La denuncia

Armagedón

“Aléjate de acusación falsa, y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable”
Éxodo 23:7

Cuando la mentira se disfraza de feminicidio
Alfredo A. Calderón Cámara
*alfredocalderon1960@gmail.com
El escándalo de un supuesto feminicidio en Paraíso que incendio las redes sociales, no es de soslayar: porque no es sólo un error informativo, es un ejemplo claro de cómo una narrativa mal construida puede incendiar la percepción pública antes de que siquiera exista una verdad jurídica. En un tema tan delicado como el feminicidio, la ligereza informativa es doblemente peligrosa

Por un lado, banaliza un delito gravísimo que exige rigor, evidencia y sensibilidad; por el otro, induce a fabricar culpables o víctimas desde un rumor, sin sustento. Cuando un medio en las redes sociales “decreta” un feminicidio sin confirmación oficial, sin dictamen pericial y sin la secuencia mínima de hechos verificados, no está informando: está especulando con pólvora. Lo peor, en Paraíso nunca apareció el cadáver de la mujer supuestamente asesinada

Pero sí apareció algo más peligroso: la mentira vestida de causa noble. Porque mientras algunos medios encendían la hoguera mediática gritando “¡feminicidio!”, la realidad caminaba por otro carril, más frío, más incómodo, pero infinitamente más cierto: una detención formal por narcomenudeo, con hora, lugar, registro y traslado oficial por parte de las autoridades. No hay cuerpo. No hay necropsia. No hay tipificación por ese delito

En cambio hay una carpeta de investigación en manos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, (FGE) bajo el número CI-FCN-279/2026, con tres detenidos vivos y sin embargo, la sentencia por feminicidio ya había sido dictada en Paraíso, pero no por un juez, sino por el tribunal de la prisa. Así opera la distorsión: primero el titular, luego -si acaso- la verificación. Primero el impacto, después la verdad. Y en ese orden invertido, el periodismo deja de ser faro y se convierte en incendio

El feminicidio no es un adjetivo para inflar notas. Es una categoría jurídica que nace de la sangre comprobada, de la evidencia forense, del contexto acreditado de violencia de género. Convertirlo en consigna sin pruebas no sólo es irresponsable: es una profanación. Porque cada vez que se inventa un feminicidio, se debilita la fuerza de los que sí existen

Cada vez que se grita ¡Feminicidio! Sin sustento, se ensordece el reclamo legítimo. Cada vez que se miente en nombre de la indignación, se traiciona a las verdaderas víctimas. Y aquí la pregunta no es menor: ¿Quién responde por el daño? ¿Quién repara el linchamiento mediático? ¿Quién limpia el nombre de quien fue colocado, sin pruebas, en el altar del escándalo? ¿Quién le devuelve seriedad a una causa que no admite frivolidad? La respuesta, incómoda pero evidente, es que nadie

Porque en esta nueva liturgia informativa, el error no se corrige: se entierra bajo la siguiente mentira. Lo ocurrido en Paraíso no es un simple desliz. Es un síntoma. El síntoma de un ecosistema donde la velocidad vale más que la verdad, donde el clic pesa más que la evidencia y donde la ética se sacrifica en el altar del alcance. Hoy fue un feminicidio inexistente

Mañana puede ser cualquier otra cosa, pero el eco trató con saña de manchar el trabajo policiaco. Porque cuando se rompe el vínculo con la realidad, ya no hay límites: solo narrativa. Y entonces sí, como en los viejos textos, se abre otro sello, no el del juicio divino, sino el de la degradación pública. Donde la verdad ya no importa. Y la mentira, repetida, pretende volverse justicia

El caso que nos ocupa: de Paraíso es particularmente ilustrativo: si la persona que supuestamente fue víctima de feminicidio en realidad está en manos de la FGE, entonces hay una ruptura total entre lo que se dijo y lo que realmente ocurre en la carpeta de investigación. Eso revela algo más profundo que un simple error: evidencia la prisa por publicar antes que la obligación de verificar

