La denuncia

Armagedón

“Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición”
“1ª de Timoteo 6:9”

Acorralada y sin salida
Alfredo A. Calderón Cámara
alfredocalderon1960@gmail.com
Lo que Usted va a leer, sólo puede suceder en Tabasco. La escena ya no admite maquillaje ni retórica de victimización. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco ajustándose a las obligaciones establecidas en el marco jurídico decidió dejar de tocar la puerta y empezó a derribarla. Este es un gobierno diferente dónde las irregularidades administrativas se sancionan conforme a Derecho

La doble multa impuesta a la magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco, Margarita Concepción Espinosa Armengol, no es un trámite administrativo menor ni un tecnicismo contable. Es la indicación más palpable para quienes se consideraban intocables que ya no es posible seguir viviendo bajo la sub cultura del privilegio. Aunque para los transgresores parezca que es una señal de ruptura

Es el momento histórico en que el poder fiscalizador, cansado del silencio y la evasión, levanta la voz y pone precio a la rebeldía institucional. Dos multas, casi 17 mil pesos cada una, no por un error aritmético ni por una omisión involuntaria, sino por desacato. Por no acudir. Por no entregar la información requerida sobre las observaciones a su cuenta pública

Por jugar al escondite con recursos que no le pertenecen. El mensaje del OSFE es claro y reiterado, de allí que la carga impuesta mediante el procedimiento administrativo de multa HCE-OSFE-PAM-095/2025-TET sonó como la primera campanada del juicio final: mientras no rinda cuentas, la sanción continuará. No es castigo único, es goteo constante. Una gota por cada día de desprecio a la legalidad

Aquí nadie está frente a un diferendo personal ni a una disputa de egos. Se está ante las consecuencias normales por haber fracturado de un principio básico del Estado de derecho: la obligación de rendir cuentas. La magistrada no es una ciudadana común atrapada en la maraña burocrática. Es una juzgadora electoral, una autoridad llamada a exigir legalidad, transparencia y respeto a la norma y cumplir con lo establecido en el marco jurídico

Su negativa a comparecer no es una travesura. Es una contradicción moral. Es predicar con toga ajena y practicar la opacidad con mano propia. La gravedad escala cuando entra en escena el abogado representante y el esposo, ambos funcionarios públicos de la SOTOP, quienes acudieron al OSFE en su nombre en horario laboral. El detalle no es menor. No es chisme. Es materia de responsabilidades administrativas

Porque si la denuncia prospera, no sólo se habla de representación legal, sino de uso indebido del tiempo público, de recursos humanos pagados por el erario para atender asuntos privados, y de una red de protección informal que se activa cuando la rendición de cuentas toca a los de casa. Aquí el problema deja de ser individual y se vuelve sistémico

La pregunta que flota, aunque nadie la pronuncie, es incómoda: ¿cuántas puertas se han tocado para evitar que la magistrada se siente frente al OSFE? ¿Cuántas llamadas, cuántos favores, cuántos silencios cómplices se han activado para prolongar la evasión? Porque nadie se ausenta tantas veces por accidente. La incomparecencia repetida es una estrategia. De allí que la multa aplicada por el OSFE sea una medida seria de considerar, pues no se puede pretender vivir en la impunidad

Y esa estrategia, hay que decirlo sin eufemismos, huele a miedo. Miedo a explicar sin tener argumentos. Miedo a tratar de justificar mediante banalidades lo injustificable. Miedo a que las observaciones se conviertan en responsabilidades y las responsabilidades en consecuencias. El OSFE no multa por deporte. Multa cuando se cierra la puerta del diálogo y se viola la ley de forma reiterada. Cada sanción es una constancia escrita de que la paciencia institucional se agotó

En el fondo, este episodio desnuda una práctica vieja y corrosiva: la idea de que algunos cargos confieren inmunidad moral. Que la investidura sirve como escudo. Que la toga pesa más que la ley. Pero la última gran guerra administrativa no distingue apellidos ni cargos. Cuando llega, llega con sellos, oficios y sanciones acumulables. No grita, documenta. No amenaza, cobra

