Cayuco
Enrique Muñoz González
“El huachicol de cuello blanco
no solo saquea al Estado, sino
que expone una profunda crisis
de corrupción”.
EE.UU. VA SOBRE LOS CÁRTELES… Y QUIENES LOS FINANCIAN
El robo y el contrabando de combustibles, mejor conocido como huachicol, dejaron hace mucho de ser un simple delito patrimonial. Hoy representan uno de los negocios ilícitos más rentables para los cárteles mexicanos, al grado de convertirse en una prioridad para las autoridades de Estados Unidos.
El pasado 30 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva ofensiva contra los facilitadores financieros y operadores del contrabando de combustibles, responsabilizando al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de encabezar una red transnacional que introduce combustible a México mediante esquemas de fraude aduanero, empresas fachada y evasión fiscal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informaron la imposición de sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas vinculadas con un esquema de robo y tráfico de combustible relacionado con el CJNG.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la organización criminal utiliza documentos aduaneros falsificados, compañías fantasma y operaciones financieras complejas para ocultar el origen del combustible, evadir el pago de impuestos en México y generar decenas de millones de dólares al año, recursos que posteriormente fortalecen sus operaciones criminales.
La alerta emitida por FinCEN advierte que el huachicol ya no constituye un delito aislado. Se ha convertido en una sofisticada fuente de financiamiento para organizaciones criminales transnacionales dedicadas también al tráfico de drogas, armas, personas y al lavado de dinero.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue contundente al señalar que los cárteles mexicanos han expandido sus actividades mucho más allá del narcotráfico tradicional y que atacar sus fuentes de ingresos constituye una prioridad estratégica del gobierno del presidente Donald Trump.
La investigación fue desarrollada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas con la participación de la DEA, el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales estadounidenses.
Resulta particularmente relevante que el propio Departamento del Tesoro informó que estas acciones fueron elaboradas en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, lo que confirma el intercambio de información entre ambos países para identificar redes financieras relacionadas con el crimen organizado.
El mensaje de Washington es claro: ya no basta con detener sicarios o decomisar drogas. La nueva estrategia consiste en seguir la ruta del dinero, congelar cuentas, desmantelar empresas fachada y perseguir a quienes facilitan las operaciones financieras de los grupos criminales.
El negocio del huachicol mueve miles de millones de pesos cada año. Además del saqueo a los ductos de Pemex, las autoridades han identificado un creciente esquema de importaciones fraudulentas de combustible desde Estados Unidos, declarado falsamente como aceites industriales, lubricantes o aditivos para evitar impuestos y controles aduaneros. Ese dinero termina fortaleciendo la capacidad operativa de los cárteles.
La pregunta inevitable es si esta ofensiva se limitará a sancionar operadores financieros y empresas, o si las investigaciones terminarán alcanzando a servidores públicos, exfuncionarios o actores políticos que, por acción u omisión, hayan permitido el crecimiento de este negocio ilícito.
Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han hecho públicas acusaciones específicas contra políticos en este caso, pero su estrategia de seguir el dinero suele ampliar el alcance de las investigaciones conforme reúnen evidencia.
Lo cierto es que Washington ha dejado claro que el combate al huachicol ya forma parte de su guerra contra las organizaciones criminales transnacionales. Y cuando Estados Unidos comienza a seguir el rastro del dinero, pocas veces se detiene hasta encontrar a todos los responsables.
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