La denuncia

Armagedón

“Camino a la vida es guardar la instrucción; Pero quien desecha la reprensión, yerra”
“Proverbios 10:17”

El cargo no es trampolín
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
No se terminan los cuestionamientos de la magistrada Margarita Espinosa Armengol y ha comenzado a llegar el sustento sobre otra dama que parece que sigue sus pasos. Entendamos; la investidura no es herencia: los intereses particulares incitan a usar el cargo público como plataforma personal. No se dimensiona que en el derecho administrativo y en la ética pública hay un principio elemental que suele olvidarse con demasiada facilidad

La función pública no es propiedad privada, ni puede convertirse en instrumento para fines personales o electorales. Es una investidura temporal, sujeta a límites legales, controles institucionales y, sobre todo, al escrutinio ciudadano. Cuando una servidora pública comienza a desdibujar esa frontera, el problema deja de ser político y entra en el terreno de la posible responsabilidad administrativa y patrimonial

Las conductas atribuidas a la secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado de Tabasco, Mayra Paloma López Hidalgo, plantean precisamente ese escenario: una confusión reiterada entre el ejercicio del cargo y la promoción personal con miras a una eventual candidatura. Desde una óptica jurídica, la entrega de apoyos —molinos, alimentos para peces, sillas de ruedas— fuera de reglas de operación claras, sin padrones públicos verificables y en horarios laborales, puede configurar un uso indebido de recursos públicos

Además de posibles faltas al principio de imparcialidad previsto en la normatividad electoral y en las leyes de responsabilidades administrativas. No se trata de un detalle menor. La Constitución y la legislación secundaria son explícitas en cuanto a la prohibición de utilizar programas sociales, bienes públicos, personal y tiempo laboral para inducir preferencias políticas, sobre todo cuando se realizan actividades electorales en horarios laborales

Cuando los apoyos se concentran en zonas específicas, cuando las visitas se hacen en comunidades estratégicas y cuando la actividad institucional se confunde con actos de promoción personal, el elemento de intencionalidad política se vuelve jurídicamente relevante. A ello se suman señalamientos sobre el uso de vehículos oficiales, combustible, materiales y personal para fines ajenos a la función pública, lo que, de acreditarse, podría constituir faltas administrativas graves, además de posibles responsabilidades por daño patrimonial

En el marco legal, no basta con negar: la carga de la transparencia obliga a documentar, comprobar y justificar cada peso, cada litro de combustible y cada bien utilizado; sobre todo, el reparto indiscriminado de Sillas de ruedas y molinos en las comunidades más apartadas de Cárdenas en horas laborables. La narrativa se vuelve aún más delicada cuando aparecen vínculos de asesoría política con personajes asociados a administraciones señaladas por irregularidades

Las visitas a la casa en el country de Villahermosa o en los estacionamientos de las plazas para recibir asesorías del padrinaje de Abraham Rosique, esposo de su prima hermana contamina todo. Esa cercanía con figuras con antecedentes cuestionados no es delito por sí misma, pero sí un factor de riesgo político y administrativo, porque refuerza la percepción de que el cargo está siendo utilizado como plataforma de proyecto personal, no como responsabilidad institucional

En el fondo, este no es un debate de género ni de simpatías políticas. Es un asunto de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. Las mujeres que han llegado a posiciones de alto nivel lo han hecho tras décadas de lucha por abrir espacios; por ello, el estándar ético no puede ser menor, sino mayor. Cada desviación no sólo compromete a la persona, sino que afecta la credibilidad de la institución y contamina el avance logrado

En el servicio público, la línea es clara: el poder no se hereda, no se renta y no debería ser usado como trampolín. La investidura es prestada por la sociedad. Y cuando se utiliza como herramienta de promoción personal, deja de ser mandato y comienza a parecer apropiación indebida. En política, como en el derecho, los hechos tarde o temprano alcanzan a las narrativas. Y cuando eso ocurre, no hay discurso que sustituya a los expedientes

En el caso de la secretaria de Bienestar en Cárdenas, Mayra Paloma López Hidalgo, las acciones descritas reflejan una preocupante confusión entre la función institucional y la promoción política personal. La entrega de molinos, alimentos para peces y sillas de ruedas, fuera del marco claro de atribuciones y sin reglas de operación visibles, abre interrogantes legítimas sobre el origen de los recursos, el uso de tiempos laborales y el respeto a los principios de neutralidad y legalidad que deben regir el servicio público

Entiéndase: más allá del acto asistencial, el fondo del asunto es político-administrativo: cuando los programas, vehículos, combustible y personal de una dependencia comienzan a percibirse como herramientas para posicionamiento electoral, se erosiona la frontera entre gobierno y campaña. Esa frontera no es un detalle técnico; es una línea ética que protege a la institución del uso patrimonialista del poder

La obscuridad en el manejo de recursos, los señalamientos sobre uso de vehículos oficiales para fines personales, posibles irregularidades en combustible, nóminas y apoyos en poder del columnista que ameritan revisión a fondo, así como la cercanía con figuras políticas con antecedentes cuestionados, generan un entorno de desconfianza que no sólo afecta a la funcionaria señalada, sino a toda la dependencia que encabeza. Tabasco demanda Bienestar sin opacidad

SEPTIMO SELLO
En política, la percepción también cuenta. Cuando una servidora pública aparece más activa en comunidades estratégicas que en el cumplimiento estricto de su agenda institucional, y cuando esas actividades coinciden con tiempos laborales y con la entrega de dádivas, el mensaje que se envía es claro: la función pública deja de ser servicio y empieza a parecer trampolín

El verdadero reto para las mujeres en cargos de alta trascendencia no es sólo llegar, sino honrar el cargo con congruencia. Porque cada acto que huele a uso personal del poder no sólo mancha una trayectoria individual, sino que alimenta el discurso que desacredita la participación femenina en la vida pública, algo que nadie que diga creer en la igualdad debería permitir

SEPTIMA TROMPETA
La secretaria del Bienestar Mayra Paloma sabe y entiende perfectamente que en la administración pública hay reglas escritas y reglas no escritas. Las primeras están en la ley; las segundas, en el sentido común. Ambas coinciden en algo básico: el cargo no es un trampolín personal ni una caja chica para proyectos políticos

Las actividades atribuidas a la secretaria López Hidalgo, describen una peligrosa confusión entre función institucional y promoción personal. Entregar apoyos fuera de atribuciones claras, en horarios laborales y sin reglas de operación transparentes, no es gestión social: es terreno resbaladizo en materia administrativa y electoral

SEPTIMA COPA
Cuando los vehículos oficiales, el combustible, el personal y los programas comienzan a percibirse como herramientas de posicionamiento, la frontera entre gobierno y campaña se diluye. Y cuando esa frontera se borra, lo que sigue no es política, sino posible responsabilidad. El problema no es entregar apoyos. El problema es usarlos como credencial electoral

El problema no es recorrer comunidades. El problema es hacerlo como si el cargo fuera propiedad privada. En el servicio público, la investidura no autoriza ambiciones. Las regula. Y quien confunde el escritorio con plataforma, tarde o temprano descubre que los expedientes pesan más que los discursos. Pareciera que la mecha del “busca pie” ha sido prendida