La denuncia

*Armagedón**“El hombre robador de los pobres. Es como lluvia torrencial que deja sin pan”**Proverbios 28:3* *

ISSET, los fantasmas de la corrupción ahorcan al PRI

**Alfredo A. Calderón Cámara**alfredocalderon1960@gmail.com**La reciente declaración del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, responsabilizó al exmandatario priista Andrés Granier Melo del quebranto financiero del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). La acusación no es menor. Implica señalar que el origen de la crisis que hoy obliga al gobierno estatal a rescatar periódicamente al instituto se remonta a la pésima administración y malísimas decisiones tomadas hace más de una década**Según el mandatario, durante aquella administración se comenzó a retener a los trabajadores las cuotas destinadas al sistema de seguridad social sin enterarlas al organismo correspondiente, utilizándolas para cubrir otras necesidades financieras del gobierno estatal. El resultado, -afirma-May Rodríguez, fue un deterioro acumulado que se arrastró durante administraciones posteriores. Desde el punto de vista político, la narrativa tiene lógica. La crisis del ISSET no es nueva**Es un problema heredado, agravado y postergado durante varios sexenios. La responsabilidad histórica involucra no sólo al gobierno de Granier, sino también al de Arturo Núñez, Adán Augusto y Merino Campos, así como a decisiones administrativas posteriores que intentaron sostener el sistema mediante reformas parciales. En ese contexto, el actual gobierno busca fijar un punto de origen de la crisis, una especie de pecado original que explique el déficit actual**Retener cuotas sin enterarlas al instituto, diferir pagos o financiar prestaciones con deuda fue una práctica irregular. El problema es que ese tipo de decisiones produce efectos acumulativos: el sistema sigue funcionando durante años, pero el boquete financiero se expande silenciosamente hasta volverse inmanejable**El del ISSET, el faltante estimado supera los 2 mil 700 millones de pesos, según los reportes presentados ante la comisión legislativa que investiga las finanzas del instituto. Esa cifra refleja no sólo irregularidades administrativas, sino un desbalance actuarial profundo. Es decir, el sistema promete más prestaciones de las que puede financiar con las cuotas existentes**Por eso la reforma aplicada en años recientes —que incrementó las aportaciones de los trabajadores— fue descrita por el propio gobierno como una medida para “ganar tiempo”. Esa frase, aunque honesta, también revela la naturaleza del problema. Subir cuotas puede aliviar temporalmente la presión financiera, pero no resuelve el desequilibrio estructural si no se acompaña de cambios más profundos en la arquitectura del sistema: edad de retiro, fórmula de cálculo de pensiones, aportaciones gubernamentales y gestión de los fondos**Desde la perspectiva económica, el rescate periódico del ISSET implica una presión creciente sobre las finanzas públicas de Tabasco. Cada peso que el gobierno estatal destina a cubrir pensiones es un peso que deja de invertirse en infraestructura, educación, salud o desarrollo económico. Es el clásico dilema fiscal de los sistemas de pensiones en crisis: el presente comienza a devorar los recursos del futuro; ahí es dónde esta administración siente la asfixia económica**Desde la perspectiva política, el tema también tiene implicaciones delicadas. Los trabajadores y jubilados del estado constituyen un sector social relevante, con capacidad de presión y movilización. Cualquier reforma profunda al sistema puede generar resistencia si se percibe como una reducción de derechos adquiridos. Por eso los gobiernos suelen preferir soluciones graduales o temporales, aun cuando saben que el problema seguirá creciendo**La estrategia anunciada por el gobierno de May Rodríguez, basada en un estudio actuarial para diseñar un plan de rescate de largo plazo, apunta en la dirección correcta desde el punto de vista técnico. Los estudios actuariales permiten calcular con precisión el tamaño real del déficit y proyectar escenarios financieros futuros. Sin embargo, la experiencia demuestra que los diagnósticos técnicos suelen chocar con los límites de la política: ajustar un sistema de pensiones siempre implica costos sociales inmediatos**En el fondo, el debate sobre el ISSET refleja una realidad más amplia del sistema político mexicano. Las crisis institucionales rara vez nacen en un sólo gobierno; se construyen lentamente a través de decisiones acumuladas, omisiones administrativas y reformas incompletas. Señalar al pasado es políticamente útil, pero no sustituye la responsabilidad presente de diseñar dolorosas soluciones viables**En esta herencia maldita el reto para el gobierno actual es doble. Primero, reconstruir la sostenibilidad financiera del instituto sin provocar una ruptura social con los trabajadores del estado. Segundo, evitar que el ISSET se convierta en un símbolo más del deterioro de las instituciones públicas, atrapadas entre la herencia del pasado y la urgencia del presente**En política, como en economía, las cuentas siempre terminan llegando. Y cuando se trata de pensiones, el tiempo no perdona a nadie. Ni a los gobiernos que las prometieron, ni a los que ahora deben pagarlas. Tiempos son