El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco reportó el hallazgo de un predio con aparentes funciones de crematorio clandestino en el municipio de Lagos de Moreno y la recuperación —hasta ahora— de 60 bolsas con restos humanos en la localidad de El Salto, en un terreno no muy lejos del aeropuerto internacional de Guadalajara.
Las integrantes de la agrupación civil localizaron este domingo, basados en reportes anónimos, una presunta zona de exterminio en la comunidad de Plan de los Rodríguez, en Lagos de Moreno, con al menos 15 puntos con restos óseos calcinados.
El grupo de buscadores confirmó que en el lugar se detectaron fragmentos de cráneos, llantas y varillas de acero, materiales que se utilizan para facilitar la combustión de restos biológicos y que al momento de su llegada al lugar algunas áreas del predio aún emitían humo.
Señalaron que las dimensiones de la zona impiden establecer de manera inmediata el número total de víctimas a las que corresponden los fragmentos encontrados.
De manera simultánea, las labores de prospección en la colonia Las Pintitas, municipio de El Salto, han arrojado un saldo de 60 bolsas con segmentos humanos y tres cuerpos completos desde el inicio de los trabajos el 25 de abril.
El predio se ubica a cinco kilómetros del aeropuerto internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, zona de relevancia logística para la entidad, una de las tres sedes en México del Mundial de Fútbol que se realizará el mes próximo.
Durante el registro de este sitio, el colectivo recuperó identificaciones oficiales a nombre de Karla González Martínez y Octavio Arnulfo Cárdenas Sánchez. Los restos en este punto también presentan daños por exposición directa al fuego, lo que compromete la extracción de perfiles de ADN para su cotejo genético según las autoridades que acompañan la búsqueda en el sitio.
Las buscadoras señalaron que los grupos delictivos operan bajo un sistema de traslado de restos: utilizan un sitio para la incineración y otro para el entierro, con el objetivo de eliminar evidencia biológica y que ante la persistencia de reportes anónimos, solicitaron órdenes de cateo para dos puntos adicionales en la misma zona de El Salto.
La crisis de desapariciones en Jalisco tiene varias aristas. Apenas el viernes pasado hubo una jornada de protesta frente al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde familiares de personas desaparecidas denunciaron negligencia institucional y casos de «desaparición administrativa», una protesta que terminó en empujones y forcejeos entre las familias y guardias privados.
La protesta tomó como referencia el caso de Concepción Belmontes, cuyo hijo, Juan Antonio Olmeda Belmontes, permaneció diez años en las gavetas del instituto sin que se notificara a la familia.
Juan Antonio desapareció en junio de 2016 en Zapopan, sus segmentos cadavéricos ingresaron al IJCF poco después de su ausencia, pero la identificación oficial se concretó hasta el año 2025. Las autoridades forenses informaron a la familia que el cuerpo se localizó en un tambo, disuelto en ácido, y que el material óseo “se agotó” durante los procesos de análisis pericial.
Concepción Belmontes denunció que buscó a su hijo en las instalaciones del Semefo durante una década mientras el estado custodiaba sus restos bajo un estatus de identificación tardía.
Las asistentes a la manifestación denunciaron agresiones físicas y actos de intimidación por parte de los guardias privados, uno de los cuales presuntamente desenfundó su arma de fuego para disuadir la entrada al inmueble.
Tras el derribo de una malla de acceso, las manifestantes ingresaron a la sede para reclamar la saturación de los servicios y la falta de personal calificado para la identificación humana, pero luego representantes del gobierno del estado y de la fiscalía acudieron al sitio para proponer la instalación de una mesa de trabajo.
Con información de La Jornada
La denuncia 
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