Aquí hay tres problemas de fondo: Primero, la “hiper competencia” mediática. Muchos portales locales operan bajo la lógica de “publica primero, corrige después”, -si es que corrigen-. En delitos de alto impacto, eso es irresponsable. Segundo, no hay contraste de fuentes, no hay consulta institucional, no hay espera a que la autoridad tipifique el delito. Se toma una versión inicial —a veces de redes sociales— y se convierte en titular

Tercero, el daño colateral. Se afecta la credibilidad de las luchas legítimas contra la violencia de género, se confunde a la ciudadanía y se presiona indebidamente a las autoridades, que terminan investigando bajo ruido mediático en lugar de evidencia. Ahora bien, tampoco hay que caer en el extremo contrario: que exista una persona detenida o bajo resguardo de la Fiscalía no significa automáticamente que no haya delito

Significa que la historia es más compleja de lo que se publicó. Y justo por eso, el deber del periodismo es esperar, corroborar y contextualizar. En síntesis: cuando el periodismo sustituye la verificación por la velocidad, deja de ser contrapeso y se convierte en amplificador de desinformación. Y en casos como este, no sólo se equivoca: distorsiona la realidad con consecuencias muy reales

Esto no es debe ser sólo una percepción: debe ser una cronología operativa que desmonte, por contraste, la narrativa del supuesto feminicidio. Hay un dato duro que no admite interpretación: existe una detención formal, con hora, lugar, tipificación del delito (narcomenudeo) y registro en el sistema nacional (RND) TC/FC/014/17052026/0012 -datos que Usted puede verificar directamente en internet -nada extraordinario-

Eso implica que el Estado —a través de la FGE— tiene a María “N” y Carmen “N” bajo custodia, con cadena de actuaciones verificables (detención, registro, traslado, puesta a disposición). Esa secuencia jurídica no convive fácilmente con la versión de un “feminicidio consumado” sin cuerpo, sin cadáver, sin dictamen pericial y sin carpeta por ese delito. Y ahí es cuando la mentira se disfraza de feminicidio

SEPTIMO SELLO
Aquí el punto fino es este: nunca se probó el feminicidio; es decir, “no pasó nada”, lo que se publicó como hecho consumado no está acreditado en los términos jurídicos en que se difundió. Y eso es mucho más grave, porque revela un salto irresponsable de la sospecha al titular. El contraste es brutal: Versión mediática: feminicidio. Hecho verificable: detención por narcomenudeo, con registro oficial y traslado a autoridad competente

Entre una cosa y la otra hay un abismo procesal. Para que exista feminicidio, debe haber al menos un cuerpo, una necropsia, indicios de violencia de género y una tipificación ministerial. Nada de eso aparece en lo que se describió. En cambio, sí aparece un procedimiento penal distinto, perfectamente judicializado y documentado

SEPTIMA TROMPETA
Esto abre dos líneas de análisis que valen la pena subrayar: Primero, la fabricación de narrativa para culpar y degradar a las autoridades municipales de Paraíso. Algunos medios no sólo informan mal: construyen historias cerradas antes de que existan los elementos. El problema es que el feminicidio, por su carga social, se convierte en un atajo emocional para generar impacto, aunque no haya sustento

Segundo, el riesgo institucional. Difundir un feminicidio inexistente no sólo desinforma: distorsiona estadísticas, presiona indebidamente a las autoridades y trivializa los casos reales, que sí requieren visibilidad y rigor. Ahora, también hay que mantener una línea de prudencia: que una persona esté detenida por narcomenudeo no cancela automáticamente cualquier otra línea de investigación posible. Pero sí invalida, en este momento, la afirmación categórica de que fue víctima de feminicidio

SEPTIMA COPA
Es necesario dimensionar: son planos distintos, y mezclar ambos sin prueba es, en el mejor de los casos, negligencia; en el peor, manipulación. Dicho sin rodeos: aquí no hay periodismo adelantado, hay periodismo desbordado. Y cuando el relato corre más rápido que los hechos, lo que queda no es información, es ruido con consecuencias. Paraíso y Tabasco demandan paz y la unidad en el trabajo de Javier May y Alfonso Baca es vital para la seguridad social