La demanda judicial está relacionada con el caso de las luminarias que fueron retiradas de las calles de Mérida
Como parte de las acciones de seguimiento del colectivo ¡Ya Basta!, Nicolás Andrés Dájer interpuso esta mañana en la Fiscalía General del Estado una denuncia de presunto ejercicio ilícito de servicio público que involucra al alcalde Renán Barrera Concha y otros funcionarios que formaron parte de la administración municipal 2012-2015.
La demanda judicial está relacionada con el caso de las luminarias que fueron retiradas de las calles de Mérida después de que el Cabildo de ese período aprobó, por mayoría, la terminación anticipada del contrato de arrendamiento que suscribió el Ayuntamiento anterior, que presidió la priista Angélica Araujo Lara.
“Esta denuncia es por el ejercicio ilícito del servicio público, cuyo resultado visible es una afectación de carácter económico a las finanzas municipales, lo cual representa un daño patrimonial”, manifestó el integrante del grupo promotor de ¡Ya Basta! al salir de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Combate a la Corrupción.
Ese daño patrimonial, apuntó, asciende a cerca de seiscientos millones de pesos.
Cinco funcionarios del Ayuntamiento de Mérida involucrados
Otros funcionarios acusados son Alejandro Iván Ruz Castro, Jorge Martín Gamboa Wong, Roger José Echeverría Calero y Claudia del Rosario Canto Mézquita, quienes en el trienio 2012-2015 fueron secretario del Ayuntamiento –se mantiene en el mismo cargo en la administración 2021-2024– y directores de Administración, de Servicios Públicos Municipales, y de Finanzas y Tesorería, respectivamente.
Se les involucra porque, dice el memorial presentado a la FGE, emitieron junto con el alcalde la resolución en que se determinó terminar anticipadamente el contrato de arrendamiento con ABC Leasing y el cese de la obligación del Ayuntamiento de pagar lo contratado.
Una diligencia en lo particular por el caso de las lámparas
Nicolás Andrés, presidente de la asociación civil SOS Colonia México, interpuso la denuncia en lo particular, pero precisó que es parte de las acciones de seguimiento de ¡Ya Basta!, entre las cuales se encuentra la evolución del caso del alumbrado público. En su anterior sesión de seguimiento, el grupo promotor anunció que daría ese paso ante la Fiscalía.
El denunciante relata los hechos que sustentan sus señalamientos y cita las disposiciones legales aplicables en este caso. Afirma que no se siguieron los procedimientos legales en las medidas unilaterales que acordó el Ayuntamiento y solicita que el fiscal investigador intervenga de manera oficiosa, objetiva, imparcial y eficaz para el conocimiento, esclarecimiento y, en su caso, el ejercicio de la acción penal por los hechos denunciados.
También detalla los antecedentes del caso, desde la aprobación del contrato de arrendamiento de las luminarias bajo la gestión de Angélica Araujo, y menciona los pasos que siguió la administración 2012-2015 para cancelar ese convenio y aprobar la colocación de nuevo alumbrado.
Resolución de autoridades federales
Incluye una resolución del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Estado (hoy Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa) adversa al Ayuntamiento, en marzo de 2014, hasta llegar a fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, más recientemente, del Juzgado Sexto de Distrito en materia Civil de Ciudad de México.
Este último, se apunta, emitió un acuerdo del que se desprenden dos puntos básicos: a) El compromiso de pago y/o deuda que tiene el Ayuntamiento de Mérida asciende a 588 millones 761 mil 081 pesos, y b) un ultimátum que se hace al municipio para que haga el pago en una sola exhibición, no en parcialidades.
Nicolás Andrés recalca que hay un daño patrimonial muy grande por la actuación ilegal de las autoridades ya citadas. Presenta como pruebas los contratos y fallos ya citados, así como otros documentos.
Entre otras cosas, pide la declaración de todos los acusados “en su carácter de indiciados”.
La denuncia 
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