La denuncia

Democracia virtual//
Policías corruptos//
Eugenio Hernández Sasso//

Por lo menos dos videos han circulado recientemente de policías que sin pudor alguno reciben dinero de civiles para supuestamente exonerarlos de infracciones por alguna falta cometida.

Uno de ellos, al que presuntamente le dieron de baja de la corporación por estas acciones, era toda una ficha, inclusive se oyen comentarios que dentro de la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) era prepotente cuando estaba en algún cargo de dirección.

Digamos que esos chismes no nos interesan, lo que sí importa a los ciudadanos tabasqueños es por qué los agentes de la SSyPC se comportan de esa manera.

No son casos aislados, es una práctica cotidiana que elementos de la Policía Estatal de Caminos o de Seguridad y Protección Ciudadana instalen retenes ilegales en cualquier parte de la geografía tabasqueña y ejecuten actos de molestia que transgreden el Artículo 11 constitucional, el cual otorga libertad de tránsito en todo el territorio nacional a cualquier ciudadano.

El problema no está entre el corrupto o el corruptor, sino en que cuando los policías detienen a un ciudadano para pedirle sus documentos, empiezan a buscar cualquier motivo para intimidarlo de cierta forma, amenazándolo con levantarle una infracción, a fin de que proceda a la entrega de dinero y, ambos, cometan el famoso delito de cohecho.

Este quebrantamiento de la ley está previsto y sancionado en el Artículo 242 del Código Penal para el Estado de Tabasco, así como en la Ley de Responsabilidades Administrativas, el problema es que desafortunadamente la gran mayoría de la población desconoce la normas que señalan sus responsabilidades, pero también le otorgan sus derechos.

Por ejemplo, si uno circula en su vehículo y de repente le aparece uno de estos famosos retenes, lo primero que pregunta usted es ¿cuál es el motivo de la detención? Los agentes le responderán que se trata de la revisión de documentos para evitar que circulen automóviles con reporte de robo.

En ese momento la mayoría saca su tarjeta de circulación y su licencia y se la “entrega” al policía. Ahí ya cometió un grave error porque la Ley de Tránsito establece que usted le muestre sus documentos no que se los proporcione; ahora, si el gendarme se los arrebata de las manos, entonces incurriría en el delito de robo de documentos.

Una vez que el agente tiene los documentos en las manos sabe que no le dejará ir hasta que tenga lo que se propone. El caso es que revisa y nota que todo está en regla, y, entonces, busca cualquier otro motivo para intimidar al conductor del vehículo, de tal manera que caiga en cohecho o se resigne a ser infraccionado.

Es decir, si el motivo por el cual le detuvieron fue para revisar los documentos y usted ya cumplió, lo que procedería en consecuencia es permitirle que siga circulando, sin embargo, empiezan a ver si tiene el parabrisas roto, si la tarjeta de circulación no está actualizada, si su auto es nuevo o viejo, en fin, una serie de argumentos para forzar al ciudadano a cohechar al agente y listo.

El Artículo 16 de la Constitución fundamenta también la molestia, porque establece que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Este mandamiento legal se viola todos los días, en todas partes donde pueda haber un retén de la policía, porque no tienen justificación alguna para ejecutar tal acción, a menos que el conductor del vehículo este sujeto a una carpeta de investigación, o de plano el automóvil en el que circula sea robado.

Se dicen muchas cosas, por ejemplo, que los agentes actúan de esa manera porque sus jefes les exigen una tarifa diaria en efectivo o en infracciones y, éstas, a su vez, les otorgan un beneficio de pago de comisión en sus quincenas.

Si es así, tal vez por eso el gobierno y los mandos policiacos se hacen de la vista gorda cuando se cometen estos excesos.

Ahora, la pregunta del millón es: ¿a dónde van a parar los recursos que recaudan todos los días los agentes? ¿Se usan para mejorar los servicios o van a parar al bolsillo del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? ¿Se quedan en la cartera de los patrulleros que cada día son más voraces, groseros y transgresores de la ley?

El ciudadano debe empezar por no “entregar” sino simplemente mostrar sus documentos y si alguna falta cometió, que el agente proceda a levantar la infracción correspondiente, pero no tiene por qué ser amenazado con la retención de la licencia, la tarjeta de circulación o el vehículo.