Tabasco observa cara a cara a 134 niñas convertidas en madres y los agresores desaparecidos

SEPTIMO SELLO
Ayer el gobernador Javier May hizo una denuncia contra Lorena Beaurregard desnuda una contradicción política difícil de ocultar. La ex candidata perdedora de las elecciones pasadas que ahora pretende erigirse en fiscal moral del poder habría sido, -según el mandatario-, beneficiaria de diez concesiones para vender alcohol durante el gobierno de Andrés Granier

El señalamiento del gobernador May Rodríguez pega de lleno en la crítica de Beaurregard de los Santos que deja de parecer vigilancia democrática y comienza a oler a moral selectiva: indignación cuando se está fuera del gobierno y silencio cuando se disfruta de sus privilegios. Lorena Beaurregard debe aclarar estos cuestionamientos. La polémica nació después de que Beaurregard grabara y cuestionara a May por viajar en clase Premier, aunque el gobernador sostuvo que el asiento derivó de un ascenso otorgado por la aerolínea

SEPTIMA TROMPETA
El episodio confirmó que la ex candidata busca convertir cualquier imagen en munición política, aunque para ello tenga que sustituir el análisis por el espectáculo. May respondió golpeando donde más duele: en el nebuloso pasado de su adversaria. Porque la autoridad moral no se fabrica con un teléfono celular ni con videos estridentes. Se construye con congruencia. Quien recibió beneficios del poder no puede presentarse después como enemiga incorruptible de los privilegios sin explicar primero los propios abusos y beneficios del poder

El respaldo popular que recibe May en territorio también exhibe la distancia entre la oposición digital y la realidad social. Mientras Lorena Beaurregard intenta gobernar la conversación desde las redes, el mandatario apuesta por presencia directa y obra pública. Una busca viralidad; el otro busca conservar legitimidad

SEPTIMA COPA
La crítica es necesaria en democracia, pero la hipocresía política termina devorando a quien la práctica. Beaurregard de los Santos quiso exhibir al gobernador y terminó abriendo la puerta para que se revisara su propio historial. Lo peor, esas diez concesiones de venta de alcohol; exhibe una maquinaria que al paso del tiempo ha envenenado a muchos tabasqueños

En política, quien arroja piedras desde una casa de cristal suele descubrir demasiado tarde que las redes sociales no sirven como blindaje. La pelota está en el campo de la señora Beaurregard de los Santos, quien tiene la obligación de aclarar el origen, la forma y las secuelas sociales de esos depósitos de venta de alcohol. Habrá que recordar que Lorena Beaurregard fue parte del gobierno de Andrés Granier