La denuncia

“Esta es la auténtica asamblea del pueblo, y no la que organizó Semarnat, que quiere arreglar un problema de nuestra casa en la casa del vecino”, denunciaron más de 300 habitantes de Jiménez del Téul durante una reunión comunitaria realizada en respuesta a la consulta pública oficial que, sobre la eventual construcción de la presa Milpillas, efectuaron en la ciudad de Sombrerete, de manera simultánea, funcionarios de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la dependencia federal, así como personal de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) del gobierno estatal.

La construcción del embalse sería en Jiménez del Téul, para dotar de agua a la zona metropolitana de la capital del estado mediante un ducto de acero de 42 pulgadas de diámetro.

En este contexto, el viernes 17 pasado se realizaron las dos consultas públicas del proyecto: la oficial –con duración de apenas una hora–, en el salón ejidal de Sombrerete, donde decenas de funcionarios estatales y federales de la SAMA, DGIRA y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre otras dependencias, así como medio centenar de personas, escucharon los argumentos técnicos justificativos de la obra promovida por el gobierno morenista de David Monreal Ávila, por medio de su Secretaría de Finanzas.

Al mismo tiempo, a 85 kilómetros de distancia, en la cabecera de Jiménez del Téul, durante casi tres horas se realizó la asamblea del pueblo, donde investigadores universitarios expusieron un análisis detallado de los aspectos técnicos y financieros del proyecto de embalse, así como sus contradicciones y cálculos deficientes, además de que se escuchó la postura de campesinos, ganaderos, maestros, mujeres y jóvenes.

La obra ha sido cuestionada durante una década por los habitantes, quienes han rechazado todo tipo de promesas gubernamentales, entre ellas, que la presa les cambiará la vida, que será una “atracción turística” o la posibilidad de volverse pescadores cuando ya no tengan tierras y ganado.

Entre Sombrerete y Jiménez del Téul se ubica la cabecera de Chalchihuites, donde tiene su sede la mina La Colorada, propiedad de la canadiense Pan American Silver Corp, compañía que vierte al río Atenco las aguas tratadas de la presa de jales, señalaron los habitantes.

Solidaridad académica y resistencia ante amenazas

A la inconformidad popular se sumaron solidariamente investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), encabezados por Darcy Tetreault, Ivonne Muñoz y Grecia Rodríguez, así como integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Mientras, los jimenenses conformaron el Movimiento en Defensa del Río Atenco y su Territorio.

La resistencia y oposición a este proyecto de la mayor parte de los pobladores de las comunidades rurales de Jiménez del Téul tiene entre sus causas que es uno de los municipios más marginados del estado, olvidado durante décadas por los gobernantes, del que la violencia e inseguridad se han apoderado.

A lo largo de estos 10 años, muchos defensores del río y su territorio han sido amenazados de muerte por oponerse a la construcción. Algunos tuvieron que irse del país o a vivir a otras entidades de la República, lugares donde, paradójicamente, viven inscritos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Según cifras de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2020, Jiménez del Téul tiene 4 mil 465 habitantes, dispersos en menos de 50 localidades rurales, incluida la cabecera municipal, en un territorio de mil 541 kilómetros cuadrados; 8.06 por ciento de la población de 15 años o más es analfabeta y el promedio de escolaridad es de 7.94 años, cifra inferior a la estatal, que es de 9.25 años.

Asimismo, 64.7 por ciento de los habitantes están en situación de pobreza; su rezago educativo es de 24.64 por ciento –superior al promedio estatal–, y su índice de marginación es alto: de 51.65 por ciento, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Una década de presión, acoso y violencia

Desde que se anunció por primera vez la construcción del embalse, que tendrá una cortina de 90 metros de altura –10 metros más que la actual presa El Zapotillo– e inundará 300 hectáreas de tierras, los lugareños perdieron la paz.

