La denuncia

Villahermosa, Tabasco, México.- Profesor de Telesecundaria, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública de Tabasco, denuncia hostigamiento y persecución por parte de las autoridades educativas de esta Entidad. El Maestro tiene la plena seguridad que el motivo de esta persecución laboral, busca callarlo y que dejen de publicar la «Revista Magisterial», órgano dónde difunden inquietudes y opiniones del Sistema Educativo Mexicano, labor que realizan desde hace más de tres décadas. Aquí su denuncia:

NO NOS VAN A CALLAR: CUANDO DECIR LA VERDAD SE CONVIERTE EN DELITO

Gamaliel Sánchez Salinas

En 1991, en el municipio de Comalcalco, cuatro docentes decidimos hacer algo que en el sistema educativo suele pagarse caro: decir la verdad. Así nació un modesto medio que bautizamos como La Gaceta Magisterial. No teníamos recursos, ni padrinos políticos, ni protección institucional. Teníamos algo más incómodo para el poder: la voluntad de denunciar la connivencia entre autoridades educativas y el charrismo sindical que históricamente ha operado contra el maestro y la maestra de base.

Desde el primer número de aquella Gaceta Magisterial dejamos claro nuestro posicionamiento. En aquel editorial citamos al periodista argentino Ricardo Masetti, quien sostuvo que no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. Y nosotros tampoco pretendíamos serlo. No cuando lo que estaba en juego era la dignidad del magisterio.

Han pasado 35 años desde entonces. La pequeña Gaceta creció, evolucionó y se convirtió en Revista Magisterio, pero el costo de mantener una línea crítica ha sido permanente. Durante décadas hemos enfrentado ataques sistemáticos del charrismo sindical y de burócratas enquistados en la Secretaría de Educación de Tabasco. La crítica, en ciertos círculos del poder, se considera una ofensa. Y la denuncia, una amenaza.

El episodio más reciente ocurrió hace apenas unos días.

El 26 de febrero de 2026, a las 10:45 de la mañana, se presentó en la Telesecundaria Carlos A. Madrazo, en El Zapote, Nacajuca, Juan Carlos Espadas, director de Educación Secundaria. En ese momento nos encontrábamos en sesión de Consejo Técnico Escolar, un espacio oficial de trabajo docente. Sin embargo, el funcionario evitó dirigirse al colectivo docente. Únicamente habló con la directora y, de manera arbitraria, sustrajo el libro de entradas y salidas del plantel, llevándoselo consigo; sin explicación, sin procedimiento, sin transparencia.

Pero lo más grave estaba por venir: El 3 de marzo, tres personas que se identificaron como personal del Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación del estado llegaron a la escuela para entregar un documento a todo el personal: tres docentes y la directora. En él se nos informaba que, de acuerdo con actas circunstanciadas elaboradas por el jefe del Departamento de Telesecundaria, Juan Gabriel Gamas Vidal, se nos acusaba de “presunto abandono de empleo”, señalando que habíamos abandonado nuestro centro de trabajo los días 25 y 26 de febrero. La acusación no solo resultó sorprende, sino absurda.

En lo que a mí respecta, el 25 de febrero me encontraba comisionado oficialmente en el Concurso de lectura en voz alta y comprensión lectora realizado en Tacotalpa, dentro del sector del maestro Elmer Ricárdez. Mi presencia ahí no fue casual ni voluntaria: fue ordenada por la propia estructura educativa. Existe un oficio de comisión firmado por el jefe de sector 1, el Dr. Oscar Enrique Martínez García, que lo demuestra. Es decir: la misma autoridad que ahora me acusa sabía perfectamente dónde estaba.

Respecto al 26 de febrero, cuando caminaba a los sanitarios, yo mismo observé al director de Educación Secundaria. Incluso saludé a uno de sus acompañantes. Vi claramente cuando entró a la dirección y conversó con la directora del plantel. Ella misma nos comentó después que lo invitó a pasar al salón donde realizábamos la sesión de Consejo Técnico para saludarnos, pero él se negó. No quiso entrar, no quiso constatar lo evidente.

Afortunadamente, ese día se encontraban en la escuela integrantes de la Asociación de Padres de Familia, quienes acudían a instalar cámaras de vigilancia. En días previos, un sujeto desconocido había visitado el plantel por las mañanas para interrogar a alumnos y habitantes de la comunidad, solicitando información sobre maestros y estudiantes mientras tomaba fotografías de los menores, lo que generó preocupación entre las familias.

Las madres de familia que presenciaron la llegada del funcionario y lo ocurrido ese día, decidieron, por voluntad propia, acudir a declarar como testigos, precisamente porque ellas estuvieron ahí y fueron testigos directos de los hechos. Su testimonio fue claro: los docentes nos encontrábamos en la escuela cumpliendo nuestras funciones y participando en la sesión de Consejo Técnico.

Su palabra, basada en lo que vieron, desmonta la versión construida en las actas circunstanciadas.
El 5 de marzo acudimos al Departamento Jurídico para responder formalmente. Cada uno de nosotros presentó pruebas documentales que demuestran que las actas circunstanciadas elaboradas por el nuevo jefe de departamento son infundios. Ni él ni las dos personas que aparecen como testigos estuvieron jamás en nuestra escuela en las fechas señaladas.Es decir: se construyó una acusación sobre hechos que nunca ocurrieron.

Cuando el aparato burocrático recurre a expedientes fabricados, actas dudosas y acusaciones sin sustento, el mensaje es claro: no se busca justicia, se busca intimidar.

Por eso lo decimos sin rodeos: todo indica que estamos ante el inicio de una escalada represiva contra Revista Magisterio, un medio que durante décadas ha incomodado a quienes prefieren el silencio del magisterio antes que su pensamiento crítico.

Pero deberían recordar algo quienes creen que el poder administrativo puede aplastar la verdad: cuando los hechos hablan, las mentiras burocráticas se derrumban solas. Aquí están las pruebas, los documentos y, sobre todo, los testigos que estuvieron presentes.

Si alguien cree que con expedientes fabricados se puede silenciar una historia de 35 años de denuncia, desconoce profundamente la naturaleza de quienes decidimos hace décadas tomar la palabra. Porque la verdad no se archiva, no se intimida y no se negocia.

Y por eso, hoy como en 1991, lo decimos con la misma convicción: no nos van a callar».