La denuncia

*Armagedón*

*“Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado; libradlo de mano de los impíos”*

*Salmos 82:3-4*

Saqueo hospitalario: de la bitácora al expediente penal

**Alfredo A. Calderón Cámara*

*alfredocalderon1960@gmail.com*

*El presunto saqueo de suturas pediátricas, gasas e insumos quirúrgicos en el Hospital del Niño no puede analizarse como un simple faltante de almacén ni como una irregularidad menor de inventario. En una institución pediátrica, la desaparición de material médico esencial tiene consecuencias clínicas directas, implica riesgos jurídicos graves y revela, en el fondo, una descomposición administrativa que puede poner en peligro la vida y la salud de niñas, niños y adolescentes**Desde el punto de vista médico, la ausencia de suturas del número 2, 3 y 4, utilizadas en procedimientos pediátricos, así como la falta de gasas quirúrgicas, no es un detalle logístico. Es un obstáculo material para realizar cirugías en condiciones seguras. Una intervención quirúrgica no depende únicamente del médico que opera; requiere anestesia, esterilización, instrumental, material de curación, suturas adecuadas, control de sangrado, medidas de asepsia y disponibilidad de insumos para responder ante complicaciones**Cuando una cirugía se suspende por falta de material básico, el sistema ya falló antes de que el paciente entre al quirófano. La suspensión de cirugías en menores de edad representa un riesgo clínico acumulativo. Hay procedimientos que pueden esperar unos días sin mayores consecuencias, pero otros no. Una cirugía diferida puede agravar cuadros infecciosos, prolongar dolor, aumentar complicaciones, retrasar tratamientos oncológicos, afectar la recuperación funcional o convertir un padecimiento controlable en una emergencia. Lo peor, todo eso les vale a los saqueadores**En pediatría es más delicado, el tiempo no es un lujo burocrático: el cuerpo infantil evoluciona rápido, se descompensa rápido y también puede empeorar rápido. El problema adquiere mayor gravedad porque las gasas y suturas son insumos básicos, no tecnología sofisticada ni medicamentos de alta especialidad difíciles de conseguir. Si un hospital infantil no puede garantizar material elemental para operar, entonces no estamos ante una falla aislada, sino ante un colapso de control interno**La niñez tiene un principio de protección reforzada. No es jurídicamente aceptable que un menor vea cancelada su cirugía porque alguien convirtió la farmacia hospitalaria en botín. El aspecto clínico-jurídico más delicado está en el nexo causal. Si la falta de suturas o gasas provoca la suspensión de una cirugía y esa suspensión deriva en agravamiento del paciente, daño físico, infección, complicación, discapacidad o muerte, la responsabilidad puede escalar. Urge una auditoría real**Ya no se trataría únicamente de un faltante administrativo, sino de un daño atribuible a una cadena de omisiones. En términos llanos: si el robo de insumos impide operar y el paciente empeora, el expediente deja de ser de almacén y puede convertirse en un caso de responsabilidad médica, administrativa y penal. Por eso resulta indispensable preservar evidencia**Deben asegurarse bitácoras de farmacia, entradas y salidas de almacén, cámaras de vigilancia, órdenes de suministro, oficios, mensajes, vales, firmas, reportes de quirófano, declaraciones de los empleados de la farmacia y listas de cirugías suspendidas. También deben documentarse los nombres de los pacientes afectados, los diagnósticos, la urgencia médica, las fechas programadas, las razones asentadas para la suspensión y las nuevas fechas asignadas. Sin esa trazabilidad, las autoridades depredadoras quedan atrapadas en el pantano habitual: todos sabían, nadie firmó, nadie vio y nadie responde. Qué conveniente milagro administrativo**La versión de que algunos empleados ya comenzaron a señalar al presunto responsable abre otra dimensión: la protección de denunciantes y testigos. Si trabajadores del hospital están aportando información, deben contar con garantías para no ser perseguidos, despedidos, hostigados o amenazados. En instituciones deterioradas, muchas veces el primer castigo no cae sobre quien roba, sino sobre quien habla. Ese patrón debe romperse. El silencio institucional ha sido, durante años, el mejor aliado del saqueo**El caso también exhibe una crisis de gobernanza hospitalaria. Un hospital infantil requiere controles estrictos porque maneja medicamentos, material quirúrgico, insumos de alto valor y bienes destinados a pacientes vulnerables. Cuando se permite que desaparezca material esencial, la dirección debe responder. No basta con decir que se investigará. Se debe explicar qué falló, quién tenía la custodia, qué medidas se tomaron para restablecer el servicio quirúrgico y cómo se evitará que vuelva a ocurrir**La administración pública no puede esconderse detrás de frases decorativas mientras los quirófanos se quedan sin material. En términos clínicos, la prioridad inmediata debe ser restituir los insumos y reprogramar las cirugías suspendidas con criterios médicos, no políticos. Primero los casos urgentes, luego los diferidos con riesgo de complicación y después los procedimientos electivos. Además, debe notificarse de manera clara a los familiares. La incertidumbre también daña**Para una madre o un padre, que cancelen una cirugía infantil sin explicación suficiente es una forma de angustia institucionalizada. Pero en términos jurídicos, la reposición