La denuncia

Armagedón

“Porque en la boca de ellos no hay sinceridad; Sus entrañas son maldad, Sepulcro abierto es su garganta, Con su lengua hablan lisonjas”
“Salmos 5:9”

Las bodegas del Bienestar de la SETAB
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
Doña Patricia Iparrea Sánchez todavía no dimensiona que lleva las riendas de una hiedra de mil cabezas, muchas de ellas saturadas de gusanos. Es entendible que demasiado trabajo le impide vigilar tanta rapiña. Ni modo, este es otro capítulo más en la larga novela de la administración pública, donde las bodegas de la SETAB terminan funcionando como tiendas de autoservicio, pero sin caja, sin tickets y sin vergüenza

Vamos al análisis, con calma, sin histeria, y con los pies bien puestos en la lógica institucional. Lo que se describe que sucede en Recursos Materiales y Servicios de la SETAB, con señas, nombres y apellidos no es un hecho aislado ni un simple “rumor de pasillo”. El patrón narrado apunta a algo más serio: un posible esquema sistemático de abuso de funciones, control discrecional de recursos, opacidad operativa y uso patrimonialista del cargo público

Eso, en términos políticos y administrativos, es una bomba silenciosa, una traición a la confianza de la secretaria de Educación que no tardará mucho Armagedón en hacerla estallar: Ubiquemos con calma; primero, el elemento estructural: el control absoluto de la bodega general. Uf, cuando una sola persona concentra llaves, autorizaciones, accesos, inventarios y decisiones de entrega, el problema ya no es el individuo, es el diseño del sistema

Un principio de la administración pública moderna que la secretaria de educación debería saber es que funciona bajo principios básicos: separación de funciones, trazabilidad, controles cruzados y supervisión. Si todo pasa por una sola mano, se crea un embudo de poder, y ese embudo es el terreno ideal para la discrecionalidad, el abuso y la corrupción a sus espaldas galopa en la SETAB. Lo que está sucediendo. Ni nombres ni fotos: por ahora

No se necesita robar: basta con administrar sin controles. El señalamiento sobre la desconexión de cámaras de vigilancia cuando se en robo hormiga agrava el cuadro, quiere decir que el “roedor no es primerizo” porque ya no se habla sólo de mala administración, sino de conductas deliberadas orientadas a evitar mecanismos de supervisión. Eso es un salto cualitativo: no es descuido, es intención. No es desorden, es estrategia. En términos políticos, eso convierte un problema administrativo en un problema de gobernabilidad interna. A alguien le están pasando la rata por los ojos

Desde luego está el componente humano, que nunca es menor. Todos saben de quién fue la narrativa del funcionario que públicamente se declaró sin recursos por la pensión alimenticia y semanas después, celebrar una boda de alto lujo no es prueba legal, pero las fotos de la boda hablan que sí es un indicador político clásico de disonancia patrimonial. En cualquier sistema serio de control interno, ese tipo de contradicciones activa alertas automáticas

No porque “casarse bien” sea delito, sino porque el ingreso reportado no coincide con el nivel de gasto observable, y eso de estar enterada doña Paty le obligaría a revisión, auditoría y explicación. El caso del programa “Aprende” y su operación paralela introduce otro problema: la captura de programas públicos con fines privados. Cuando un funcionario convierte la gestión de materiales en un mercado informal, el programa deja de ser política pública y se transforma en economía paralela

La lógica ya no es servicio, es negocio. Ya no es derecho social, es transacción. Eso no sólo corrompe recursos, corrompe el sentido mismo del programa. Aquí el daño es doble: 1. A la institución, porque pierde legitimidad. 2. A las escuelas y comunidades, porque se normaliza la idea de que los servicios públicos se “compran” y no se garantizan

El esquema descrito de duplicación de solicitudes, manipulación de fechas, falsificación de firmas, uso discrecional de vales de gasolina y desvío de materiales configura algo más complejo que actos individuales: parece un modelo de operación, con roles, funciones, complicidades y beneficios repartidos. Eso, en términos políticos, ya no es corrupción individual: es red funcional

Cuando aparecen nombres múltiples, relaciones personales, vínculos sentimentales, estructuras de protección interna y tolerancia institucional, el problema deja de ser un funcionario y se convierte en una microestructura de poder informal dentro de la dependencia. Es decir: un gobierno dentro del gobierno. El señalamiento de la falta de supervisión es clave. Porque ningún esquema de este tipo funciona si no existe: Omisión de control. Indiferencia jerárquica. Tolerancia política. Miedo institucional o complicidad directa

