La denuncia

Armagedón

“No harás injusticia en el juicio; ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo”
Levítico 19:15

INFONAVIT invade propiedad privada en Huimanguillo
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
Yadira Escalante Cuevas denuncia el despojo que le están haciendo de su propiedad los contratistas de las casas del Bienestar que está construyendo INFONAVIT en la calle Río Seco y Montaña segunda sección, a lado de la colonia Las Galaxias Huimanguillo, lo que relata la afectada describe un conflicto que ya rebasa una simple disputa de linderos entre particulares

La invasión de una propiedad privada por parte de una obra vinculada a un programa del gobierno federal, máxime que existen dictámenes topográficos que acreditan la afectación, el asunto adquiere dimensiones administrativas, civiles e incluso penales. El primer elemento relevante es que la propietaria sostiene contar con escrituras, planos y mediciones realizadas por un topógrafo particular, las cuales coinciden incluso con mediciones efectuadas por personal relacionado con la contraparte

Si esos documentos demuestran que la malla electrosoldada, los rellenos de terreno, el estacionamiento de maquinaria pesada y otras intervenciones se encuentran dentro de su predio, entonces existe un indicio objetivo de ocupación irregular de propiedad privada, la pasividad de la Fiscalía General del Estado es ofensiva. El segundo elemento es la actuación del Ayuntamiento donde la alcaldesa Mari Luz Velázquez Jiménez, se hace la occisa o hace como que la “virgen le habla”

Según la denuncia, la autoridad municipal habría intentado realizar una rectificación de medidas tomando como referencia cercas o elementos físicos colocados por terceros y no los datos contenidos en las escrituras y planos inscritos legalmente a los que está obligada Velázquez Jiménez. De confirmarse, esto podría constituir una actuación técnicamente deficiente, pues en materia catastral y registral los límites legales no se determinan por percepciones o construcciones posteriores, sino por los títulos de propiedad y los levantamientos técnicos correspondientes

Más delicado aún es el señalamiento de que las autoridades mantienen una postura de pasividad debido al peso político o económico de los involucrados. La denunciante afirma que la Fiscalía ha retrasado la designación de un perito oficial indispensable para robustecer la investigación. Si existe una carpeta abierta y la autoridad ministerial demora injustificadamente diligencias esenciales, podría configurarse una afectación al derecho de acceso a la justicia y al debido proceso dejando en estado de indefensión a la quejosa

La situación adquiere una dimensión particularmente sensible porque las obras corresponden presuntamente a un proyecto habitacional asociado al INFONAVIT. El riesgo para las autoridades es que la percepción pública termine siendo que el interés colectivo de una obra pública se utiliza como argumento para ignorar derechos individuales de propiedad. Es indiscutible que el Estado tiene facultades para expropiar o adquirir terrenos cuando existe causa de utilidad pública, pero debe hacerlo mediante procedimientos legales, indemnizaciones y resoluciones fundadas

Lo que no puede ocurrir en un Estado de Derecho es que primero se ocupe el terreno y después se discuta quién es el dueño. También resulta significativo que la afectada señale que la presidenta municipal tendría la convicción de que el terreno aún forma parte de un desarrollo denominado «Galaxias». Si existe un error de origen en la información territorial utilizada por las autoridades, podría tratarse de una falla administrativa grave que estaría generando decisiones incorrectas sobre la posesión y aprovechamiento de la tierra

¡Problema que se soslaya, estalla! En términos políticos, este tipo de conflictos suelen convertirse en problemas mayores cuando las instituciones no responden con transparencia, legalidad y rapidez. Una controversia técnica entre planos, escrituras y mediciones puede resolverse mediante peritajes especializados. Sin embargo, cuando pasan los meses sin que la autoridad emita definiciones claras, la narrativa cambia: deja de hablarse de un litigio de propiedad y comienza a hablarse de abuso de poder, protección a intereses económicos y vulneración de derechos ciudadanos

La clave del caso está precisamente en el peritaje oficial pendiente. Mientras no exista una determinación técnica imparcial emitida por la autoridad competente, continuará la confrontación entre versiones. Pero si el peritaje confirma la invasión denunciada, la discusión dejará de ser sobre metros cuadrados y se convertirá en una pregunta mucho más incómoda para las instituciones: ¿Quién autorizó intervenir una propiedad privada sin haber acreditado previamente la titularidad del terreno?