estos en lo que dentro de la política tabasqueña algunos actores hablan de renovación, de reorganización partidista y de nuevos comienzos**Pero los expedientes del pasado siguen ahí, quietos, esperando explicación. Y uno de esos expedientes incómodos es el que rodea a la exdirectora del ISSET, Hilda Santos Padrón, colaboradora del ex gobernador Andrés Granier, señalada durante años por presuntos manejos irregulares que habrían contribuido al deterioro financiero del organismo, añada Usted su pensión millonaria truqueada**El asunto se vuelve todavía más delicado en el contexto actual. Granier ha reaparecido en el escenario político con discursos de reorganización y resistencia dentro del Partido Revolucionario Institucional. Habla de lucha, de enfrentar a un “enemigo enorme” rumbo a los próximos procesos electorales. Pero la política tiene una regla cruel: antes de pedir nuevamente la confianza del electorado, hay que explicar con claridad la rapiña del pasado**Y ahí está el verdadero dilema del PRI en Tabasco. El partido intenta reconstruirse, presentarse como alternativa frente al dominio de Morena y recuperar presencia política. Sin embargo, sin que sea una campaña de adversarios ni una conspiración mediática. Es simplemente la consecuencia de una memoria social que no olvida fácilmente los escándalos que marcaron una época; por ello, cada vez que intenta levantar cabeza el tricolor, la historia regresa con puntualidad casi bíblica. Y con el asunto del ISSET, los fantasmas de la corrupción ahorcan al PRI**SEPTIMO SELLO**Ubiquemos: las acusaciones que se hicieron públicas en su momento no fueron menores. Se habló de presuntos delitos como omisión dolosa, fraude, asociación delictuosa y ejercicio indebido del servicio público. En cualquier democracia medianamente seria, ese tipo de señalamientos obligaría a una investigación profunda y a una explicación política clara. Pero en la práctica mexicana suele ocurrir algo más práctico y menos heroico: los casos se enfrían, los expedientes se empolvan y finalmente alguien pronuncia la frase mágica que todo lo disuelve: “no hubo pruebas suficientes”**El problema es que la percepción pública rara vez se evapora con la misma facilidad que los expedientes. El ejemplo más visible sigue siendo el tema de las pensiones millonarias otorgadas dentro del ISSET a Santos Padrón y cómplices, prestaciones que para muchos trabajadores y observadores simbolizan un sistema profundamente desigual. Mientras miles de burócratas enfrentan jubilaciones limitadas y un fondo en crisis, estas pensiones privilegiadas alimentan la narrativa de abuso y discrecionalidad en el manejo del instituto**SEPTIMA TROMPETA**Ese contraste es políticamente devastador ahora que Granier Melo aspira a pedir el voto para el PRI en las intermedias del 2027. La crisis financiera del ISSET no es solo una ecuación actuarial; es también un problema de legitimidad. Cuando los trabajadores observan que el sistema que financian con sus aportaciones permite pensiones extraordinarias para ciertos funcionarios, el discurso de sacrificio colectivo pierde credibilidad. Pedir ajustes, reformas o mayores aportaciones se vuelve políticamente explosivo si antes no se aclaran los privilegios del pasado**Por eso la responsabilidad política inevitablemente alcanza al entonces gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo. No porque cada decisión administrativa de un instituto recaiga directamente en el despacho del gobernador, sino porque el jefe del Ejecutivo es, en última instancia, el responsable político de la conducta de su administración. Cuando un colaborador cercano enfrenta acusaciones de esa magnitud, el silencio o la evasión terminan siendo interpretados como complicidad o como incapacidad para ejercer control sobre el propio gobierno. Granier Melo necesita limpiarse de la fétida salpicada de Hilda Santos**SEPTIMA COPA**La sociedad tabasqueña expulsó al PRI del poder no por capricho ideológico, sino por un hartazgo acumulado frente a prácticas que se percibían como abusivas y opacas. Ese contexto explica por qué cualquier caso asociado a presuntos daños patrimoniales sigue siendo políticamente tóxico para el partido. No basta con declarar que los expedientes están cerrados. La ciudadanía ya aprendió a desconfiar de los carpetazos administrativos**En términos estrictamente políticos, la única salida viable para quienes buscan reconstruir credibilidad es la transparencia radical. Explicar decisiones, abrir archivos, asumir responsabilidades cuando corresponda. No hacerlo equivale a mantener abierta una herida que cada proceso electoral vuelve a sangrar. El caso de las pensiones cuestionadas dentro del ISSET simboliza precisamente eso: un recordatorio persistente de cómo las decisiones administrativas pueden transformarse en problemas políticos de largo plazo**Mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta convincente, cualquier intento de rehabilitación política seguirá cargando con el peso de la duda. Y la política, que puede perdonar muchas cosas, rara vez perdona las dudas sobre el manejo del dinero público. Porque cuando la hacienda del estado se ve afectada, la memoria colectiva no se limita a archivar el caso. Lo convierte en juicio permanente. Y ese juicio, en Tabasco, sigue abierto*