Y aquí entra la dimensión política real: la nueva administración no sólo hereda problemas, hereda estructuras, y si no las desmantela, termina absorbiéndolas. El costo no es sólo moral, es político: desgaste de imagen, pérdida de credibilidad, desconfianza social y debilitamiento del discurso de transformación. Además, el tema del uso de armas dentro del espacio laboral, el acoso laboral señalado y las denuncias previas no atendidas introducen otro eje: el de la normalización del abuso de poder

Cuando un funcionario se siente intocable, actúa como intocable. No necesita órdenes. No necesita protección explícita. Le basta la ausencia de consecuencias. En términos mesurados pero claros: Lo que se describe todavía no es un brutal escándalo mediático, es una crisis de control institucional. No es un chisme administrativo, es un fallo estructural de gobernanza interna. No es sólo corrupción, es descomposición funcional

Y políticamente, esto es lo más grave: cuando los programas sociales, educativos y administrativos se convierten en botines internos, el Estado deja de ser garante de derechos y pasa a ser administrador de privilegios. Aquí no se trata de linchamientos ni de juicios sumarios. Se trata de algo más serio y más incómodo: Auditoría real. Revisión patrimonial. Investigación administrativa. Control interno efectivo. Reingeniería de procesos y, sobre todo, voluntad política para no encubrir

La integridad y las aspiraciones de la señora Iparrea Sánchez tienen la palabra. Porque si no hay respuesta institucional, el mensaje al pillín es brutalmente simple: robar sí sale rentable. Y ese mensaje, cuando se instala en una dependencia pública, no solo daña a la SETAB y la administración de doña Patricia Iparrea que es dable reconocer que trabaja de manera incansable. También daña al gobierno y daña a la política pública

Es del dominio público dentro de la SETAB y los nombres corren por los pasillos porque han dañado la confianza social. Y erosionan cualquier narrativa de transformación. En política, la corrupción no siempre se nota por el ruido. A veces se nota por el silencio. Por la inacción. Por la indiferencia. Por la normalización. Y eso, cuando ocurre, no es un problema administrativo. Es un problema de Estado, en eso están convertidas en este momento las bodegas del Bienestar de la SETAB

SEPTIMO SELLO
En otro tema: el asalto al equipo del staff de comunicación social de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Carretera 57 Norte, rumbo a Matehuala, exhibe con crudeza el nivel de vulnerabilidad que persiste en corredores estratégicos del país. El uso de “ponchallantas” para forzar la detención del convoy confirma que la delincuencia opera con métodos cada vez más organizados y con conocimiento de los patrones de movilidad

La mecánica del ataque revela organización, control del territorio y conocimiento operativo: colocación de artefactos para detener vehículos, selección de blancos específicos, despojo sistemático de equipos estratégicos de comunicación, cámaras, dispositivos de alta gama y pertenencias personales. No fue improvisación, fue operación. Y eso es lo verdaderamente preocupante: no se trató de delincuencia común oportunista, sino de un esquema criminal que actúa con método, logística y certeza de impunidad

SEPTIMA TROMPETA
Más allá del impacto mediático, el hecho revela una falla estructural en los dispositivos de prevención y reacción. Que equipo del staff de comunicación social de la Presidencia haya sido víctima de este tipo de ataque evidencia que los grupos criminales no distinguen jerarquías ni símbolos de poder. Pocos gobernadores en el país pueden mostrar resultados concretos en materia de pacificación como para hablar de una auténtica muestra de lealtad institucional hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. Tabasco es uno de esos casos

SEPTIMA COPA
Cuando Javier May asumió el gobierno, el estado arrastraba una crisis severa de violencia, con hechos que colocaban a la entidad en una narrativa nacional de inseguridad y descomposición. Hoy, sin negar que persisten retos, el panorama es distinto: hay una reducción visible en la incidencia de hechos de alto impacto, una mayor coordinación con instancias federales y, sobre todo, un cambio en la percepción social

Ese viraje no es casualidad. Responde a una decisión política de priorizar la seguridad, de alinear esfuerzos con la estrategia federal y de asumir la pacificación como una responsabilidad central del gobierno estatal. En política, la lealtad no se mide en discursos, sino en resultados. Y en ese terreno, Tabasco se ha convertido en un ejemplo de cómo, cuando hay voluntad y coordinación, sí es posible cambiar el rumbo de un estado que venía marcado por la violencia