Con esto se aprobaron diversas leyes para solucionar los conflictos que presenta el estado.
El Congreso del Estado aprobó en sesión extraordinaria, presidida por el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, una reforma al artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Esta reforma otorga al Poder Ejecutivo la facultad de realizar consultas públicas con el objetivo de recabar la opinión de la ciudadanía. De esta manera, se busca promover una gestión democrática, transparente y eficiente, que favorezca la identificación de necesidades reales y la generación de soluciones innovadoras. También se pretende construir consensos que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de la comunidad.
Abundio Peregrino García, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso y miembro del Partido del Trabajo, destacó que esta decisión fortalecerá el control de los recursos públicos y la rendición de cuentas. Además, aseguró que mejorará la gobernabilidad, promoverá la estabilidad y garantizará la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Asimismo, se reformaron varias leyes, como la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Ley de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados. Estas reformas buscan consolidar la estrategia de investigación de delitos y combatir la criminalidad en el estado.
El objetivo principal es erradicar la delincuencia y reducir los índices delictivos, contribuyendo así a la construcción de un estado más seguro. En este contexto, el diputado Juan Manuel Utrilla, del Partido Verde Ecologista de México, destacó que esta estrategia tiene como fin la pacificación del estado, enfrentando la delincuencia con valentía y dotando a las fuerzas policiales de mayor capacidad para hacer frente al crimen organizado.
En este sentido, se modificó la denominación de la actual Dirección General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, que ahora se llamará “Agencia de Investigación en Inteligencia Ministerial“. Esta nueva agencia se encargará de las labores de investigación e inteligencia ministerial, y se conocerá simplemente como “Agencia de Investigación”. La reforma fue aprobada por 36 votos a favor de un total de 40 diputados.
Además, se creó el Fideicomiso para la Recuperación de los Recursos Financieros del Pueblo, cuyo objetivo es recuperar los fondos desviados por actos de corrupción en la función pública a nivel estatal y municipal. Estos recursos, obtenidos a través de mecanismos jurídicos que fomenten la rendición de cuentas y combatan la impunidad, se destinarán a equipar y fortalecer la Fiscalía General del Estado. Esto incluirá la adquisición de bienes, servicios, personal especializado, recursos materiales, capacitación, adiestramiento, estímulos, equipamiento táctico y tecnologías para los agentes de investigación e inteligencia ministerial.
Finalmente, también se realizaron reformas en otras áreas, como la creación de la Comisión de Caninos e Infraestructura Hidráulica, modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública en relación con la obra pública, y cambios en la Ley de Fracturamiento y Conjuntos Habitacionales para el Estado y los Municipios. Además, se modificaron la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas y el artículo 7 de la Constitución Política del Estado en lo relacionado con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
//Tomado de: http://Heraldo de Chiapas
La denuncia 
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