Autoridades proponen un nuevo decreto para regularizar colonias asentadas en tierras federales y garantizar el orden en la zona protegida

El delegado de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), Jorge Enrique Zapata Nieto, consideró que la única forma de resolver la ocupación de más de 2,500 hectáreas de tierras pertenecientes al polígono del Parque Nacional Cañón del Sumidero es mediante un nuevo decreto del Área Natural Protegida (ANP); “hay que ver dónde está atorado para darle seguimiento”.

Explicó que las 91 colonias asentadas en tierras federales se ubican en una franja colindante con el bosque, desde la Escuela de Licenciatura en Trabajo Social en el oriente de Tuxtla Gutiérrez, hasta Villa Allende, en los límites de Tuxtla Gutiérrez con San Fernando.

De estas 91 colonias dentro del ANP, 33 pertenecen al municipio de Chiapa de Corzo, mientras que el resto corresponde a Tuxtla Gutiérrez. En total, ocupan poco más de seis mil lotes, por lo que la solución a la ocupación irregular debe ser producto del consenso y los acuerdos entre los tres niveles de gobierno.

La ocupación comenzó hace más de 40 años y, desde 2017, se ha planteado al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la modificación del decreto presidencial de creación del ANP, emitido en diciembre de 1980.

Zapata Nieto señaló que este es uno de los temas que se están abordando con la CONANP, en donde deben participar también el gobierno del estado y los ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo. “Se trata de generar soluciones; la ocupación inicia en la Escuela Superior de Trabajo Social y termina en la zona de Villa Allende, entre Tuxtla Gutiérrez y San Fernando”.

Se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por las ocupaciones ilegales dentro del ANP. Además, es necesario hacer una delimitación del polígono federal, ya que en la zona existen calles, avenidas, colonias, escuelas públicas y hoteles. La intención es generar orden y estado de derecho, para que, una vez modificado el decreto presidencial, pueda establecerse la regularización correspondiente.

//Tomado de: http://Heraldo de Chiapas

Una respuesta a «#Chiapas ¿Se modifica el Cañón del Sumidero? Proponen desincorporar 91 colonias del estado»

  1. Es importante conocer que según Resolución Presidencial de fecha 31 de Enero de 1940, ( CLAVE UNICA REGISTRAL: 0714109621693847 ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL), una gran parte de estos terrenos son propiedad social de ejidatarios, tierras de usó común del ejido Francisco I. Madero y que existe controversia a quien corresponde dicha área ya que según CONANP y PROFEPA fueron afectadas por Decreto Expropiatorio de fecha 08 de Diciembre de 1980, para conformar la Reserva del Cañón del Sumidero, sin indemnizar al ejido por la supuesta afectación del mismo, ni la entonces Secretaria de Reforma Agraria delimitó el área afectada, por éste, por lo que no pago indemnización alguna, por no estar inscrito el Decreto en el RAN, ni ubicada la supuesta área afectada, sin embargo los ejidatarios no han solicitado su restitución de sus tierras ante Tribunales Agrarios o impugnación por un Decreto mal integrado, ante falta de asesoría de oficio de la Procuraduría Agraria, y ante tal desconocimiento los ejidatarios y Lic. Gilberto Díaz, Visitador Agrario de PA, asesoro y ejecutaron el PROCEDE (programa de certificación y ratificación de linderos) el 29 DE OCTUBRE DEL 1994, en apego a la Ley Agraria, expidiendo el Registro Agrario Nacional, su Carpeta Agraria al ejido con planos definitivos y certificados de uso común para cada ejidatarios, es decir fortalecieron su aspecto jurídico de que son terrenos ejidales que le pertenece al núcleo agrario, aclarando que los ejidatarios y avecindados reconocidos en el RAN, han tenido en posesión y explotado sus tierras, conociendo estos que desde 1992, el reparto agrario concluyó y sus tierras valen. Peor aún, presuntamente existe un proyecto de Decreto Modificatorio para correr linderos del área de afectación del Cañón y entregar la propiedad social al INSUS por considerarla área federal, sin indemnizar al ejido. Cuando nunca impugnaron el proceso de certificación desarrollado con el programa PROCEDE donde participo la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Secretaria de la Reforma Agraria y Notaría Publica para certificación, recuerden que están los Tribunales Agrarios, así de fácil no va afectar derechos de ejidatarios quitando Planos y certificados de usó común emitidos por el Registro Agrario Nacional y entregando la tierra a invasores con supuesto apoyo de INSUS, según proyecto del Decreto Modificatorio, deben respetar la propiedad social.

    Cabe señalar que sus ejidatarios y avecindados siempre solicitaron actualizar su zona urbana, en sus tierras de uso común mediante el Programa de Gobierno Federal denominada RRAJA, y no mediante el INSUS según Decreto Modificatorio que solo beneficia a Invasores con recursos económicos que cuentan con Residencias que sin autorización del ejido construyeron, acapararon tierras de uso común y hasta construyendo grandes albercas tienen acaparan el agua de la zona.

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