La denuncia

*Armagedón*

*“No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo”**Levítico 19:15*

*Entre la ley y la sospecha, pérdida de credibilidad*

*Alfredo A. Calderón Cámara*

*alfredocalderon1960@gmail.com*

*El caso expuesto por el doctor Carlos González Maza en redes sociales debe analizarse con prudencia jurídica, porque aquí se cruzan tres planos delicados en los que debe tomar nota el Magistrado presidente Carlos Efraín Reséndez: una denuncia pública de presunto fraude, una acusación contra profesionales del derecho y un reclamo civil por daño moral promovido por quien se dice afectado en su honor**Vaya mezcla que inunda las redes sociales, en ciernes del proceso electoral donde todo pega y rebota, imagine el juego de los espejos: justicia, reputación y dudosos pagarés, esa santísima trinidad de los pleitos donde el papel aguanta todo y los ciudadanos casi nada. Desde el punto de vista legal, lo primero es claro: si existe un pagaré presuntamente falsificado, documentos personales utilizados sin consentimiento y un emplazamiento supuestamente falseado, el asunto no es menor**Aguas, que no se trata sólo de una inconformidad civil, sino de posibles conductas con relevancia penal y administrativa: falsificación de documentos, uso indebido de información privada, fraude procesal, abuso de confianza y posibles responsabilidades de servidores o auxiliares judiciales, si se acredita la intervención irregular de un actuario. Habrá que revisar a detalle si el quejoso ya interpuso su denuncia formal ante la fiscalía y si hizo lo propio ante el Tribunal de Disciplina Judicial o si ante el brutal escándalo: de oficio se inició una carpeta de investigación**El emplazamiento es una pieza central del debido proceso. Si una persona no fue legalmente notificada o si el acta de notificación contiene hechos falsos, todo el procedimiento puede quedar contaminado. No es un detalle técnico: es la puerta de entrada al juicio. Sin emplazamiento válido, la defensa queda mutilada. Y cuando la defensa se mutila, el juicio deja de parecer justicia y empieza a oler a maquinaria, urge revisar con lupa el asunto para evitar manchar el trabajo realizado por Reséndez Bocanegra**Ahora bien, la demanda por daño moral también debe leerse con cuidado. Toda persona tiene derecho a defender su honor si considera que fue difamada. Pero cuando esa demanda aparece después de una denuncia pública por presunto fraude, puede interpretarse socialmente como una presión para inhibir la crítica o el reclamo. Jurídicamente, el punto fino está en distinguir entre una imputación falsa hecha con dolo y una denuncia ciudadana basada en hechos que la persona considera ciertos y que busca llevar ante la autoridad**En democracia, denunciar no puede convertirse automáticamente en delito ni en causa de ruina económica. Pedir dos millones de pesos por daño moral, en este contexto, abre una pregunta legítima ¿Se busca reparar una afectación real o enviar un mensaje intimidatorio? Porque una cosa es defender el honor y otra muy distinta usar el juzgado como garrote ¡Ojo, mucho ojo! La toga no debería servir de pasamontañas elegante**Dimensionemos: el doctor González Maza tendría que encauzar formalmente sus señalamientos ante las autoridades competentes: Fiscalía, órgano de control judicial, colegio o instancia profesional correspondiente y juzgado que conozca del procedimiento. La denuncia pública puede alertar, pero la carpeta de investigación y los recursos procesales son los que pueden desmontar jurídicamente el presunto fraude. También es importante que toda acusación pública se formule con respaldo documental, fechas, nombres, copias certificadas, peritajes grafoscopios y constancias judiciales**No basta con decir que hubo falsificación: hay que probarla. No basta con denunciar un emplazamiento falso: hay que impugnarlo. No basta con señalar una red de abuso: hay que llevarla al expediente. Así de ingrato es el derecho: exige pruebas hasta cuando la indignación parece evidente. Este caso, si se acredita lo denunciado, revelaría algo demasiado grave: el uso del conocimiento jurídico como instrumento de despojo y eso es un “tiro en el pie” a los titánicos esfuerzos de Reséndez Bocanegra en limpiar el Poder Judicial ¡Alguien tiene que salir y dar la cara!