La denuncia

MANIFIESTO

**Deben diputados federales clarificar Ley de Amparo**

JOSE CHABLE RUIZ

*Debido al movimiento separatista de Yucatán del Estado Mexicano por pago de derechos aduaneros y por la forma de un gobierno centralista, hace 184 años, *Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá* propuso crear la institución jurídica del amparo en la Constitución Política de Yucatán en 1841 para defender los derechos de los ciudadanos frente a los actos de autoridad; y el jurista *Mariano Otero y Mestas* propuso en 1847 la incorporación de la ley de amparo al sistema jurídico mexicano a través del Acta de Reformas de 1847.Desde aquella época, *el Juicio de Amparo es un referente internacional* al considerarse una aportación original del constitucionalismo mexicano al derecho mundial, porque el amparo protege tanto derechos humanos como derechos fundamentales frente a leyes, actos de autoridad y omisiones.La noche del miércoles, el Senado de la República, aprobó con 76 votos a favor y 39 en contra, la propuesta de reforma a la Ley de Amparo presentada por la presidenta *Claudia Sheinbaum Pardo* el pasado 15 de septiembre, la cual ha generado un intenso debate jurídico. El punto central de la controversia es que introduce cambios que restringen el acceso a este recurso, en particular al limitar el concepto de “interés legítimo” y reducir los supuestos en que se pueden otorgar suspensiones contra actos de autoridad.*La crítica también es porque la reforma se hará retroactiva,* pues la Constitución prohíbe la retroactividad en perjuicio de derechos adquiridos. En este contexto, especialistas advierten que la reforma podría acotar la función del amparo como instrumento de protección frente a abusos de poder, mientras que el gobierno argumenta que busca dar mayor certeza y orden al sistema judicial. La decisión final recaerá en la Suprema Corte, que deberá resolver si los cambios son compatibles con los principios constitucionales y los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos.*En suma, la reforma a la Ley de Amparo pone en el centro una disyuntiva* clave: fortalecer la eficiencia del sistema judicial o preservar, sin restricciones, la mayor garantía de defensa de los ciudadanos. Lo que está en juego no es un tecnicismo procesal, sino la confianza en que el Estado de derecho mantenga intacta su promesa de protección frente a cualquier exceso del poder. Habrá que esperar si la Cámara de Diputados Federal *conserva la no retroactividad de las leyes en México* como lo establece la Constitución Política de México, porque la Cámara de Senadores propone que sea retroactiva en la Ley de Amparo.