Porque una obra pública puede corregir errores administrativos. Lo que difícilmente puede corregir es la pérdida de confianza ciudadana cuando la ley parece aplicarse con distinta velocidad según el poder político o económico de quienes están involucrados. El testimonio refleja una situación de incertidumbre jurídica que mantiene detenida la defensa formal de la propiedad

Escalante Cuevas sostiene que cuenta con la documentación que acredita la legalidad de su predio: escrituras, libertad de gravamen, pagos al corriente y registros que, a su juicio, demuestran de manera fehaciente la titularidad y extensión del inmueble. Sin embargo, señala que el procedimiento se encuentra prácticamente paralizado debido a la falta de un peritaje oficial solicitado a la Fiscalía

Ese detalle no es menor. En controversias de invasión de terrenos o afectación de linderos, el peritaje topográfico suele convertirse en la pieza central del expediente. Las escrituras acreditan la propiedad, pero es el perito quien determina sobre el terreno la ubicación exacta de los puntos, medidas y colindancias conforme a lo establecido en las escrituras públicas

Sin esa prueba técnica, cualquier demanda posterior contra autoridades, contratistas o particulares corre el riesgo de enfrentar cuestionamientos procesales o de carecer de elementos suficientes para acreditar materialmente la invasión denunciada. La afectada sostiene que ya presentó pruebas privadas y estudios realizados por especialistas particulares, pero espera que la autoridad ministerial emita una valoración oficial que permita establecer con precisión los límites de la propiedad

Desde su perspectiva, el retraso en la designación del perito por parte de la FGE no solamente retrasa el procedimiento, sino que también impide ejercer otras acciones legales contra quienes presuntamente han ocupado o utilizado parte del terreno. El problema es que el tiempo juega en contra del propietario cuando las obras continúan avanzando. Cada relleno, cada estructura provisional o permanente y cada modificación física del terreno puede complicar posteriormente la restitución de las condiciones originales

Por ello, la rapidez en la actuación pericial resulta fundamental para evitar que una controversia patrimonial se convierta en un daño de difícil reparación. También llama la atención que la denunciante evite formular acusaciones definitivas contra el Ayuntamiento mientras no cuente con el dictamen oficial

Esa prudencia revela una estrategia jurídica comprensible: primero consolidar cada una y todas las pruebas técnicas jurídicas; para después determinar las responsabilidades que pudieran corresponder a autoridades, empresas contratistas o particulares involucrados. Lo que no puede ser impostergable es que INFONAVIT invade una propiedad privada en Huimanguillo

SEPTIMO SELLO
En otro punto de vista es de tomar en cuenta el difícil trabajo que enfrentan los elementos de la FGE al estar sirviendo a la sociedad. La muerte de un agente de investigación en cumplimiento de su deber siempre representa una pérdida que trasciende a una institución. Detrás del uniforme existe una persona, una familia y una vocación de servicio que asumió riesgos extraordinarios para contribuir a la seguridad y la procuración de justicia

Los hechos ocurridos en Jonuta durante un operativo relacionado con el robo de vehículos recuerdan que la labor de los elementos de investigación se desarrolla frecuentemente en escenarios de alta peligrosidad, donde cada intervención implica enfrentar a delincuentes dispuestos a asesinar con saña a los elementos del orden cuando desafían la ley. El fallecimiento de este servidor público constituye un sacrificio que mereció reconocimiento de todos sus compañeros y el respeto por parte de la sociedad

SEPTIMA TROMPETA
Al mismo tiempo, es necesario destacar la detención de todas las personas involucradas en la emboscada derivada de las acciones operativas de los elementos de las fuerzas de la Ley, lo que refleja el esfuerzo permanente de las corporaciones encargadas de combatir la delincuencia y esclarecer los hechos que afectan a la ciudadanía

Corresponderá a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para determinar con precisión las circunstancias de lo ocurrido y garantizar que exista justicia. Mientras ello sucede, el momento exigió una compacta solidaridad con los familiares, amigos y compañeros del agente caído, así como el reconocimiento a quienes diariamente arriesgan su integridad para cumplir con la responsabilidad de servir a la sociedad

SEPTIMA COPA
La mejor manera de honrar la memoria de un servidor público que perdió la vida en funciones es que su sacrificio no quede en el olvido y que el Estado continúe fortaleciendo las condiciones de seguridad, capacitación y protección para los deudos del elemento, dolorosa tragedia familiar. Ahí es donde deben ser valorados por las autoridades, quienes enfrentan la delincuencia en la primera línea de servicio