**Entendamos: cuando un abogado, un actuario o cualquier operador del sistema utiliza la ley para torcer la justicia, el daño no sólo es contra una víctima; es contra la confianza pública del TSJ. Porque el ciudadano común no distingue entre un mal litigante, un actuario irregular y el Poder Judicial entero: para la gente, todo termina siendo “la justicia”. El fondo del asunto no debe perderse entre gritos, demandas y amenazas cruzadas**Ubiquemos: sólo por credibilidad y legitimidad profesionales cercanos a Reséndez Bocanegra deberían esclarecer si el pagaré es auténtico o falso; si los documentos personales fueron usados indebidamente; si el emplazamiento fue legal o simulado; y si la demanda por daño moral es una defensa legítima o una maniobra de silenciamiento. La justicia no puede ser refugio de pillos con cédula profesional ni escaparate de venganzas personales. Debe ser un espacio de verdad probada. Si hubo fraude, que se sancione**Una cosa es cierta: si hubo falsedad en las actuaciones, que se anulen. Si hubo daño moral real, que se acredite. Pero si la demanda millonaria busca callar una denuncia, entonces no estamos ante reparación del honor, sino ante otra forma de extorsión: más fina, más cara y con sello judicial. Mientras aclaran este caso color rojo hormiga, la sociedad en calidad de mirona, paralizada observa: entre la ley y la sospecha, pérdida de la confianza**SEPTIMO SELLO**Ríos y ríos de agua corren en las instalaciones del Hospital del Niño, el video es más que elocuente ¿Qué hace el Dr. Caso Torres? Videos y fotos de tuberías rotas, pollos a todas luces descompuestos que son guisados en la cocina y eso es lo que obligadamente comen los residentes médicos y pacientes. Todo un análisis completo de estas anomalías es el reclamo generalizado de los empleados del Hospital del Niño, análisis que seguramente sacará chispas. Demasiados temas hay en el tintero. Regresamos con los lamentables renglones torcidos de la Dra. Lucatero**SEPTIMA TROMPETA**La Feria de Tabasco confirma algo bastante básico pero incómodo: la competencia pública de la elección de la Flor Tabasco, siempre se disfraza de armonía. Las embajadoras construyen una narrativa de hermandad que sí existe en lo superficial, pero debajo late lo inevitable: orgullo, expectativa y frustración. No porque sean malas personas, sino porque son humanas, y el escenario es sumamente competitivo, aunque lo decoren con tan hermosas flores**El fallo del jurado, como siempre, termina siendo el punto de quiebre. No hay ciencia exacta en medir belleza, carisma o representación cultural. Es una decisión atravesada por criterios subjetivos, gustos personales y lecturas distintas de lo que “debe” ganar. Por eso cada año hay una ganadora y muchas inconformidades perfectamente entendibles**SEPTIMA COPA*La brecha entre percepción pública y decisión oficial. No es nueva ni escandalosa: el pueblo vota con emoción, el jurado decide con su propio lente. A veces coinciden. La mayoría de las veces, no. El triunfo de Tacotalpa en esta edición —con María José Hernández Vera— no borra el mérito de las demás, pero sí redefine momentáneamente el mapa simbólico: un municipio que suele quedar fuera del reflector toma el centro del escenario. Eso, al menos, rompe inercias**Lo demás es ruido esperado: reclamos, sarcasmos, indirectas y uno que otro comentario clasista disfrazado de broma. Lo de “doña Filigrana” entra en esa categoría de catarsis colectiva que dura lo que dura la feria. Y lo de la alcaldesa jonuteca con su cinturón caro, bueno, eso ya es otro tipo de pasarela, menos folclórica y más reveladora. Al final, la feria cumple su función: emociona, divide por unos días y luego obliga a todos a seguir como si nada. Porque sí, todos somos “chocos” felices en el discurso, hasta que pierden*