• Más de 34 mdp desaparecieron los ediles de Ocozocoautla y San Fernando, solo en la Cuenta Pública 2022.

En la Cuenta Pública 2022, la Auditoría Superior del Estado emitió decenas de observaciones a los ayuntamientos de Ocozocoautla y San Fernando, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, por manejar inadecuadamente los recursos públicos de ese año fiscal, determinando sanciones administrativas y penales, ya que estos no resarcieron los daños generados al erario municipal.

El daño a la hacienda pública municipal implica una falta grave en la administración de los recursos, afectando tanto el bienestar de los ciudadanos como la confianza en las instituciones locales.

Caso Ocozocoautla

Por otra parte, el ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, bajo la administración de Javier Alejandro Maza Cruz (Morena), fue señalado por la Auditoría Superior del Estado de haber ocasionado daños a la hacienda pública municipal por un monto de 26 millones 389 mil 673.63 pesos, según el Informe Individual de Auditoría ASE/OAC/071/2023, correspondiente a la Cuenta Pública 2022.

El informe de la ASE identificó 22 observaciones preliminares, de las cuales 20 resultaron en pliegos de observaciones, 21 en promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y una en promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

Entre las principales irregularidades destacan gastos sin documentación comprobatoria, en el que varias partidas revisadas carecían de los documentos justificativos necesarios para demostrar la correcta aplicación de los recursos, tales como los insumos médicos utilizados en una jornada médica, erogaciones por servicios de asesoría, difusión institucional y adquisición de insumos para eventos públicos.

Además, menciona que la administración de Maza Cruz ejerció pagos excesivos o indebidos, por bienes y servicios a precios más altos que los tabulados, así como pagos por trabajos no realizados en obras públicas, en la que no presentó aclaraciones ni documentación que justificara el uso de recursos públicos, lo que agravó las observaciones iniciales de la auditoría.

Caso San Fernando

Asimismo, el ayuntamiento de San Fernando, que encabeza —el alcalde reelecto (2018-2024)— Juan Antonio Castillejos Castellanos (PVEM), presentó inconsistencias en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

De acuerdo a los resultados preliminares de la Cuenta Pública 2022 realizada al ayuntamiento de San Fernando, la ASE emitió 16 observaciones, de las cuales mediante oficio el municipio presentó justificaciones y aclaraciones, así como documentación soporte, atendiendo ocho observaciones totales y siete de manera parcial, por un importe de 7 millones 106 mil 276.33, aunque concluyó que, en esta persistieron ocho observaciones integradas por ocho pliegos de observaciones que no fueron atendidas, por un importe de 826 mil 747.26 pesos.

El Informe Individual de Auditoría ASE/OAC/121/2023-R, se expone que durante el 2022 el municipio que preside Castillejos Castellanos, realizó pagos más elevados que los contratados o del tabulador; esto además de encontrarse diferencias entre los volúmenes pagados y los verificados físicamente en obras públicas; así como integrar precios unitarios pagados que no cuentan con soporte técnico.

La Auditoría del Estado destaca en una primera observación que, por la compra de combustibles correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2022, identificó que el ayuntamiento de San Fernando adquirió 96 mil 400 pesos de gasolina que fue suministrado a un vehículo que no pertenece al parque vehicular de la entidad fiscalizada, es decir, de una unidad fuera de contrato de comodato o de arrendamiento, tal como se indica en la relación del parque vehicular presentada.

En una segunda observación, la ASE precisa que en materia de obras públicas observó defectos en los materiales adquiridos, así como en los procesos constructivos que no protegieron la vida útil de la obra, esto por un monto de 119 mil 726.52 pesos.

Dentro de una tercera observación, la dependencia fiscalizadora indica que encontró un probable daño a la Hacienda Pública por un monto de 270 mil 762.67 pesos, al verificar que el ayuntamiento de San Fernando no presentó documentos justificativos que acrediten la veracidad de los gastos

//Tomado de: http://Diario de Chiapas

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