La denuncia

Armagedón

“Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte”
Salmos 50:18

Imparable la depredación en el Hospital del Niño
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
Incontables, siguen las demandas en el Hospital del Niño, Rodolfo Nieto Padrón, parecido a un ecosistema donde el control interno decidió tomarse vacaciones indefinidas que dan; de allí que el saqueo hormiga hasta en los más bajos niveles ilustran el por qué los hospitales colapsan; por ello, le comentaron al columnista que hasta el Delegado Estatal del IMSS Bienestar Pablo Caso Torres, quiere salir huyendo y no le aceptan que deje tirado el cargo

Es evidente que cuando hay fallas de control interno y nadie vigila, todos “aprovechan” y le meten la mano al cajón. Ubiquemos, en cualquier hospital público, el área de mantenimiento no es menor: administra insumos físicos con valor económico (cableado, tubería, herramientas) y además tiene acceso a infraestructura crítica. En el Hospital del Niño hay fallas estructurales a propósito: hay ausencia de inventarios auditables: si se puede sustraer cobre o herramientas de forma sistemática, no hay trazabilidad real

Hay una débil supervisión operativa, todos abajo observan que los recorridos de seguridad detectan irregularidades, pero no generan consecuencias porque nadie quiere meterse en problemas, máxime cuando el administrador se hace el “occiso”, eso genera la inocultable tolerancia jerárquica, todos ven que, aunque los mandos superiores conocen: no actúan, por eso el problema dejo de ser individual y se volvió institucional. En términos administrativos, esto no es un “caso aislado”, es una ruptura del sistema de control interno

En el Hospital del Niño el presunto retiro irregular de materiales como cableado y tubería no sólo implica posible daño económico: afecta instalaciones eléctricas y sanitarias con impacto directo en la atención médica. Ese saqueo hormiga a los ojos de todos, dónde todos saben quienes son los ladrones genera riesgos de seguridad para pacientes y personal y aumenta costos futuros por reparaciones o reposiciones

Es decir, no es sólo un tema de “alguien robando”, sino un recurrente deterioro funcional del hospital en el cual las autoridades, aunque la mayor de las veces tiene conocimiento de la depredación, su mutismo ilustra que son incapaces de molestar a los ladrones que se agravan con los señalamientos hay de nepotismo sobre la jefatura de lavandería y que introduce otro problema clásico: las designaciones sin perfil técnico que debilitan la operación del hospital

Uso del cargo para desplazar personal rompe la estabilidad laboral. La inserción de familiares o cercanos sugiere captura de funciones clave. Pero es el sindicato el que fomenta que el hospital haya dejado de funcionar como institución y ahora parezca una red de intereses privados con recursos públicos; lo anterior da una idea que ni siquiera en lo mínimo la directora Silvia Gutiérrez y su inservible administrador tienen el interés de erradicar los problemas

Eso ha generado un clima laboral deteriorado con efectos secundarios graves: personal intimidado o desplazado, el uso de actas administrativas como herramienta de presión y la pérdida de confianza en la dirección. Luego se preguntan por qué nadie denuncia formalmente. Pues porque el costo de hacerlo suele ser más alto que el de quedarse callado. Máxime cuando esa responsabilidad es de los mandos superiores

Ahí, es donde está el punto incómodo: si es del dominio público que el saqueo, la dirección a cargo de la Dra. Silvia Gutiérrez y el administrador César Octavio Solís conocen los hechos y no han actuado; en el hospital del Niño han visto que el problema dejó de ser de una persona y pasó a ser de gobernanza institucional y eso en términos administrativos muestra que: hay omisión de funciones, lo cual hasta en lo mínimo debilita el principio de rendición de cuentas; es decir, es evidente que hay responsabilidades administrativas mayores

Botones de muestra hay: la remoción reciente en lavandería y el hecho de que la jefatura haya sido retirada por maltrato laboral indica algo importante: el sistema sí puede reaccionar, pero lo hace tarde y de forma parcial. se atendió el síntoma visible (conflicto laboral), no necesariamente la raíz (red de control y prácticas indebidas) y con este tipo de situaciones es evidente que el hospital no se deteriora de un día a otro

Se ha desgastado lentamente desde el momento en que los controles se relajaron, las jerarquías se volvieron cómplices por acción u omisión y las áreas operativas se privatizaron de facto. En su lugar llegaron los discursos sobre “mejora del sistema de salud” que suenan bonitos para unos, pero sólo hasta que miran el cuarto de máquinas y descubren que alguien ya se llevó los cables., imparable la depredación en el Hospital del Niño

