La denuncia

Armagedón

“Como lobos que arrebatan presa, derraman sangre, para destruir las almas y obtener ganancias injustas”
Ezequiel 22:27

Hostigamiento y abusos rompe la paz laboral en el CECyTE
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
Guadalupe Arias Acopa, director general del CECyTE Tabasco nombrado en marzo de 2025 con el encargo público de trabajar en beneficio de la formación de los jóvenes del subsistema. Desde su llegada todo se trastocó el ambiente laboral sano. En abril de 2026, el Gobierno de Tabasco difundió que la austeridad y la disciplina en el gasto del organismo se traducían en mejores condiciones para atender a la comunidad estudiantil

Esa narrativa choca frontalmente con múltiples denuncias del personal. No puede presumirse ahorro institucional si ese ahorro se obtiene debilitando jornadas, reduciendo ingresos o manteniendo trabajadores en condiciones precarias. La austeridad es una política de racionalización del gasto, no una licencia para precarizar al magisterio. El ahorro que se consigue retirando derechos no es eficiencia. Es transferencia del costo institucional hacia el trabajador

Desde la llegada de Arias Acopa tampoco puede hablarse de mejores condiciones educativas: el personal denuncia hostigamiento y discriminación. La actual administración ha lacerado la paz laboral. El verdadero estado de una institución no se mide en las ceremonias protocolarias para la foto de la secretaria de Educación. Se mide un martes cualquiera, cuando el director no está posando para la cámara y el trabajador necesita saber si su salario llegará completo

Las cosas están tan mal que la responsabilidad política ha rebasado al director general, el conflicto ya no corresponde exclusivamente a Guadalupe Arias Acopa o al director académico señalado por los docentes. Al tratarse de un organismo público educativo, la responsabilidad política alcanza a una secretaria de Educación que no sabe ni dimensiona lo que es supervisar el funcionamiento de sus responsabilidades; por ello, los conflictos una y otra vez estallan en los medios de comunicación

La esfera del poder no le permite ver a la señora Iparrea Sánchez que la omisión también gobierna. Si la Secretaría de Educación conoce las denuncias y no interviene, asume el costo político de permitir que el conflicto se deteriore. Si no las conoce, exhibe una preocupante desconexión con uno de sus subsistemas. Y si únicamente recibe la versión de la dirección general, está renunciando a su deber de escuchar a la parte laboral

No basta con convocar una reunión para tomarse la fotografía del diálogo. La mesa debe tener efectos verificables: Suspensión provisional de medidas que puedan causar daños irreparables. Revisión individual de las cargas académicas afectadas. Auditoría de los descuentos salariales. Publicación de criterios para asignar horas. Garantías escritas de no represalia, tanto Patricia Iparrea como Guadalupe Arias deberían comprender que todos esos abusos pegan de lleno en una imagen de gobierno que Javier May detesta

A todo lo anterior, agregue las organizaciones sindicales paleras: en un conflicto de esta naturaleza la actuación y complicidad de las representaciones sindicales deja mucho que desear. El sindicato sólo existe para administrar silencios y para proteger su relación con la dirección. Líderes agachones que ajenos a su función de defender los derechos colectivos e individuales, acompañar procedimientos, impugnar descuentos y evitar represalias ¡Están vendidos!

Los problemas han rebasado la confidencialidad de la institución; de allí que los trabajadores hayan tenido que recurrir directamente a pronunciamientos públicos porque sus representantes no lograron abrir canales efectivos de defensa, entonces hay dos conflictos: la autonomía sindical no significa indiferencia. Y la prudencia gremial no puede convertirse en complicidad pasiva

En el magisterio, donde la administración controla horarios, planteles, compensaciones y cargas, el trabajador aislado se encuentra en una situación de clara desventaja. Por eso, cualquier división interna favorece al poder burocrático. Mientras unos docentes son señalados como conflictivos y les inventan cargos; otros, guardan aterrador silencio para conservar sus horas, Guadalupe Arias así fortalece su capacidad de decidir y aplastar sin contrapesos

El problema es que el silencio comprado con estabilidad temporal nunca garantiza seguridad permanente. Hoy se castiga al inconforme; mañana, cuando convenga a otro grupo, se reemplaza al dirigente sindical obediente, mientras los empleados enfrentan castigos arbitrarios sin procedimiento; lo peor, los inconformes afirman que ninguno de los afectados enfrenta procedimientos disciplinarios ni acusaciones formales por incumplimiento, abandono de labores, faltas académicas o conductas impropias

Y ese punto resulta central. Si la administración considera que determinados trabajadores incumplen sus obligaciones, debe iniciar los procedimientos correspondientes, comunicar los hechos atribuidos, permitir la defensa, recibir pruebas y emitir una resolución fundada. Lo que no puede hacer es imponer sanciones encubiertas mediante reducción de horas, descuentos, segregación o deterioro deliberado de las condiciones laborales, todo con la complicidad del sindicato

El abuso es total: una autoridad educativa no puede acusar sin expediente, castigar sin procedimiento y difamar sin pruebas. La ausencia de procedimientos formales coloca a Arias Acopa frente a una contradicción insostenible: o los trabajadores cumplen con sus funciones y, por tanto, no existe una razón disciplinaria para afectarlos; o han cometido irregularidades y Guadalupe Arias Acopa ha sido incapaz de documentarlas y procesarlas conforme a derecho

En ambos casos, la administración queda mal parada. Más grave todavía es utilizar campañas de desprestigio para construir retrospectivamente una justificación. Primero se reduce la carga, después se aísla al trabajador y finalmente se difunde la versión de que era improductivo, rebelde o problemático. Es el viejo manual de la burocracia punitiva: fabricar el perfil negativo de la víctima para que el abuso parezca una consecuencia merecida

Los títulos de posgrado, las evaluaciones, la actualización profesional y el reconocimiento de la comunidad no vuelven intocable a ningún maestro. Pero sí obligan a que cualquier decisión adversa sea explicada con criterios comparables, verificables y aplicados a todos por igual. La sumatoria es que el hostigamiento y abusos rompe la paz laboral en el CECyTE

SEPTIMO SELLO
La denuncia formulada por docentes y trabajadores administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco no puede reducirse a un pleito interno por horarios, cargas académicas o diferencias personales. Lo que se describe es mucho más grave: la posible instauración de un modelo de control laboral basado en la incertidumbre, la vigilancia selectiva, la segregación profesional y el uso discrecional del salario como mecanismo de sometimiento

SEPTIMA TROMPETA
Las acusaciones de hostigamiento, discriminación, descuentos indebidos y persecución deben investigarse, documentarse y confrontarse con la versión de la autoridad, Patricia Iparrea debería atender esta denuncia colectiva para evitar que más adelante termine estallando en manos del gobernador Javier May

SEPTIMA COPA
Es innegable que cuando los señalamientos aparecen reiteradamente, involucran a trabajadores de distintos perfiles y se concentran en decisiones administrativas que afectan ingresos, horarios y estabilidad, el silencio institucional deja de ser prudencia: empieza a parecer encubrimiento burocrático. El CECyTE Tabasco no está frente a un simple problema de relaciones humanas. Está frente a una crisis de gobernabilidad laboral.