del material no cancela la responsabilidad. Comprar nuevas suturas no borra la desaparición de las anteriores. Reabastecer gasas no limpia el posible delito. La corrección logística no sustituye la investigación. Si hubo saqueo, debe haber denuncia formal, deslinde de responsabilidades y sanciones**De lo contrario, el mensaje será devastador: robar insumos médicos puede salir barato, incluso cuando los afectados son niños. El Hospital del Niño arrastra denuncias que no pueden seguir siendo tratadas como episodios aislados: problemas de infraestructura, carencias de agua, fallas en servicios básicos, señalamientos administrativos y ahora presunto saqueo de material quirúrgico. La acumulación de hechos configura una crisis estructural. Y cuando una crisis estructural toca el quirófano, el discurso oficial pierde anestesia**La autoridad sanitaria, el IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud, los órganos internos de control y, en su caso, la Fiscalía, tienen la obligación de intervenir con seriedad. No se trata de proteger reputaciones, sino de proteger pacientes. No se trata de administrar el escándalo, sino de investigar el daño. No se trata de simular auditorías, sino de reconstruir controles**El fondo del caso es brutalmente simple: en un hospital pediátrico, cada gasa, cada sutura y cada medicamento tiene destinatario moral y clínico: un niño enfermo. Cuando esos insumos desaparecen, no sólo se roba al Estado; se roba tiempo de atención, seguridad quirúrgica, tranquilidad familiar y oportunidad médica. Y eso, en cualquier sociedad medianamente decente, debería provocar algo más que oficios, excusas y reuniones**Si este caso se confirma, podría marcar el principio del fin de una cadena de saqueo tolerada durante años. Pero sólo ocurrirá si quienes hoy “empiezan a cantar” encuentran en el Dr. Pablo Emanuel Caso a la autoridad dispuesta a escuchar, investigar y actuar. Porque el Hospital del Niño no necesita más silencios administrativos. Necesita bisturí jurídico, limpieza institucional y cirugía mayor contra la corrupción. Cambiar el saqueo hospitalario: de la bitácora al expediente penal**SEPTIMO SELLO**La pregunta clínica es inmediata: ¿Cuántas cirugías se suspendieron? ¿Qué diagnósticos tenían esos pacientes? ¿Cuál era el grado de urgencia? ¿Cuántos menores fueron enviados a casa? ¿Cuántos quedaron en lista de espera?, ¿Quién asumió el riesgo médico de diferir esos procedimientos? Desde la perspectiva jurídica, el asunto puede abrir varias rutas de responsabilidad. En primer lugar, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos encargados de resguardar, autorizar, supervisar y comprobar el uso de los insumos hospitalarios**Un hospital público no es una tienda de autoservicio donde alguien entra, toma suturas y luego todos miran al techo como si la gravedad administrativa no existiera. Hay almacenes, registros, bitácoras, vales, firmas, responsables de farmacia, jefaturas, administradores y directivos. Si los insumos salieron sin justificación válida es porque alguien llevó como estandarte que “habían pedido ayuda desde la delegación IMSS Bienestar, esa misma persona autorizó, permitió, encubrió o dejó de vigilar**SEPTIMA TROMPETA**En segundo lugar, podría configurarse una responsabilidad penal si se acredita sustracción, desvío, abuso de funciones, ejercicio ilícito del servicio público, peculado, encubrimiento o falsificación documental, según las circunstancias concretas. Si el presunto robo fue disfrazado como un apoyo solicitado desde instancias superiores, entonces la investigación debe revisar no sólo quién retiró material, sino quién ordenó, quién firmó, quién recibió, qué documento se utilizó y si ese supuesto apoyo existió realmente**Porque si no existió, el disfraz administrativo podría ser tan grave como el saqueo mismo. En tercer lugar, existe una posible responsabilidad institucional por afectación al derecho a la salud. El Estado está obligado a garantizar atención médica oportuna, segura y adecuada, especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes. Cuando la falta de insumos impide realizar cirugías, la autoridad no sólo enfrenta un problema de abastecimiento; enfrenta una posible vulneración de derechos humanos**Reportan que el viernes un cirujano iba a operar un niño, pero requería de un Metricet; lo pidió y que no había. El anestesiólogo dijo: “hay que decirle al familiar que lo compre y el familiar tuvo que comprar el Metricet a la farmacia para que pudieran operar al niño”. En un papelito le dieron instrucciones, ni siquiera receta médica oficial. Y no es que desde la delegación del IMSS-Bienestar no hayan surtido; asegura alguien de la farmacia que si había, pero llegan las autoridades y sin receta se los llevan. Lo peor: no cuadran los informes y ¡Nadie sabe dónde son usados! Lo cierto, sólo desaparecen**SEPTIMA COPA**No todo es malo: esta misma semana nos ocuparemos de los últimos datos que informan del Hospital del Niño que el delegado Estatal, Dr. Pablo Caso Torres compró tres climas grandes para solucionar el problema del área de Oncología que está prácticamente abandonada; dos climas más los dejaron por la asta bandera. Parece que el en el Hospital del Niño algunas autoridades no pueden conciliar el sueño ante los rumores que el Dr. Caso Torres pueda ordenar una auditoría sobre los extraños casos de desabasto y mortandad infantil. Anote Usted; de ser cierta, esa sería una excelente idea del delegado estatal. Hay más, mucho más*