SEPTIMO SELLO
El nombre del diputado del Partido Verde, Miguel Moheno aparece en el tráfico de placas en Cárdenas. Otra vez la misma obra, distinto reparto. Cambian los partidos, cambian los nombres, pero el libreto de “gestión” convertida en negocio ilegal parece venir ya impreso desde antes de tomar protesta. Separemos ruido, hechos denunciados y riesgos institucionales: la naturaleza del señalamiento es gestión política igual a presunta extorsión

Lo que el video en poder del columnista describe no es menor. Involucra tres elementos críticos: cobro indebido por trámites públicos (placas o concesiones). Intermediación política vinculada a un actor legislativo. Destino presuntamente electoral de los recursos. Si esto se acredita, deja de ser “gestión” y entra en terreno de: corrupción administrativa, posible financiamiento ilícito y uso indebido de funciones públicas. Porque las concesiones no son mercancía. Son actos del Estado

SEPTIMA TROMPETA
Ahí se ubica que el problema estructural: movilidad como espacio de captura. El sector movilidad, en varios estados, suele convertirse en zona gris por tres razones: Alta demanda social (placas, taxis, permisos). Procesos discrecionales. Intermediación política informal. Cuando no hay controles firmes, ocurre lo predecible: aparecen “gestores”, se fijan tarifas paralelas y el ciudadano queda atrapado entre la necesidad y el abuso. Lo que se relata encaja exactamente en un patrón. Nada innovador, tristemente

Eso conlleva un riesgo político para la coalición gobernante y ahí es donde la cosa se vuelve incómoda para el bloque en el poder: en el video se menciona actores cercanos a Miguel Moheno. Se alude a recursos “para Morena” y se habla de operadores que actúan en nombre de alianzas. Ello, genera tres tensiones: desgaste interno entre aliados (Morena–PVEM–PT). Narrativa de traición política, más emocional que jurídica, pero útil mediáticamente. Riesgo reputacional directo para el proyecto de la Claudia Sheinbaum Pardo, aunque no tenga relación operativa con los hechos. Recordemos, en política, la percepción importa más que la cadena de mando

Ahí interviene el rol de la autoridad administrativa, se menciona -aunque él ni siquiera esté enterado- la necesidad de actuación de Rafael Elías Sánchez Cabrales. Administrativamente, su margen es claro: abrir investigación interna con las debidas responsabilidades administrativas. Separar preventivamente a funcionarios involucrados. Dar vista a instancias penales si hay indicios de delito y auditar procesos de asignación de placas y concesiones. Si no actúa; uf, el costo no sólo será político, será institucional al validar la percepción de captura de su dependencia

SEPTIMA COPA
Anote Usted, el elemento más delicado: dinero y narrativa contradictoria, en el video que daremos a conocer mañana hay una inconsistencia clave que, si se confirma, es explosiva: a unos se les dice que el dinero es “para Morena”. A otros, que es “para Miguel Moheno”. Eso no es un detalle menor. Es típico de esquemas donde: el nombre del poder se usa como garantía, pero el destino real del dinero es opaco. En traducción menos elegante: alguien está usando marcas políticas como escudo para negocios privados

Ello lleva a una dimensión penal potencial, el esquema descrito podría encuadrar en: fraude, cohecho, tráfico de influencias y eventualmente delitos electorales. Especialmente si se acredita: cobro por actos que no dependen de quien cobra, engaño a particulares (20 afectados con tres millones de pesos) y uso de recursos para fines políticos. En esto hay un patrón repetido: no es un caso aislado. El señalamiento de que situaciones similares ocurrieron en Villahermosa sugiere algo más grave: posible práctica sistemática, no evento único. Redes que operan por zonas o coyunturas y el uso de procesos administrativos como caja chica política. Cuando todo esto se repite, deja de ser escándalo y pasa a ser modelo de operación

El problema no es solo quién pidió el dinero. El problema es que el ciudadano crea que así funcionan las cosas. Y cuando esa idea se normaliza, el Estado pierde su última defensa: la legitimidad. Porque si una placa depende de cuánto pagas “por fuera”, entonces ya no hay gobierno, hay ventanillas con tarifa clandestina y padrinos con lista de precios. Regresamos mañana con la queja con firma de recibida el 06 de abril, el video y cosas peores