La denuncia

Las medidas buscan asegurar que la perspectiva de género sea un eje transversal en la vida pública 

El Congreso de Quintana Roo aprobó esta semana reformas para combatir frontalmente la violencia contra las mujeres y garantizar la igualdad de género en los sectores notarial y ambiental, así como para optimizar los mecanismos de protección para las víctimas de agresiones. 

Estas medidas buscan no sólo modernizar las instituciones, sino también asegurar que la perspectiva de género sea un eje transversal en la vida pública y jurídica de la entidad. 

Como parte central de este avance, se aprobó una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual establece herramientas legales mucho más robustas, propuesta presentada por la diputada Jimena Lasa, de la XVIII Legislatura. 

«Se incorporó la implementación de lineamientos básicos para las órdenes de protección, alineándose con los estándares establecidos en la legislación federal, para evitar lagunas legales que puedan ser aprovechadas por los agresores. Lo anterior, al considerar que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, incluyendo a Quintana Roo», especifica el dictamen. 

Este cambio normativo incluye la suspensión de la tutela ejercida por agresores y la restitución de menores sustraídos ilícitamente, priorizando siempre el vínculo materno-filial y la seguridad de las víctimas.

En el ámbito de la fe pública, la Ley del Notariado ha sido adecuada para incorporar estándares éticos de excelencia y asegurar la paridad de género. 

Las nuevas disposiciones establecen requisitos de idoneidad y probidad integral para quienes aspiren a una patente notarial, y se prohíbe explícitamente que personas con sentencias firmes por delitos como feminicidio, violencia familiar, delitos sexuales o violencia política contra las mujeres puedan ejercer esta función. 

Además, se ha integrado la prohibición para deudores alimentarios morosos, quienes enfrentarán la suspensión o incluso la revocación de su patente si no regularizan su situación jurídica en un plazo determinado.

Se abordó la protección de los derechos humanos y la alineación con la iniciativa nacional conocida como 3 de 3 contra la violencia, disposición que asegura que el ejercicio de la función notarial sea un espacio de confianza y legalidad, libre de perfiles que hayan incurrido en conductas antijurídicas que atenten contra la integridad de las personas.

En la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se integró la paridad y la perspectiva de género en la formulación de políticas ambientales, reconociendo que la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones ecológicas es vital para el desarrollo sostenible del estado. 

Con información de La Jornada Maya