Cancún.- La familia de Luis Fernando Peón Cardín, desaparecido en julio de 2018, ha luchado por años para que la Fiscalía General del Estado investigue adecuadamente su caso, y cuando al fin logran que avance la carpeta y un juez gira una orden de aprehensión contra uno de los presuntos involucrados, éste recibe el aviso previo y logra ampararse, pero ahora él asegura que es “perseguido político”.
Luz María del Carmen Peón Cardín, madre de Luis Fernando Peón Cardín, rechazó categóricamente que Isidro Santamaría Casanova, secretario general de la CTM en Quintana Roo, sea un “perseguido político”, pues los años de inacción por parte de la autoridad apuntan a que, al contrario, él ha gozado de protección e incluso todavía tiene influencias dentro de la Fiscalía.
En rueda de prensa, en compañía de María Patrón Pat, presidenta de las “Madres Buscadoras de Quintana Roo”, y de la abogada Lizbeth Song Anguas, la madre del desaparecido comentó que después de este hecho, ocurrido hace siete años, la Fiscalía General del Estado fue omisa al investigar, pues no solicitaron la lista de llamadas, no efectuó una correcta cadena de custodia de las evidencias recabadas, perdieron las pruebas hepáticas llevadas a periciales, no revisaron cámaras de vigilancia, pese a que la desaparición forzada ocurrió entre Bonfil y Moon Palace.
Carmen Peón Cardín señaló que no le explicaron sus derechos ni la mandaron con un abogado. Fue desde que se unión a la asociación civil “Madres Abogadas”, en 2023, que empezó a esclarecer las evidencias, pudiendo ella aportar estos elementos a la autoridad.
Más recientemente, fue con el cambio de fiscal general (Raciel López en lugar de Óscar Montes de Oca), que finalmente logró que se avanzara en la investigación y que se diera el debido seguimiento a la carpeta.
Un juez de control, con base en los elementos presentados, giró una orden de aprehensión en contra de Isidro Santamaría, líder cetemista en Quintana Roo, quien de alguna manera supo de esta acción, supuestamente realizada en sigilo, y obtuvo un amparo en contra de la misma.
“¿Cómo supo antes que nosotras las víctimas la orden y logró estar en unas horas ya amparado?”, cuestionó esta mujer. “¿Dónde queda la justicia, a quién le pagó?”
El que ahora él asegure ser un “perseguido político”, pese a que recibe información privilegiada, es una aseveración totalmente ficticia para la familia de la víctima, que ha luchado por años contra su evidente tráfico de influencias.
Lizbeth Son Anguas, abogada de la familia, afirmó que no todos quienes enfrentan un proceso penal son presos políticos, además de afirmar que la Fiscalía ha actuado conforme a derecho en el caso.
La conocida activista exhortó a los involucrados en este caso a que se acerquen a la autoridad y que aclaren su participación, para que se logre justicia. El dirigente sindical tiene derecho a una defensa, además del recurso de amparo que ya tramitó, sin necesidad de entorpecer esta investigación con “cortinas de humo”.
“Si no tienen nada que temer, que se acerquen a la autoridad, que contraten a un abogado”, señaló.
También hizo responsable a las personas mencionadas en la carpeta de lo que pudiera ocurrirles.
Por su parte, Emiliano Ramos Hernández, ex diputado local, señaló que luego que él convocara a esta conferencia, ayer, su hermano recibió un mensaje con amenazas.
El activista afirmó que Carmen Peón Cardín es parte de una de las familias fundadoras de Cancún, trabajadora, que no se mete en conflictos, y que han luchado para que la autoridad investigue un caso en el que se ha protegido a una persona “que no se dedica a negocios lícitos y que ha estado en otros procesos penales”.
//Agencia
La denuncia 
Deja un comentario