El Tribunal Electoral de Tabasco, institución ya golpeada por crisis internas y señalamientos públicos, queda otra vez en el ojo del huracán. No por una resolución polémica ni por un criterio jurídico discutible, sino por algo más básico y devastador: la negativa de una de sus magistradas a rendir cuentas. La credibilidad no se pierde de golpe; se erosiona multa tras multa, ausencia tras ausencia, excusa tras excusa

Dimensionemos: esto no es persecución. tampoco es violencia política. No es un complot. Es fiscalización. Es el obligado llamado a la legalidad y la transparencia, es simple y llanamente el imperio de la ley caminando con expediente en mano. Y si la magistrada insiste en resistirse, el desenlace no será épico ni heroico. Será administrativo, frío y acumulativo. Porque al final, incluso en los tribunales, la verdad no siempre llega con martillo. A veces llega con recibo. Hoy la magistrada Espinosa Armengol parece estar acorralada y sin salida

SEPTIMO SELLO
Como si este guiso institucional no estuviera ya suficientemente cargado de pólvora, ayer a las 14:14 horas se añadió un ingrediente que huele a crisis mayor. Una denuncia anónima fue presentada por escrito en la oficialía de partes de la Contraloría de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), con un dato que no es menor: el representante legal es el licenciado Daniel Ramos Cuba

Los señalados: Joaquín Guillermo Gutiérrez Pintado, titular de la Unidad de Apoyo, e Iván Oceguera Alcocer, Jefe del Departamento del Área de Contratos y Convenios, ambos funcionarios en activo de esa dependencia. La acusación es quirúrgica y demoledora. El 13 de enero, en pleno horario laboral, sin causa justificada, acudieron al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) con una carta poder firmada por la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, para representarla dentro de los procedimientos administrativos de multa HCE-OSFE-PAM-095/2025 y HCE-OSFE-PAM-096/2025

SEPTIMA TROMPETA
No fueron como ciudadanos en día libre. Fueron como funcionarios públicos, cobrando salario del erario, pero defendiendo un asunto estrictamente personal de una magistrada bajo investigación. Aquí el problema deja de ser anecdótico y se convierte en síntoma de un sistema enfermo. Porque lo que se denuncia no es sólo una falta administrativa. Es una ruptura ética. Es el uso del tiempo público, de la investidura pública y de la estructura del Estado para blindar a una funcionaria que se niega a rendir cuentas

Honradez, lealtad institucional, legalidad. Tres palabras que hoy quedan como piezas decorativas en un edificio que se cae a pedazos. La denuncia es clara al señalar falta de honradez. Y no lo dice por capricho. Lo dice porque fungieron como representantes particulares mientras portaban el traje de servidores públicos. Porque hicieron actividades privadas en horario laboral. Porque nadie les autorizó convertir la SOTOP en despacho jurídico de rescate político

SEPTIMA COPA
Y porque ese gesto, aparentemente pequeño, confirma algo más grande y peligroso: el miedo de la magistrada a comparecer ha contagiado a toda una red de protección. No es casualidad. Cuando una funcionaria con poder entra en pánico, no camina sola. Arrastra consigo a subordinados, aliados y operadores. Y todos empiezan a cometer errores. Errores torpes. Errores visibles. Errores documentables. La incomparecencia se vuelve desacato. El desacato se vuelve multa. La multa se vuelve denuncia. Y la denuncia se vuelve crisis institucional

Lo que está en juego no es sólo el expediente de Margarita Espinosa Armengol. Está en juego la credibilidad de estas oficinas de la SOTOP. En la acera de enfrente: la seriedad del OSFE y la idea misma de que en Tabasco la ley se cumple incluso cuando incomoda a los poderosos. Porque si estos funcionarios resultan responsables, el mensaje será devastador: el aparato del Estado fue usado para proteger a una magistrada que no quiere explicar sus cuentas

Hay problemas agravados en puerta, y no son menores. Vienen responsabilidades administrativas, posibles sanciones, y un efecto dominó que puede alcanzar a más actores. Cada intento de tapar el sol con un dedo está produciendo justo lo contrario: más luz, más ruido y más expedientes abiertos. El miedo a comparecer está construyendo su propio juicio y celda. Y en política, cuando el miedo dirige las decisiones, el final nunca es digno, sólo inevitable.