Imelda Sánchez es una madre de familia de la cabecera municipal, quien dio la bienvenida a los centenares de asistentes a la asamblea del pueblo, efectuada en la explanada: “estamos reunidos aquí para hablar de lo que nos duele, preocupa y amenaza con arrebatarnos no solamente el agua, sino la vida misma”.

Señaló que no quieren un conflicto, pero “hace más de 10 años que no nos dejan en paz; vivimos en incertidumbre, en resistencia, de sentir cómo en nuestro territorio se toman decisiones sin mirarnos, sin escucharnos, sin respetarnos”.

Cuestionó a la Semarnat: “la asamblea en Sombrerete, es una simulación; por qué van a arreglar un problema de nuestra casa en la casa del vecino”.

En tanto, Cristela Trejo, abogada y ambientalista, integrante de la organización Universidad a las Calles, leyó el informe que envió desde Aguascalientes la investigadora Mónica Cerbón, defensora del derecho humano al agua, elaborado con datos oficiales de instituciones como la Comisión Nacional del Agua, en el que se indica que Zacatecas es el décimo estado del país con mayor volumen de agua concesionada, distribuida en más de 20 mil títulos de concesión.

Mineras y cervecería, los más beneficiados

En dicha reunión también se informó que en Zacatecas, quienes utilizan los mayores volúmenes de consumo anual –aparte del sector agrícola, como en todo el país– son las empresas mineras, encabezadas por Minera Peñasquito, de la estadunidense Newmont; la compañía cervecera Grupo Modelo, de Zacatecas, de la estadunidense Anheuser-Bush Inveb; Grupo Minera México, de Germán Larrea Mota Velazco, y Aranzazu Holding, de la canadiense Aura Minerals, entre otras empresas.

Por su parte, Tetreault, investigador de la UAZ-UdeG, dio a conocer a los asistentes cómo el gobierno estatal ha presentado ante la Semarnat dos solicitudes de manifestación de impacto ambiental, una en 2015, y la otra apenas en marzo de 2026. En ellas se confirma que la cortina de Milpillas de 90 metros de altura inundará casi 300 hectáreas de tierras ejidales, donde se ubican las comunidades de Atotonilco, El Potrero y La Lagunita.

Sin embargo, aunque el proyecto es el mismo, ahora tiene un precio diferente, que rebasa argumentos inflacionarios, pues al inicio se estimó que costaría 3.2 mil millones de pesos. Ahora, el gobierno de David Monreal Ávila, con el acompañamiento del financiamiento federal, planea gastar 8.9 mil millones de pesos, cuando le faltan menos de 18 meses para dejar la gubernatura.

Tetreault, coautor con la investigadora Ivonne Muñoz Morales del libro académico Hidroextractivismo… la presa Milpillas y las alternativas, presentado en diciembre de 2025, explicó también a los habitantes del lugar cómo se administra y distribuye mal el agua desde el gobierno, no sólo en términos de volúmenes, sino también de calidad.

Expuso que actualmente el recurso subterráneo de mayor calidad lo entrega Conagua “al sector privado, a empresas mineras y a la fábrica de cerveza más grande del mundo, la cervecería del Grupo Modelo, propiedad de Anheuser-Bush Inveb”, del municipio de Calera, que se ubica entre las ciudades de Fresnillo y Zacatecas, así como a la mina Peñasquito, de la trasnacional Newmont.

“Mientras, a la población (los habitantes de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas) se les abastece con agua subterránea, extraída cada vez a mayores profundidades, en su mayor parte contaminada, con concentraciones de flúor, arsénico y otros metales pesados muy por encima de las normas mexicanas, ¿cómo es posible eso?”, cuestionaron los investigadores.

Para habitantes como Adrián Ramos, de la comunidad de Atotonilco, “los gobiernos no son servidores públicos, son de las empresas, trabajan para ellas, que vienen y les dicen: ‘queremos el agua del municipio’, y ellos entregan todo para tener a gusto a los grandes empresarios, y a nosotros no nos toman en cuenta como seres humanos”.

Tomado de La Jornada